La red de huachicol detectada en 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, podría estar vinculada con el caso de Ernesto Ruffo, exgobernador y empresario recientemente imputado, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La investigación apunta a que Ernesto Ruffo era socio y directivo de una empresa fundada en 2018 que transportaba huachicol por tren, causando un daño a la Hacienda de más de cuatro mil millones de pesos.
“Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”.
FGR
La FGR reiteró que Ernesto “N” no es un preso político y que su permanencia en prisión preventiva oficiosa por el delito de delincuencia organizada cuenta con el respaldo de la Constitución.
Ernesto Ruffo era socio de empresa importadora de huachicol
De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó por 33 ferrotanques, encontrados abandonados por autoridades en Ramos Arizpe, Coahuila, en condiciones riesgosas para la población.
Durante las diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular.
La investigación permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México (CDMX), constituida inicialmente por José “N” y dos personas morales.
Dos meses después, en octubre de 2018, Ernesto Ruffo ingresó como socio. Para 2021 ya era accionista y Secretario del Consejo de Administración, participando en:
- Actos corporativos
- Gestiones fiscales y aduaneras
- Decisiones estratégicas
En los años siguientes, la empresa amplió su propósito para abarcar actividades relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos.
Así operaba la empresa para traficar huachicol por tren
La red de contrabando de hidrocarburos de la que Ernesto Ruffo era socio está acusada por la FGR de haber declarado solo el 10% del volumen real trasladado a través de extensas vías férreas.
Esta situación habría generado un agravio a la Hacienda pública estimado en más de cuatro mil millones de pesos, además de infringir en el delito de huachicol y poner en riesgo a la ciudadanía por el mal manejo del hidrocarburo.