Norma Irene de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que adelantar la revocación de mandato costará mucho más y no asegura atraer más votantes como parece.

Pese a que el adelanto de la revocación de mandato se ha justificado por el ahorro de recursos públicos, la consejera del INE reiteró que esta decisión traerá más gastos de los esperados.

Consejera del INE afirma que adelantar revocación costará más de lo que se prevé ahorrar

En entrevista con López-Dóriga, Norma Irene de la Cruz advirtió que realizar la revocación de mandato el mismo día que las elecciones de 2027 dispararía los costos operativos.

Revocación de mandato

Según la consejera del INE, organizar varios procesos simultáneos —elecciones constitucionales, elección judicial y revocación de mandato— generaría grandes retos como:

  • Casillas adicionales: Debido a que las leyes prohíben la participación de partidos políticos en la revocación, se tendrían que instalar tres tipos de casillas distintas en un mismo lugar: una para cargos populares, otra para jueces y una tercera para la revocación
  • Recursos multiplicados: Esto obligaría a duplicar o triplicar el número de funcionarios de casilla capacitados, materiales electorales, bodegas de resguardo y vehículos para la recolección de paquetes
  • Saturación de insumos: Es probable que proveedores no tenga la capacidad de suministrar los millones de boletas para tres procesos, además de que los costos de contratación se elevarían

Adelantar revocación de mandato no garantiza más votantes, advierte consejera del INE

Durante la entrevista, Norma Irene de la Cruz señaló que la cercanía física de las casillas no asegura una mayor participación ciudadana en la consulta de la revocación de mandato.

La consejera del INE citó las elecciones pasadas en Durango y Veracruz, donde las personas no cruzaron el patio de la escuela para participar en la elección de jueces, a pesar de estar en el mismo domicilio.

Norma Irene de la Cruz reiteró que la revocación no es automática, pues se requiere de una demanda ciudadana y una recolección formal de firmas, procedimientos que no se resuelven solo con cambiar la fecha.