La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Erika María Rodríguez Rodríguez, advirtió sobre los efectos que podría tener en la entidad el aplazamiento hasta el 1 de abril de 2030 de la entrada en vigor obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).
El dictamen que propone ampliar el plazo fue aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y está pendiente de discusión y votación por el Pleno legislativo.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, señaló que el cambio representa una extensión de tres años respecto de la fecha prevista originalmente, el 1 de abril de 2027, y consideró que la medida podría tener un impacto negativo en la sociedad oaxaqueña.
Poder Judicial de Oaxaca requiere recursos para implementar la justicia oral
La magistrada explicó que el aplazamiento podría dar más tiempo a los poderes judiciales estatales para preparar la transición del sistema escrito al oral. Sin embargo, subrayó que la implementación requiere inversiones en infraestructura, tecnología y personal jurisdiccional.
La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) ha encabezado trabajos de análisis, propuestas legislativas y gestiones presupuestales para respaldar esta transición.
En el caso de Oaxaca, la magistrada Erika Rodríguez señaló que el dictamen no contempla de manera suficiente la necesidad de asignar recursos a los poderes judiciales. Indicó que la iniciativa del senador Agustín Dorantes Lámbarri proponía reformar el artículo sexto transitorio para permitir que los congresos locales incorporaran recursos presupuestarios destinados a la implementación hasta 2030.
No obstante, sostuvo que la adición aprobada por la Comisión se limitó a establecer que no se afecte la disponibilidad presupuestaria destinada a programas sociales del Gobierno Federal.
Ante este escenario, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia consideró necesarias nuevas gestiones presupuestales para habilitar salas de audiencias orales, mejorar la conectividad y contratar más personal jurisdiccional.
Estamos conscientes que el mayor reclamo social es el rezago judicial por lo anterior trabajaremos de la mano con la Comisión para la Implementación del CNPCyF del Poder Judicial de Oaxaca, a fin de plantear alternativas de solución inmediata que permitan abatir las cargas jurisdiccionales.
Erika María Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
Erika María Rodríguez plantea una implementación gradual y digitalización
La magistrada afirmó que su administración mantendrá el compromiso de transformar la justicia cotidiana, pese al aplazamiento del Código Nacional. Para ello, trabaja en una propuesta de implementación gradual desarrollada al interior de la comisión correspondiente, presidida por el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza.
También destacó la necesidad de concluir la plataforma de digitalización de documentos y coordinarse con el Poder Judicial Federal para acceder a herramientas de justicia digital que permitan avanzar progresivamente.
Es imperativo para esta administración judicial concluir la plataforma de digitalización de documentos y coordinarse a la brevedad con el Poder Judicial Federal para allegarse de las herramientas de justicia digital que servirán de base para la gradualidad.
Erika María Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
Otro de los retos señalados por la magistrada es la próxima elección judicial. Advirtió sobre la necesidad de evitar que la totalidad de las personas juzgadoras de primera y segunda instancia sean removidas, situación que, dijo, podría generar incertidumbre en la operación de los procesos civiles y familiares.
Desde la Presidencia se reconoce la labor y experiencia de la carrera judicial, siendo los operadores actuales los que deben, en su mayoría, navegar esta transición de lo escrito a la oralidad.
Erika María Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca