El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados mexicanos en su territorio, medida que podría derivar en cierres bajo la política de “América Primero” impulsada por la administración Donald Trump.
La auditoría de Marco Rubio ocurre en medio de tensiones bilaterales tras la muerte de agentes de la CIA y autoridades mexicanas en un operativo antidrogas, así como por las acusaciones contra funcionarios de México, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Contexto de la revisión de consulados de México en Estados Unidos
Según funcionarios del Departamento de Estado, esta auditoría es parte de un esfuerzo más amplio para alinear la política exterior con las prioridades de la administración Trump.
Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, señaló que el departamento evalúa constantemente las relaciones exteriores para asegurar que avancen los intereses estadounidenses bajo la agenda de “América Primero”.
México mantiene actualmente la red consular extranjera más grande en Estados Unidos, con oficinas concentradas principalmente en estados fronterizos y ciudades con grandes poblaciones de origen mexicano, como California, Texas y Arizona.
En años recientes, el cierre de consulados por parte de Estados Unidos se ha reservado para países rivales, como ocurrió con China en 2020 y Rusia en 2017.
Incidentes que detonaron la tensión entre México y Estados Unidos
La fricción entre ambas naciones se intensificó el mes pasado tras la muerte de dos oficiales de la CIA y dos investigadores mexicanos en una zona montañosa de Chihuahua.
El incidente ocurrió durante una operación contra laboratorios de droga y desató una controversia política cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó si los agentes estadounidenses tenían autorización federal para operar en territorio mexicano.
La disputa se ha extendido al ámbito judicial con el anuncio de cargos por narcotráfico y tráfico de armas contra altos funcionarios mexicanos.
Entre las acciones más destacadas se encuentra la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Este clima de confrontación se da en el marco de una ofensiva antinarcóticos expandida por la CIA, que incluye el uso de drones de vigilancia sobre México, lo que ha generado un intenso debate sobre la soberanía mexicana y la cooperación en seguridad.