Estados Unidos tiene derecho a decidir quién entra a su territorio. Lo que no debería hacer es convertir una visa en sustituto de un expediente judicial ni permitir que su cancelación funcione públicamente como una condena por insinuación. Si existen pruebas contra Andrés Manuel López Beltrán, que Washington las haga llegar por los cauces correspondientes y que México investigue. Si no existen, retirarle la visa en medio de una ofensiva que ya ha alcanzado a decenas de políticos y funcionarios mexicanos no puede convertirse por sí sola en certificado de culpabilidad. Una visa puede cancelarse; la presunción de inocencia no.

Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos revocó su visa y atribuyó directamente la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau. Aseguró que nunca se le mostró evidencia de algún delito o conducta ilícita. Washington, como ocurre habitualmente en estos casos, no explicó públicamente las razones de la medida. Claudia Sheinbaum reaccionó señalando que, si no existe una investigación ni elementos conocidos contra López Beltrán, la decisión adquiere una evidente dimensión política y exigió pruebas si realmente existen acusaciones. (Reuters⁠)

Bien por Sheinbaum en esa exigencia. Si un gobierno extranjero adopta una medida que inevitablemente proyecta sospechas sobre un ciudadano mexicano con actividad política relevante, resulta legítimo preguntar qué la motivó. Andrés Manuel López Beltrán podrá gustar o no, podrá ser cuestionado por su trayectoria, su apellido o su participación en Morena y tendrá que responder políticamente por todo aquello que legítimamente se le señale, pero ninguna de esas circunstancias convierte una decisión consular extranjera en prueba de un delito.

Lo importante ahora es que ese principio no tenga apellido.

Si presidencia exige claridad cuando la visa cancelada pertenece al hijo de un expresidente, México debe aspirar a que la misma preocupación institucional exista cuando una decisión semejante afecta a cualquier otro ciudadano mexicano. La Cancillería no puede obligar a Estados Unidos a otorgar una visa ni desconocer que las autoridades estadounidenses gozan de amplias facultades para concederla, negarla o revocarla. Pero sí puede construir canales más eficaces para que nuestros nacionales conozcan, cuando jurídicamente sea posible, qué ocurrió, qué alternativas tienen y cómo pueden corregir información equivocada.

Las columnas más leídas de hoy

Porque el problema rebasa ampliamente a López Beltrán. Reuters informó desde el año pasado que la administración Trump había revocado las visas de por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, pertenecientes incluso a distintas fuerzas políticas, dentro de su estrategia contra personajes a quienes Washington sospecha vinculados con narcotráfico, corrupción o facilitación de migración irregular. La confidencialidad de los expedientes migratorios estadounidenses impide conocer públicamente las razones de muchos de esos casos. (Reuters⁠)

Puede existir información legítima que Estados Unidos no esté en condiciones de divulgar públicamente. Los sistemas de inteligencia trabajan con fuentes que deben protegerse y ningún país está obligado a revelar todos sus datos para decidir quién puede ingresar a su territorio. Pero una cosa es reservarse información y otra permitir que la simple cancelación de una visa se convierta en una especie de acusación pública imposible de conocer, responder o desmentir.

Si existen elementos serios sobre un funcionario mexicano, Washington debería compartirlos institucionalmente con México. Y entonces nuestro gobierno tendría otra obligación igualmente importante: investigar sin considerar apellido, partido, cargo o parentesco. Soberanía no significa proteger a nadie de la justicia y cooperación tampoco significa aceptar como verdad todo aquello que otro gobierno insinúe.

Sheinbaum tiene razón en una parte esencial: México no puede abrir una carpeta de investigación simplemente porque Estados Unidos revocó una visa. Una decisión migratoria extranjera no sustituye los requisitos de nuestro sistema penal. Pero si Washington entrega evidencias verificables de la comisión de delitos, tampoco sería admisible esconderse detrás del argumento de la soberanía para evitar investigar.

Ésa debería ser la regla: pruebas, instituciones y debido proceso, no rumores ni condenas políticas.

Y el asunto resulta todavía más importante cuando dejamos los círculos del poder y miramos lo que está sucediendo con miles de mexicanos comunes frente al aparato migratorio estadounidense. La expansión de ICE bajo Donald Trump ha mostrado hasta dónde puede llegar la enorme discrecionalidad de una maquinaria que detiene, procesa y deporta a personas sometidas a procedimientos muchas veces incomprensibles para quienes los enfrentan. México informó en julio que 14 de nuestros connacionales habían muerto bajo custodia de ICE y otros tres durante operaciones migratorias; la gravedad de esos casos llevó al gobierno de Sheinbaum a anunciar denuncias penales en Estados Unidos. (Reuters⁠)

Ese dato debería bastar para comprender que la defensa de los mexicanos frente a decisiones estadounidenses no puede activarse únicamente cuando aparece un nombre famoso.

Una cosa es una visa y otra muy distinta una detención migratoria. Jurídicamente no deben confundirse. Pero ambas situaciones revelan algo que México tiene obligación de vigilar: la enorme desigualdad que existe entre un ciudadano individual y el aparato administrativo y de seguridad de otro Estado. Quien pierde una visa puede quedarse sin explicación suficiente. Quien es detenido por ICE puede encontrarse frente a un sistema complejo, lejos de su familia, sin comprender plenamente sus derechos y necesitando asistencia consular inmediata.

Por eso la red consular mexicana debe ser una auténtica estructura de protección y no solamente una oficina de documentos. Estados Unidos tiene todo el derecho de aplicar su legislación migratoria, detener a quien corresponda conforme a la ley y deportar a quien no tenga derecho a permanecer en su territorio. México no puede pedir impunidad para sus ciudadanos ni pretender dictar la política migratoria estadounidense. Lo que sí tiene derecho a exigir es trato digno, información, acceso consular y respeto a los procedimientos.

Las muertes registradas bajo custodia de ICE hacen todavía más urgente esa exigencia. Cada caso debe esclarecerse. Si hubo negligencia, abuso o atención médica insuficiente, deben determinarse responsabilidades. Si las autoridades estadounidenses actuaron correctamente, también debe acreditarse. Lo que no puede existir es una zona opaca en la cual la condición migratoria de una persona termine reduciendo el valor de sus derechos.

La migración irregular no convierte a nadie en ciudadano sin dignidad.

Aquí aparece una oportunidad importante también para el canciller Roberto Velasco. La política exterior mexicana no consiste únicamente en reuniones de alto nivel, negociaciones comerciales o fotografías con mandatarios extranjeros. Una de las responsabilidades fundamentales de la Secretaría de Relaciones Exteriores es proteger a nuestros connacionales. Velasco, conocedor durante años de la relación con América del Norte, puede demostrar en esta nueva responsabilidad que la firmeza diplomática también se ejerce defendiendo al mexicano que carece de acceso directo a Palacio Nacional.

La Cancillería debería aprovechar la coyuntura para revisar y fortalecer todos los mecanismos de asistencia relacionados con revocaciones de visas, detenciones migratorias, deportaciones y posibles abusos. No porque México pueda imponer su legislación en Estados Unidos, sino porque tiene la obligación de acompañar a sus ciudadanos cuando enfrentan decisiones particularmente gravosas en el extranjero.

Y la exigencia debe ser congruente.

Si reclamamos que Washington no interfiera políticamente en México, nosotros debemos respetar también su soberanía. Si exigimos evidencia cuando se acusa implícitamente a un mexicano, nuestro propio gobierno debe estar dispuesto a investigar cuando esa evidencia llegue. Si pedimos respeto al debido proceso para nuestros connacionales, debemos ofrecer exactamente lo mismo dentro de México a cualquier extranjero sometido a nuestras autoridades.

Los principios sólo valen cuando son universales.

El caso de López Beltrán tiene, además, una circunstancia que obliga a extremar cuidados. Se trata del hijo de un expresidente, de un dirigente relevante de Morena hasta hace poco y de un político que se prepara para competir por un cargo legislativo en 2027. Por eso, aunque el Departamento de Estado considere su decisión simplemente migratoria, resulta imposible ignorar sus consecuencias políticas en México. (Reuters⁠)

Una potencia extranjera debe entender que cuando adopta medidas contra personajes involucrados directamente en la competencia política de otro país, la responsabilidad de explicar y manejar institucionalmente esas decisiones aumenta. No porque México tenga derecho a exigir una visa para determinado político, sino porque una actuación opaca puede convertirse fácilmente en herramienta propagandística para unos y en insinuación de culpabilidad para otros.

Eso es precisamente lo que debemos evitar.

La oposición mexicana tampoco debería celebrar automáticamente cada visa cancelada como si Washington hubiese emitido una sentencia. Criticar a López Beltrán es legítimo. Investigar políticamente sus actos también. Exigir explicaciones sobre cualquier acusación pública que exista en México resulta perfectamente válido. Pero utilizar una decisión consular secreta como demostración de delitos que nadie conoce constituye exactamente el mismo abuso de la insinuación que después se critica cuando lo comete el gobierno.

Si hay pruebas, hay que pedirlas.

Si existen delitos, hay que investigarlos.

Si hay responsabilidades, que se sancionen.

Y si no hay nada más que una decisión migratoria, no puede inventarse lo que el expediente estadounidense no ha dicho.

Lo mismo debe valer para cualquiera de los más de 50 políticos y funcionarios a quienes se han revocado visas y para cualquier ciudadano común que enfrente una medida semejante. No todos los casos serán iguales y seguramente habrá algunos sustentados en información grave. Lo que México debería exigir es un principio básico de interlocución: cuando las decisiones estadounidenses tengan implicaciones relevantes para la seguridad, la justicia o la vida pública mexicana, debe existir comunicación entre gobiernos.

Donald Trump ha convertido visas, aranceles, sanciones y restricciones en parte de una política exterior profundamente transaccional. Eso hace todavía más necesario separar las herramientas legítimas de seguridad de aquellas que puedan convertirse en mecanismos de presión política. Estados Unidos puede proteger sus fronteras y decidir quién ingresa; lo que no debería hacer es utilizar la incertidumbre como castigo.

México debe responder con serenidad y firmeza, no con estridencias.

Bien por Claudia Sheinbaum al preguntar qué pruebas existen contra Andrés Manuel López Beltrán. Pero ahora corresponde llevar ese principio más lejos. Presidencia y Cancillería deben exigir respeto, claridad y vías institucionales no solamente para quienes pertenecen al círculo político, sino para todos los mexicanos afectados por actuaciones migratorias estadounidenses que puedan comprometer su libertad, su reputación o incluso su vida.

Los derechos no pueden depender del apellido y la defensa consular tampoco.

Estados Unidos decide a quién permite ingresar a su territorio. México decide quién responde ante nuestras leyes. Ninguno debe sustituir al otro. Si Washington tiene pruebas contra López Beltrán o contra cualquier mexicano, que las comparta por los canales correspondientes. Si México encuentra delitos, que actúe sin importar quién sea el señalado. Y si no existe evidencia suficiente, una visa revocada debe seguir siendo exactamente eso: una decisión administrativa, no una condena.

Frente a ICE la obligación es todavía más clara. Quien sea detenido debe tener acceso a sus derechos, a información y a la asistencia consular mexicana. Quien fallezca bajo custodia merece una investigación que determine exactamente qué ocurrió. Quien sea deportado debe ser tratado con dignidad. La condición migratoria jamás puede convertirse en permiso para la arbitrariedad.

Bien por Sheinbaum al exigir claridad para López Beltrán.

Ahora que esa misma exigencia alcance al mexicano anónimo que jamás aparecerá en una conferencia presidencial.

Porque un Estado demuestra realmente a quién protege no cuando defiende a los poderosos, sino cuando utiliza la misma fuerza diplomática para defender a quienes no tienen poder alguno.

Una visa puede revocarse. Los derechos, no.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com