Santiago Peña podría ir a prisión preventiva tras ser imputado por el caso Ueno Bank, luego de que la Fiscalía de Paraguay lo acusara formalmente de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.
El juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva.
Juez Humberto Otazu
La imposición de la medida cautelar fue comunicada por el juez Humberto Otazu, quien informó que Santiago Peña cumplirá su reclusión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), en Asunción.
Desde el viernes 6 de noviembre, el expresidente de Paraguay permanece recluido en ese centro tras haber sido hallado culpable en un juicio político por “mal desempeño de funciones” por el caso Ueno Bank.





Santiago Peña permanecerá recluso en el Regimiento Escolta Presidencial en Asunción
Este sábado 7 de noviembre, Humberto Utazo, juez de Paraguay, ordenó que el expresidente Santiago Peña permanezca bajo prisión preventiva por el cierre de Ueno Bank.
La fiscal Nancy Salomón dio a conocer que son tres los hechos punibles que se investigan contra Santiago Peña:
- Lesión de confianza
- Administración en provecho propio
- Producción de documentos públicos de contenido falso
Con el ordenamiento de la medida cautelar, el exmandatario deberá cumplir la medida en dependencias de la Escolta Presidencial, según lo dispuesto por el juzgado.
El escandalo de su gobierno estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

Santiago Peña compareció ante la Fiscalía tras su destitución
El expresidente Santiago Peña declaró este sábado 7 de noviembre ante la Fiscalía General de Paraguay, horas después de ser detenido en medio de protestas fuera de su domicilio por el colapso de Ueno Bank.
Su comparecencia tuvo lugar un día después de que el Senado lo destituyera mediante un juicio político por “mal desempeño de funciones”, situación que lo dejó sin fuero constitucional.
De acuerdo con las investigaciones, el banco, ahora “insolvente”, presuntamente desvió y prestó el dinero público a empresas vinculadas a dueños y empresarios de Santiago Peña bajo condiciones irregulares.
