“Un grupo de hombres que no rinde cuentas a nadie no merece la confianza de nadie”.
Thomas Paine, Los derechos del hombre
La semana dejó una escena de comedia involuntaria. La Comisión de Quejas del INE ordenó retirar publicaciones del PRI y de Alejandro Moreno que llamaban a Morena “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcoestado”, “narcopolíticos”, “mafiosos”, “cómplices de los cárteles del crimen organizado”, “morenarcos” y “cártel de Morena”. En otro expediente, el Tribunal Electoral permitió que circulara un spot que llamaba a Morena “los más corruptos de México”, “movimiento de delincuentes” y “la mafia del poder”.
El diccionario electoral mexicano ya tiene su propia lógica: delincuente, sí; narca, cuidado. Se puede decir casi todo, siempre que no se use la palabra que más incomoda.
Si a mí me preguntan, impedirnos llamar narco a Morena es tanto como impedirnos llamar verde a lo verde. No porque una palabra sustituya una sentencia judicial, sino porque el debate público no puede quedar reducido al vocabulario que el partido denunciado tolera sobre sí mismo. Si la palabra les parece injusta, que respondan con hechos, transparencia y cuentas claras. Pedir que la borren del debate mientras los escándalos se acumulan día a día, hora a hora, minuto a minuto, es pedirle al país que cierre los ojos y, de paso, que agradezca la oscuridad.
No defiendo a Alejandro Moreno ni necesito que Alito me preste sus adjetivos. Defiendo el derecho a nombrar políticamente lo que veo. Una cosa es determinar culpabilidades penales, tarea de los tribunales; otra, muy distinta, es prohibir que la oposición y los críticos describan el patrón que observan. A Morena le urge confundir ambas cosas: convertir una crítica política en una acusación judicial y luego hacerse la víctima porque alguien se atrevió a pronunciarla.
Y mientras lo anterior se discute y se litiga, suceden dos cosas en paralelo: (1) Gerardo Fernández Noroña anuncia que grabará y exhibirá a quienes lo confronten; (2) en Juchitán, El Universal no encontró desde 2022 contratos ni declaraciones patrimoniales del alcalde en los portales públicos. A unos les sobra cámara; a otros les faltan documentos. Ese es el verdadero “encuadre” que hay que darle a las cosas…
En el aeropuerto le gritaron a Noroña “corrupto”, “narcopolítico” y “fuera Morena”. Respondió que ahora él grabará a quienes lo increpen. ¡Qué piel tan fina para un hombre que lleva años hablándole a una cámara! La lente no le molesta; le molesta no controlar el tono. Cuando el poder se siente descubierto, siempre encuentra a un ciudadano a quien culpar por haber mirado…
El senador ha tenido que responder preguntas sobre la casa de Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos. Él explicó que la compró a crédito y que la pagaría con sus ingresos como legislador y los de su canal de YouTube. La casa y su explicación están en el espacio público; por eso resulta grotesco que ahora presente la cámara ciudadana como una amenaza. Noroña quiere conservar el privilegio de explicar cuando él elige el momento y las condiciones.
Tampoco es nuevo que confunda crítica con ataque. El Tribunal Electoral de Michoacán determinó que incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, y ordenó medidas de reparación. Noroña anunció que impugnaría. Qué cómodo debe ser ejercer la libertad de expresión cuando se tiene el micrófono; qué intolerable, al parecer, cuando alguien más lo usa.
En Juchitán la opacidad no es una disputa de redes. Es la ausencia, durante años, de información pública para seguir el dinero y saber quién firmó qué. No hablo de una errata en un portal: hablo de contratos, sueldos y auditorías que la ciudadanía tiene derecho a consultar. La “caja negra” municipal no apareció el día de la detención del alcalde. Ya llevaba años funcionando.
Miguel Sánchez Altamirano fue detenido por orden de aprehensión. Las autoridades lo señalan por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, y lo vinculan con Los Cromos. La investigación sostiene que habría facilitado protección, alertas sobre operativos y acceso a las cámaras municipales de seguridad. El municipio, según esa investigación, no solo habría mirado hacia otro lado: habría prestado los ojos.
No veo aquí al criminal que se coló por accidente en una institución intacta. Veo la posibilidad de que el aparato municipal haya servido de tablero, antena y escudo a una estructura criminal. Si las cámaras del C2 advertían de operativos, si la información oficial se convertía en ventaja criminal, el Estado seguía ahí: con su uniforme, sus claves y su presupuesto, pero trabajando para otros. Eso no es una anécdota municipal. Es una forma de capturar por dentro las herramientas del gobierno.
Ya escribí sobre el “pegamento de Morena”: la protección que puede unir cacicazgos, operadores políticos y redes criminales. El crimen aporta territorio, coerción y capacidad de movilizar; Morena aporta marca, candidaturas y acceso al poder; desde el gobierno regresan información, protección e impunidad. Una vuelta produce cargos; la siguiente convierte esos cargos en herramientas para ensanchar el control territorial del crimen organizado. Eso es el “vórtice de Badiraguato”.
No necesito imaginar una sala secreta donde todos firman el mismo pacto. El mecanismo puede ser local, desigual y tácito. Basta con que cada quien aporte lo que el otro necesita: unos ponen el territorio; otros, la candidatura, el membrete y la protección. Y cuando el funcionario cae, el partido se declara sorprendido. La sorpresa, en Morena, ya parece parte del protocolo.
Guillermo Trejo y Sandra Ley, en Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, analizan cómo la competencia política y la violencia criminal se condicionan mutuamente. Yo no cito su trabajo para adornar la columna ni para que la academia me dé permiso de opinar. Lo traigo porque desmonta una coartada de la 4T: el crimen organizado no es un meteorito neoliberal que cae sobre la política desde fuera. En ciertos territorios, ambos poderes se disputan, se cruzan y terminan usando las mismas puertas. En otros más, bastantes más, el crimen organizado es EL poder.
Noroña ilustra otra vuelta del mecanismo: ante la pregunta, cambiar el foco hacia quien pregunta. Carol Tavris y Elliot Aronson explican en Se cometieron errores (pero yo no fui) cómo la autojustificación lleva a desacreditar a quien expone una contradicción antes que revisar la propia conducta. La política mexicana perfeccionó el truco: discutir el tono del denunciante, grabarlo, exhibirlo; dejar al denunciado con el micrófono y al gobierno fuera de cuadro. Ahora también quiere discutir el sustantivo. La cámara y el diccionario bajo control: qué proyecto tan democrático.
Llamo a esto narcopolítica. Cuando una autoridad presta información o recursos a una célula criminal, hablar de narcopolíticos y de un narcogobierno no es exagerar por deporte: es nombrar el mecanismo. Si el partido coloca a esos gobernantes y luego los arropa, la acusación de narcopartido —o de cártel de Morena— no desaparece porque una autoridad electoral ordene bajar publicaciones. Y cuando esa relación se reproduce por el territorio, la pregunta por el narcoestado no se tapa con una mañanera.
A los cómplices de los cárteles del crimen organizado se les reconoce por las puertas que abren, los avisos que pasan y las pesquisas que dejan sin respuesta; no por el apellido ni por la camiseta. “Mafiosos”, “morenarcos”: el lenguaje se endurece cuando el poder exige respeto y entrega opacidad. Lo que tendría que avergonzar a Morena no es que la gente use esas palabras, sino tener que explicar una y otra vez por qué tantos de sus funcionarios terminan bajo sospecha o en investigaciones por vínculos criminales.
Yo sí quiero que se les aplique el desprecio social. A ellos: a los políticos que convierten la rendición de cuentas en una molestia y la impunidad en costumbre. No a la gente de Juchitán, que paga el costo del dominio criminal. Que los funcionarios pierdan la deferencia automática; que cada mitin les recuerde lo que no han explicado; que ninguna cámara vuelva a servirles de cortina. El desprecio social no es una sentencia penal: es retirarles el respeto que exigen mientras le niegan al público las respuestas que deben.
Giro de la Perinola
Noroña dice que ahora él hará los videos. En Juchitán, la película llevaba años en cartelera: documentos que nadie encontraba, contratos fuera de foco y un alcalde detenido en una investigación por presuntos vínculos criminales. Y en el INE, una palabra incómoda convertida en expediente. La cámara puede cambiar de manos; el diccionario también lo quieren administrar. La caja negra, en cambio, sigue cerrada.
Lo que grazna, camina y come como pato es pato. Y a Morena, aunque la vistan de seda, narca se queda.