Dos exempleadas del cantante Julio Iglesias han interpuesto una nueva demanda judicial en España, acusándolo de agresión sexual y explotación laboral.
Las demandantes, una fisioterapeuta y una empleada doméstica, sostienen que los abusos ocurrieron en 2021 dentro de las residencias del artista en las Bahamas y República Dominicana.
Esta acción legal surge tras el cierre de una denuncia previa que la fiscalía española desestimó por falta de competencia territorial.
Dos exempleadas de Julio Iglesias interponen nueva denuncia por agresión sexual contra el cantante
Dos exempleadas de Julio Iglesias, identificadas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura, presentaron el pasado 3 de septiembre una nueva demanda ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional de España.
Denuncian haber sufrido agresiones sexuales, acoso continuado y explotación laboral durante el año 2021, mientras trabajaban en las residencias que el cantante posee en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).
Describen un ambiente de constante control e intimidación en el que presuntamente fueron sometidas a tocamientos, insultos, bofetadas, humillaciones y penetraciones.
Asimismo, una de las empleadas afirmó que estaban obligadas a realizarse exámenes ginecológicos, pruebas de embarazo y análisis para detectar el VIH.
La acción judicial es impulsada por la organización Women’s Link Worldwide y sostiene que las conductas descritas por las víctimas podrían constituir múltiples delitos graves:
- Trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre.
- Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
- Lesiones y trato degradante.
- Delitos contra los derechos de las trabajadoras debido a la imposición de condiciones laborales abusivas
La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia está encargada de revisar la documentación presentada para decidir si admite la querella e inicia una investigación en territorio español.
De no admitirse, la vía penal en España quedaría cerrada y las denunciantes tendrían que acudir a los tribunales de Bahamas o República Dominicana.
Esto pasó con la denuncia previa presentada por las dos exempleadas de Julio Iglesias
En enero de 2026, las mujeres presentaron una primera denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El 23 de enero de 2026, el Ministerio Público archivó el caso al considerar que España carecía de competencia territorial debido a que los hechos ocurrieron en el extranjero, las víctimas no son de nacionalidad española y no residen en el país.
Dicho archivo preprocesal no entró a valorar el fondo de las acusaciones. Sin embargo, con esta nueva querella las denunciantes buscan que sea un juez de instrucción (y no solo la Fiscalía) quien evalúe si se debe iniciar una investigación criminal.
La organización defensora argumenta que España sí tiene jurisdicción bajo el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual habilita la investigación de delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles cuando concurren ciertos requisitos legales (como que el acusado sea de nacionalidad española y que el hecho constituya un delito en el país de origen).
Por su parte, Julio Iglesias ha calificado las acusaciones como “absolutamente falsas” y ha negado rotundamente haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a cualquier mujer.
Sus abogados argumentan que el cantante ha sido sometido a un “linchamiento público”.
En junio de 2026, la justicia española ordenó a la Fiscalía entregar a la defensa de Iglesias una copia de la denuncia inicial con los datos personales de las querellantes protegidos.
Paralelamente, el cantante ha iniciado litigios civiles contra diversos medios de comunicación y periodistas por difamación.
También ha demandado a la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, por manifestar públicamente que los testimonios de las trabajadoras evidenciaban “esclavitud” y “abusos”.
