“La amenaza del proceso es, con frecuencia, más eficaz que el proceso mismo”.
Judith Shklar, Legalism
“La censura moderna rara vez empieza prohibiendo; comienza haciendo costoso hablar”.
Timothy Garton Ash, Free Speech
Hay demandas cuyo objetivo no es ganar un juicio. Hay amenazas cuyo verdadero triunfo consiste en que no importe saber la verdad.
Mientras abogados, comentaristas y usuarios de redes sociales discuten quién tiene la razón o si Israel Vallarta tiene derecho a demandar a Ciro Gómez Leyva, quizá estamos mirando en el lugar equivocado. El acontecimiento relevante no es la(s) posible(s) demanda(s). Es el mensaje que se transmite.
No todos los reclamos buscan una reparación. Algunos buscan un precedente psicológico. O, mejor dicho, un precedente disciplinario.
Así que la cuestión no es si prosperarán las amenazas, sino cuántos periodistas pensarán dos veces antes de volver a cubrir un caso semejante.
Existe un concepto en el derecho comparado para describir este fenómeno: las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), acciones intimidatorias cuyo propósito principal no necesariamente consiste en obtener el favor público, sino aumentar el costo económico, profesional y emocional de participar en asuntos de interés público. La presión deja de ser un instrumento solo para buscar justicia y se convierte en un mecanismo para modificar conductas. Tomen nota conductores de opinión pública, comentaristas y dueños de medios de comunicación. No caigan presa de esta mordaza.
No afirmo que este sea jurídicamente un caso de SLAPP. Sí sostengo que ofrece un extraordinario marco para entender qué está ocurriendo. Eso porque las operaciones políticas, igual que las escenas del crimen, dejan huellas. Solo que no son huellas dactilares. Son narrativas.
La primera aparece cuando uno revisa el objeto mismo de la amenaza. En este caso, no se reclama una publicación falsa específica. No se señala un dato inventado. No se exhibe una campaña reciente emprendida por Gómez Leyva.
Se pretende, en cambio, revisar retrospectivamente la cobertura periodística de un proceso que durante ¡casi dos décadas! ocupó portadas, conferencias de prensa, expedientes ministeriales y declaraciones oficiales. Y ahí comienza el problema.
Conviene recordar algo que deliberadamente se está confundiendo en la conversación pública: haber recuperado la libertad no equivale a haber sido declarado inocente. Son categorías jurídicas distintas. Un Estado que viola el debido proceso puede perder un caso incluso frente a una persona que hubiese cometido un delito. Esa es precisamente la esencia del Estado de derecho: el gobierno también está obligado a respetar las reglas. La liberación de Israel Vallarta acredita el monumental fracaso de las autoridades para investigar y procesar conforme a la ley; no reescribe automáticamente los hechos ni convierte en falsas todas las sospechas que durante años existieron sobre él. La justicia resolvió que el Estado no podía sostener válidamente la persecución penal. No resolvió que los secuestros nunca ocurrieron ni que Vallarta fuera ajeno a ellos.
El periodismo no trabaja con sentencias definitivas. Trabaja con hechos verificables en el momento en que ocurren. Si un reportero solo pudiera informar cuando todos los recursos legales estuvieran agotados, el periodismo judicial desaparecería por definición. Tendríamos cronistas del pasado, no periodistas del presente.
Pero hay más: la propia lógica jurídica presenta una dificultad considerable. Gómez Leyva no ha sostenido una campaña posterior contra Vallarta ni existen actos recientes que expliquen por qué una acción de la naturaleza que montó este último y su esposa hace dos días aparece justamente ahora. No se demanda una conducta nueva. Se intenta reprocesar una cobertura concluida hace años.
Quizá por eso resulta tan llamativa la estrategia pública adoptada por Vallarta y su esposa. En lugar de que la resolución judicial hablara por sí misma, eligieron la confrontación, el señalamiento y la construcción de un relato donde ya no solo serían víctimas de un Estado que violentó el debido proceso —algo que merece toda condena—, sino también víctimas del periodismo que informó sobre aquel caso y se abrió a todas las voces y todas las partes, incluido el propio Vallarta.
Es una apuesta comunicativa arriesgada. Al menos a mis ojos, la estridencia, la altanería y la teatralidad difícilmente fortalecen la percepción pública de quien busca convencer de su inocencia. Más bien producen el efecto contrario: desplazan la atención desde los abusos del Estado hacia una campaña personal de revancha.
Y cuando el calendario deja de tener explicación jurídica, inevitablemente comienza a adquirir explicación política. Esa es la segunda huella.
La tercera quizá sea la más reveladora. Durante años el escándalo consistió —con razón— en denunciar que el Estado fabricó culpables mediante montajes, confesiones cuestionables y un uso perverso de las instituciones. Era indispensable denunciarlo. Pero ahora pareciera que el centro de gravedad pretende desplazarse. Ya no se discute a quienes construyeron el caso. Ya no se discute a quienes utilizaron el aparato del Estado. Ya no se discute la responsabilidad institucional de quienes convirtieron la justicia en espectáculo.
No deja de resultar paradójico. Durante años, la discusión giró en torno a si el Estado había fabricado un culpable. Hoy pareciera intentarse fabricar un inocente por decreto mediático. Pero las absoluciones políticas no existen. La inocencia no se construye con conferencias de prensa, entrevistas o demandas espectaculares. Se acredita en los tribunales. Y hasta hoy ningún juez ha emitido una sentencia que declare que Israel Vallarta no cometió los delitos que se le imputaron. Lo que sí quedó acreditado es otra cosa: que el Estado mexicano fue incapaz de probarlos respetando la ley.
Ahora el reflector apunta hacia uno de los periodistas que informó sobre ese asunto y externó opiniones, puntos de vista y testimonios de víctimas de secuestro.
Ese es un desplazamiento tan eficaz como inquietante. El protagonista deja de ser quien produjo el abuso para convertirse en quien lo narró.
No es casualidad que esa inversión ocurra precisamente en un momento político donde el gobierno mantiene una confrontación sistemática con buena parte del periodismo crítico. Tampoco resulta irrelevante que la conversación pública haya migrado, casi instantáneamente, desde las responsabilidades del Estado hacia las responsabilidades del periodista.
Las campañas de comunicación política exitosas nunca empiezan diciendo “ataquemos a un periodista”. Comienzan construyendo un nuevo marco mental. Poco a poco cambian el sujeto de la conversación. El responsable deja de ser quien posiblemente hizo el daño. El problema pasa a ser quien lo contó.
Eso es exactamente lo que estamos viendo. Y no hace falta demostrar una conspiración para advertir un patrón.
Las operaciones políticas rara vez vienen acompañadas de un memorándum firmado. Se reconstruyen observando sincronías, incentivos, beneficiarios y desplazamientos narrativos. Así trabaja la inteligencia. Así trabaja también el análisis político.
Por eso el desenlace judicial terminará siendo casi anecdótico. Si la demanda prospera o fracasa, probablemente importe menos de lo que hoy creemos. Su mayor utilidad política ya ocurrió.
Durante varios días dejamos de discutir el monumental fracaso del sistema de procuración de justicia mexicano —el de antes, pero también el del acordeón— para concentrarnos en juzgar al periodista que cubrió ese fracaso. La sustitución del acusado es, quizá, la verdadera sentencia.
Cuando un país empieza a convertir a los periodistas en los responsables de las historias que documentan, el problema ya no es una demanda. El meollo es que alguien entendió que el método más eficaz para censurar no consiste en prohibir publicar. Consiste en lograr que publicar salga demasiado caro.
Y ese sí sería un juicio que nunca necesitó ganar para cumplir su propósito.