El Gobierno de México presentó una iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, como parte de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
La propuesta, anunciada el 15 de julio de 2026 en la mañanera de Claudia Sheinbaum, contempla la creación de un Registro Nacional y medidas de atención integral que garanticen derechos como acceso a la justicia, atención médica, apoyo psicológico y asistencia jurídica gratuita.
¿Cómo reparará la nueva ley los derechos de niñas y niños huérfanos por feminicidio?
Con el objetivo de brindar protección a niñas, niños y adolescentes que queden en situación de orfandad por feminicido, se presentó la propuesta para reparar sus derechos con la Ley contra el feminicidio, la cual también homologará la forma de investigar y castigar en los estados.
En ese sentido, este Registro Nacional dará seguimiento institucional y acompañamiento efectivo por parte del Estado; además, se actualizará el protocolo de atención especializado para ofrecer mayor certeza jurídica a las víctimas indirectas por feminicidio.
Durante la mañanera, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez Saracíbar, explicó que el registro permitirá identificar cuántos menores se encuentran en esta condición y dónde viven.
La iniciativa establece una serie de medidas enfocadas en la protección integral de las infancias y adolescencias afectadas por el feminicidio como:
- Creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
- Protección reforzada para menores que perdieron a su madre a causa de un feminicidio.
- Derecho al acceso a la verdad y a la justicia.
- Atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas.
- Asistencia jurídica especializada y gratuita durante todo el proceso.
- Atención integral para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
- Restitución o entrega digna, respetuosa y asistida del cuerpo de la víctima a sus familiares.
- Servicios de traducción e interpretación cuando sean necesarios.
- Actualización de protocolos especializados para brindar certeza jurídica y una atención homogénea en todo el país.
- Impulso de políticas públicas, campañas de prevención y registros nacionales que permitan dar seguimiento a los casos y mejorar la respuesta institucional.
