La Fundación Antonio Haghenbeck dio a conocer que presentó una denuncia en contra de funcionarios públicos que estarían involucrados en omisiones graves en el Refugio Franciscano.
La demanda, formalizada el 6 de agosto de 2026, busca que se castigue a quienes resulten responsables por dichas acciones cometidas en agravio del caso Refugio Franciscano.
Fundación Haghenbeck denuncia omisiones graves en el caso Refugio Franciscano; funcionarios habrían actuado con dolo
La Fundación Antonio Haghenbeck formalizó una demanda contra diversos funcionarios por la presunta comisión de actos relacionados al caso Refugio Franciscano como:
- abuso de funciones
- encubrimiento
- posibles afectaciones a la Hacienda Pública
- omisiones graves
La denuncia presentada señala que la inacción legal permitió que cientos de animales permanecieran en condiciones de maltrato y crueldad persistente pese a las quejas previas.
La demanda es consecuencia de operativos realizados el 7 de enero de 2026, tras los cuales la Fundación Antonio Haghenbeck detectó irregularidades graves en el actuar de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
Por ello, la demanda está dirigida a la titular de la PAOT, Mónica Vietnika Alegre González, y al subprocurador de Protección y Bienestar Animal, Francisco Javier García Ramírez, por presuntamente haber paralizado expedientes administrativos de forma dolosa.
Según la denuncia, esta inacción institucional dejó indefensos a los animales que sufrían de alimentación deficiente y falta de cuidados médicos básicos en el recinto intervenido.
Fundación Haghenbeck denuncia a la PAOT por omisiones deliveradas en el Refugio Franciscano
La demanda presentada ante la Fiscalía General de Justicia y la Auditoría Superior capitalina también incluye una presunta negligencia de las autoridades ante contaminación detectada en la Barranca Echánove, un Área Natural Protegida.
Lla Fundación Antonio Haghenbeck sostiene que la PAOT ignoró que el albergue operaba sin los permisos de uso de suelo necesarios, omitiendo sus facultades de inspección y vigilancia con el fin de favorecer el encubrimiento de los hechos.
Asimismo, la organización ha señalado al Comité de Transparencia del organismo por emitir acuerdos que reservan la información del caso sin motivación legal, impidiendo el escrutinio público sobre el proceso.
Ante este panorama, se ha solicitado al Ministerio Público la integración inmediata de una carpeta de investigación que permita judicializar el caso ante un juez y deslindar las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.
