Pronto es una plataforma mexicana de movilidad recién llegada a Veracruz. En términos sencillos, funciona de manera semejante a Uber o DiDi: mediante una aplicación conecta a usuarios que solicitan un viaje con conductores particulares. Así, en el estado jarocho ya se puede solicitar un viaje desde un teléfono celular en cuestión de segundos. Lo que todavía no se puede hacer es explicarle al gobierno estatal que una aplicación no es un taxímetro y que el siglo XXI no cabe, por la fuerza, dentro de una concesión diseñada para otra época.
El pasado 5 de agosto, elementos de Transporte Público en Poza Rica, al norte del estado, aseguraron el automóvil de Mario, uno de sus conductores, y lo enviaron al corralón porque no contaba con concesión para prestar el supuesto “servicio público de transporte”.
La autoridad invocó el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte, anunció una sanción que podía alcanzar los 124 mil pesos y recordó incluso que el Código Penal contempla penas de prisión para quien preste transporte público sin concesión.
Todo parece contundente hasta que se formula la pregunta que el gobierno decidió saltarse:
¿Un viaje solicitado previamente mediante una plataforma digital es jurídicamente un servicio público de transporte?
Porque el artículo 177 prohíbe prestar servicio público sin concesión, pero no convierte automáticamente en servicio público todo traslado por el que alguien reciba un pago. Antes de sancionar al conductor, la autoridad tenía que demostrar que Pronto pertenece al mismo régimen jurídico que un taxi concesionado.
Y eso es justamente lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto en duda —y prácticamente descartado— durante los últimos años.
Al resolver distintos asuntos sobre plataformas tecnológicas, la Corte estableció que este modelo constituye una modalidad novedosa y diferente, que por su naturaleza es transporte privado y no resulta comparable con el servicio público concesionable tipo taxi.
No significa que Uber, DiDi, inDrive o Pronto puedan hacer lo que quieran. Los estados tienen facultades para exigir registros, seguros, condiciones de seguridad, identificación de conductores, obligaciones fiscales y responsabilidad de las empresas. Lo que no pueden hacer es fingir que no existe ninguna diferencia entre un taxi que ofrece sus servicios directamente en la vía pública y un viaje contratado previamente entre particulares mediante una plataforma.
Pero en Veracruz hemos decidido ignorar el calendario.
La legislación que sigue utilizándose para perseguir a estos conductores proviene sustancialmente de la Ley 589, publicada en 2006, cuando el primer iPhone ni siquiera había sido presentado. En 2015 esa ley fue derogada, salvo su Título Tercero y las disposiciones relacionadas con el transporte público, que permanecerían vigentes “en tanto se emite la ley correspondiente”.
Han pasado once años y esa ley correspondiente nunca llegó.
Lo provisional se volvió permanente. El vacío legislativo se convirtió en instrumento de gobierno y ahora se pretende que los particulares paguen las consecuencias de la omisión del propio Estado.
La contradicción resulta todavía mayor porque la gobernadora Rocío Nahle ha reconocido públicamente que Veracruz está rezagado en materia de movilidad y que su administración prepara una ley para regular estas plataformas.
Si no están contempladas en la ley, ¿cómo puede sancionarse a sus conductores como si ya estuvieran inequívocamente incluidos en el régimen del transporte público concesionado?
El gobierno no puede sostener las dos cosas al mismo tiempo. No puede anunciar que legislará porque existe un vacío y, mientras tanto, utilizar ese mismo vacío como si fuera una prohibición expresa.
Finalmente, Pronto pagó los 62 mil 500 pesos exigidos para recuperar el automóvil. La empresa publicó comprobantes y firmó con Mario una carta mediante la cual se compromete a acompañarlo jurídicamente, siempre que el conductor no abandone el proceso legal.
Puede gustarnos o no su modelo de negocio, pero en esta ocasión la plataforma puso dinero y abogados detrás de su discurso. No abandonó al conductor frente a la autoridad y aparentemente pretende llevar la discusión a los tribunales.
La escena resulta poco halagadora para Veracruz: una empresa privada tuvo que proteger a un ciudadano frente a las consecuencias económicas de un acto sustentado en una legislación que el propio gobierno reconoce como insuficiente.
Esto ya no es solamente atraso tecnológico. Es una forma de ejercicio del poder.
La soberbia gubernamental no es un problema de modales ni de tono de voz. Se vuelve políticamente peligrosa cuando una autoridad comienza a confundir lo que la ley dice con lo que ella quisiera que dijera; cuando considera que su voluntad basta para llenar vacíos legales, definir actividades económicas y castigar primero para legislar después.
La autoridad del transporte en Veracruz habla y actúa con la seguridad de quien parece convencida de que poner orden significa imponer su interpretación sin admitir límites, matices ni contradicciones. Pero gobernar no consiste en blandir la autoridad como garrote ni en tratar toda objeción como desafío personal.
Detrás de los operativos también aparece una vieja estructura de intereses.
Los gremios de taxistas han amenazado con movilizaciones y bloqueos si se permite la entrada de plataformas. El gobierno los escucha, aplaza decisiones y, mientras analiza la nueva regulación, sus agentes retiran de circulación a quienes representan competencia para los concesionarios.
No hace falta imaginar una conspiración. Basta observar el resultado: un grupo organizado presiona para conservar su mercado y el Estado eleva las barreras de entrada a sus competidores.
Es el viejo corporativismo mexicano funcionando con extraordinaria vitalidad.
Y ahí se encuentra la parte más decepcionante para un gobierno surgido de la llamada Cuarta Transformación. Se suponía que ésta combatiría los privilegios, las relaciones corporativas y el uso faccioso del aparato público. Sin embargo, en materia de transporte vemos reproducirse la misma lógica: organizaciones con capacidad de presión reciben atención privilegiada, mientras ciudadanos dispersos cargan con multas, corralones y amenazas penales.
Cambió el partido gobernante, pero algunos reflejos del viejo régimen permanecen intactos.
Veracruz necesita regular las plataformas: exigir seguros, seguridad, transparencia y responsabilidad empresarial. Pero regular no significa convertirlas por decreto en taxis ni entregar a los concesionarios poder de veto sobre las alternativas que pueden elegir los usuarios.
Pronto ya llegó a Veracruz.
Lo que sigue sin llegar es un gobierno dispuesto a gobernar para el siglo XXI.
X: @Renegado_L