“¿Quieres rapidez o precisión?”
DICHO
“Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados una a arrollar, el otro a no ceder; la senda estrecha, inevitable el choque.”
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
Haciendo a un lado la redundancia de hablar de un “suicidio personal” (pues un suicidio siempre es personal, señor fiscal), hoy vemos con preocupación cómo la narrativa oficial, la de los medios y la de la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Pública generan más dudas que certezas.
Un ejemplo reciente es la muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Martínez, hallado sin vida el 8 de septiembre de 2025 en Tamaulipas. Las autoridades, incluido el fiscal general Alejandro Gertz Manero, han insistido en que se trató de un asunto de índole personal, sin relación comprobada con alguna red delictiva. Sin embargo, medios de comunicación —citando a un testigo protegido— han manejado que Pérez Martínez habría recibido un soborno de 100 mil pesos para permitir la descarga de huachicol y, tras desatarse el escándalo, se habría suicidado. Eso genera dos versiones plenamente enfrentadas de un mismo hecho.
Este caso se suma a otros recientes en que fuentes mediáticas SERIAS discrepan abierta y rotundamente de la versión oficial. Algunos ejemplos: la cena de los nuevos ministros de la SCJN en “Au Pied de Cochon”, la presunta solicitud de nacionalidad española de Beatriz Gutiérrez Müller conforme a la Ley de Memoria Democrática y la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel.
Sobre el caso de Gutiérrez Müller, diversos medios reportaron que acudió al consulado e inició el trámite de nacionalidad española apoyándose en la Ley de Memoria Democrática, que permite adquirirla si se es nieto de españoles exiliados. Sin embargo, ella solo respondió en redes sociales con un escueto: “Yo vivo en nuestro bello México”, sin confirmar ni desmentir la información. Además, una nota reciente aclara que ella realmente sigue viviendo y trabajando en México, defendiendo su permanencia tras rumores de mudanza a España.
Respecto al exgobernador Ruffo Appel, la información disponible es contradictoria. Mientras que el secretario de Seguridad afirmó ayer que no existe orden de aprehensión en su contra y que las investigaciones siguen abiertas, medios como El Economista reportaron que la Fiscalía General de la República sí emitió una orden de captura como parte de la investigación sobre huachicol fiscal. Esta ambigüedad resalta nuevamente la disparidad entre lo declarado oficialmente y lo difundido por la prensa.
En el caso de Pérez Martínez es indispensable anotar que él está relacionado con la red de contrabando de combustible conocida como “caso Farías Laguna”, liderada presuntamente por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Farías Laguna fue detenido en días recientes por su participación en esta red criminal.
En otros escenarios, el periodista Carlos Loret de Mola ya había advertido, hace dos años, sobre la presunta corrupción de los sobrinos de Ojeda Durán, los mismos que ahora están en investigación y que, según medios de información, tuvieron roles clave en esta red. Sin embargo, Loret fue objeto de ataques desde el gobierno y acusado de “calumniador”, pese a que hoy muchos de esos señalamientos se consideran veraces. Esto resalta la importancia de defender la libertad de expresión y denunciar el señalamiento oficial no plenamente sustentado. Es preferible que cualquier atisbo de censura.
Estos casos plantean una pregunta crucial: ¿cómo garantizar la libertad de expresión como derecho fundamental? Esta tiene una doble dimensión: 1) individual, que permite a las personas expresar sus ideas; y 2) social, que ampara el acceso comunitario a la información relevante públicamente. De encontrarse contrapuestas, hay que privilegiar la primera.
La verdadera riqueza democrática está en permitir que diversos sujetos, medios y discursos —incluso plagados de limitaciones — convivan, se confronten y sean contrastados en un espacio público horizontal.
Giro de la Perinola
Por supuesto, podemos tener versiones encontradas sobre un presunto suicidio, pero lo fundamental es que la familia llegue a conocer la verdad. El derecho a saber debe prevalecer.