México.- Organizaciones de pueblos indígenas acusaron que luego de 5 meses de transición y en los casi 5 meses de funciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste ha cambiado de discurso respecto a lo dicho en su campaña pues “ha anunciado una serie de megaproyectos en territorios indígenas que profundizan el neoliberalismo en el país”.

En conferencia de prensa, representantes de los pueblos dijeron que los megaproyectos como Proyecto Integral Morelos (PIM), el Tren Maya, las inversiones en el Istmo de Tehuantepec, monocultivos de empresas transnacionales y la consolidación de las Zonas Económicas Especiales, violan los derechos de sus comunidades.

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Señalaron que la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en diciembre de 2018, describe el derecho a una consulta previa, libre e informada cuando se vayan a tomar medidas susceptibles de afectar los derechos de los pueblos, pero que en la realidad “no sirve ni se aplica porque el gobierno federal de manera dolosa pretende avasallarnos con sus consultas ciudadanas no constitucionales”, destacó Carlos. 

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Denuncian criminalización de defensores del territorio

Aseguraron que la criminalización y hostigamiento a los defensores de los territorios ha aumentado, tal es el caso de los secuestros “políticos” de Obtilia Eugenio y Gonzalo Molina, ambos defensores de Guerrero; y los asesinatos de Eulodia Lilia Díaz Ortiz del Consejo Indígena del Trueque y de Samir Flores.

Respecto al PIM, al conflicto con la termoeléctrica en Huexca y al asesinato del defensor Samir, Guillermo Hernández Chapa de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, aseguró que los pueblos cercanos dijeron “no” al proyecto y “estamos en contra de su imposición luego de la consulta amañada y llena de sangre de febrero que impulsó el presidente”.

Recordó que la investigación de asesinato de Samir “no ha habido ninguna avance, la fiscalía ha perdido las pruebas y por eso estamos exigiendo que Fiscalía General de la República atraiga el caso y que se cancele completamente el Proyecto”.

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Ante el panorama descrito, las organizaciones de pueblos indígenas exigieron que se frene el actual modelo de “despojo en contra de las comunidades y pueblos indígenas”, que las políticas de desarrollo se consulten por pueblos originarios, y que el Congreso apruebe una Ley General de Consulta Indígena.

También solicitaron el cese la criminalización en contra de líderes y defensores de los territorios de los pueblos indígenas, y justicia para sus compañeros asesinados.