Donald Trump puede ordenar que sus funcionarios llamen “Lake America” al lago Ontario. Puede modificar mapas federales, documentos oficiales, sistemas de información geográfica y comunicaciones de su gobierno. De hecho, eso fue exactamente lo que hizo el 27 de agosto mediante una orden ejecutiva que instruye al Departamento del Interior y al Board on Geographic Names a sustituir “Lake Ontario” por “Lake America” en el uso oficial del gobierno estadounidense. Lo que no puede hacer, aunque firme diez decretos, es obligar a Canadá ni al resto del mundo a aceptar que la historia y la geografía cambien porque él decidió rebautizarlas. El problema no es solamente la bufonada. Es la concepción del poder que existe detrás de ella: confundir la presidencia de Estados Unidos con autoridad sobre todo aquello que alcanza a nombrar.
Hay algo casi infantil en la ocurrencia: si no me gusta el nombre, lo cambio; si soy presidente, los demás tendrán que utilizarlo. Pero lo preocupante aparece precisamente cuando esa lógica infantil se convierte en política de Estado. El lago Ontario no es un estanque ubicado dentro de los jardines de la Casa Blanca. Es uno de los Grandes Lagos, compartido por Estados Unidos y Canadá, con costas estadounidenses en Nueva York y canadienses en Ontario, y con una historia que precede ampliamente a los dos Estados modernos. La propia orden de Trump reconoce expresamente que el lago está delimitado por territorio estadounidense y por la provincia canadiense de Ontario, aunque inmediatamente después pretenda otorgarle unilateralmente un nuevo nombre.
El primer ministro canadiense Mark Carney respondió con la seriedad que merecía el asunto: el lago Ontario seguirá llamándose lago Ontario. Recordó, además, que el nombre tiene más de cuatro siglos y antecede tanto a la Confederación canadiense como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos. No necesitó gritar, amenazar ni responder con otro decreto extravagante. Bastó señalar lo evidente: un presidente estadounidense puede decidir cómo denominar un accidente geográfico dentro de sus propios registros gubernamentales; no puede disponer cómo deberá llamarlo otro país.
Eso es precisamente soberanía. No consiste en competir para ver quién pronuncia el discurso más estridente, sino en establecer con claridad dónde termina la jurisdicción del vecino y dónde comienza la propia. Canadá no necesita pedir permiso a Washington para seguir llamando Ontario al lago Ontario, del mismo modo que México jamás necesitó permiso estadounidense para continuar llamando Golfo de México al Golfo de México después de que Trump decretara para el uso federal de su país la denominación “Gulf of America”. Aquella decisión de enero de 2025 ya había mostrado esta fascinación presidencial por apropiarse simbólicamente de la geografía; el lago Ontario demuestra que no fue una ocurrencia aislada, sino una costumbre.
Trump parece disfrutar no solamente ejerciendo poder, sino representándolo. El mapa, el nombre, el decreto, la fotografía en el Despacho Oval: todo forma parte del espectáculo. Incluso apareció sentado junto a un mapa donde podía leerse “Lake America”. La imagen resume perfectamente la política: si el mapa colocado junto al presidente dice algo distinto, parecería que la realidad debe acomodarse al mapa y no al revés.
Sólo que la geografía tiene una característica incómoda para los gobernantes personalistas: no reconoce órdenes ejecutivas. Un decreto puede modificar una base de datos federal, pero no mueve una frontera. Puede ordenar a una agencia que utilice determinada nomenclatura, pero no obliga a otro Estado soberano a adoptarla. Puede imprimir miles de mapas nuevos, pero no borrar siglos de historia ni el origen cultural de una denominación. Reuters recogió además las críticas de comunidades indígenas, que recordaron el origen ancestral del nombre Ontario y rechazaron que pudiera borrarse simplemente mediante una decisión presidencial.
Por eso el episodio resulta cómico y serio al mismo tiempo. Cómico, porque inevitablemente la pretensión de rebautizar territorios ajenos o compartidos produce una avalancha de parodias. Las redes hicieron lo que suelen hacer cuando el poder se vuelve excesivamente solemne consigo mismo: llevar su lógica hasta el absurdo. Si Trump puede convertir Ontario en “Lake America”, entonces cualquiera puede imaginar a Estados Unidos rebautizado como Canadá del Sur, Alaska como Canadá del Norte o establecimientos y productos estadounidenses convertidos humorísticamente en extensiones del apellido presidencial. No hace falta validar cada meme ni atribuir falsamente alguno a un funcionario para entender el fenómeno. La sátira funciona porque demuestra lo absurdo de una regla cuando se aplica universalmente.
Pero detrás de las risas queda una pregunta bastante menos graciosa: ¿por qué un presidente de Estados Unidos considera necesario dedicar tiempo, aparato administrativo y capital político a cambiar el nombre de un lago compartido en medio de una relación bilateral extraordinariamente tensa? Porque el decreto no llegó en el vacío. Llegó mientras Washington y Ottawa atraviesan una fuerte disputa comercial, después del fracaso de negociaciones, nuevas amenazas arancelarias estadounidenses y represalias canadienses. Canadá anunció recientemente contramedidas sobre alrededor de 20 mil millones de dólares en bienes estadounidenses, mientras su gobierno prepara apoyos para empresas afectadas por la confrontación.
En ese contexto, llamar “Lake America” al lago Ontario ya no parece solamente una travesura ideológica. Es otra provocación dirigida al vecino. Y lo paradójico es que Trump está consiguiendo justamente lo contrario de lo que aparentemente pretende. Quiere demostrar superioridad y está fortaleciendo el nacionalismo canadiense. Quiere presionar a Carney y está ayudándolo a cohesionar a buena parte de la sociedad alrededor de una respuesta firme frente a Estados Unidos.
Una encuesta citada por Reuters mostraba esta semana que alrededor de tres cuartas partes de los canadienses respaldaban la postura dura de Carney frente a Trump, aunque existen riesgos económicos reales si la disputa se prolonga. Esa precisión es importante: Canadá no está ganando mágicamente una guerra comercial y podría enfrentar costos en empleo, crecimiento e inflación. Pero políticamente Trump ha logrado convertir la resistencia frente a Washington en un poderoso factor de cohesión interna.
Hace tiempo resultaba difícil imaginar una relación más estrecha que la existente entre Estados Unidos y Canadá. Dos economías enormemente integradas, una frontera larguísima, cooperación militar, cadenas industriales compartidas, vínculos familiares y culturales, además de décadas de coordinación política. Trump ha conseguido introducir en esa relación una desconfianza que probablemente sobrevivirá a su propia presidencia. Y ése puede terminar siendo mucho más importante que cualquier tarifa o cualquier nombre escrito temporalmente en un mapa federal.
Canadá ya comenzó a buscar con mayor urgencia cómo reducir su dependencia estadounidense. La actual crisis comercial ha fortalecido conversaciones sobre diversificación de mercados, infraestructura energética y nuevas alianzas internacionales. Incluso proyectos para ampliar la capacidad canadiense de exportar petróleo hacia Asia han adquirido nueva urgencia precisamente porque aproximadamente nueve de cada diez barriles exportados por Canadá todavía terminan en Estados Unidos.
Eso debería preocupar mucho más a Washington que el nombre de un lago.
Los grandes países construyen poder creando aliados que desean permanecer cerca. Los gobernantes inseguros pretenden demostrar poder recordándoles constantemente a esos aliados quién manda. El problema es que llega un momento en que el vecino empieza a preguntarse por qué debería depender tanto de quien lo amenaza.
Trump ha llevado esa lógica a distintos terrenos. Los aranceles son amenaza. Las negociaciones se convierten frecuentemente en ultimátum. Los aliados son tratados como beneficiarios ingratos de la generosidad estadounidense. Los nombres geográficos se convierten en instrumentos para proclamar grandeza nacional. El mundo deja de parecerle una red de Estados soberanos con intereses que deben negociarse y comienza a parecer una extensión de la política doméstica estadounidense.
Puede funcionar con su base electoral. Puede producir titulares. Puede generar aplausos entre quienes disfrutan de cualquier gesto presentado como prueba de fortaleza. Pero tiene costos estratégicos. Un Canadá que diversifica su economía, fortalece su identidad política frente a Estados Unidos y empieza a considerar a Washington un socio menos confiable es un Canadá menos dependiente de Estados Unidos. Y eso significa, paradójicamente, menos influencia estadounidense.
Ésa es quizá la mayor contradicción de esta forma de ejercer el poder. Trump quiere maximizar el dominio de Estados Unidos y termina estimulando a otros países a disminuir su dependencia estadounidense.
Algo semejante ocurre con México. Cuando Washington utiliza aranceles, visas o amenazas como instrumentos recurrentes de presión, la respuesta racional de cualquier gobierno no consiste solamente en negociar la crisis inmediata. También consiste en buscar otras opciones, diversificar mercados, construir alianzas y disminuir vulnerabilidades. No por antiestadounidensismo, sino por administración de riesgos.
Un aliado tratado permanentemente como subordinado termina buscando la forma de dejar de depender de quien pretende subordinarlo.
La respuesta de Carney tiene entonces una dimensión mucho mayor que el nombre Ontario. Es la afirmación de que Canadá no aceptará que una relación asimétrica se convierta en relación de obediencia. Estados Unidos es mucho más grande económica y militarmente, pero el tamaño no elimina soberanía. Canadá puede necesitar enormemente al mercado estadounidense y, al mismo tiempo, decir que su territorio, su historia y sus nombres no se deciden en Washington.
Incluso dentro de Estados Unidos hubo rechazo. Reuters reportó críticas de autoridades estadounidenses, entre ellas dirigentes de estados vinculados directamente con los Grandes Lagos. Eso también demuestra que no toda defensa de la historia o de la relación con Canadá constituye oposición partidista internacional. Hay decisiones cuya inutilidad resulta evidente incluso para ciudadanos que no tienen ninguna simpatía especial hacia el gobierno canadiense.
La orden ejecutiva resulta todavía más peculiar cuando se lee su justificación. La Casa Blanca enumera inversiones estadounidenses en los Grandes Lagos, el trabajo de sus rompehielos, puertos, comercio, energía y contribuciones económicas como argumentos para declarar que Ontario merece convertirse en “Lake America”. Es una lógica extraña: aportar recursos para proteger o aprovechar un espacio compartido aparentemente otorgaría derecho a apropiarse simbólicamente de su nombre.
Siguiendo esa lógica, prácticamente cualquier relación internacional podría convertirse en disputa toponímica. El país que aporta más dinero tendría derecho a nombrar. El que posee mayor flota podría rebautizar mares. El que financia una infraestructura podría reclamar la denominación de la región. Evidentemente el mundo no funciona así, precisamente porque existe algo llamado soberanía y porque los espacios compartidos requieren acuerdos, no decretos unilaterales.
Trump está descubriendo un límite que ningún decreto puede borrar: la frontera de su propio poder.
Puede decidir muchas cosas dentro de Estados Unidos. Es presidente de la potencia militar más poderosa del planeta y dirige una economía capaz de alterar mercados completos con una sola decisión. Tiene instrumentos extraordinarios para presionar a otros gobiernos. Pero no es presidente de Canadá. No es presidente de México. No gobierna el planeta. Y por más espectacular que resulte una firma en el Despacho Oval, el alcance jurídico de su pluma termina donde empiezan las competencias de los demás.
Ése es exactamente el principio que México debe defender también cuando se trate de nuestros intereses. Sin histeria, sin nacionalismo vacío y sin necesidad de responder a cada provocación con otra provocación. Simplemente con la certeza de que cooperación no significa subordinación y de que la fuerza de Estados Unidos no le concede derechos sobre la soberanía de sus vecinos.
El caso canadiense ofrece además otra enseñanza. Responder con serenidad puede ser mucho más eficaz que competir en extravagancias. Carney no necesitó anunciar que cambiaría el nombre de Nueva York ni rebautizar simbólicamente estados estadounidenses. Le bastó recordar que el lago Ontario seguirá llamándose lago Ontario en Canadá y que su denominación antecede a ambos países modernos.
La respuesta seria deja al absurdo solo.
Los memes hacen el resto.
Y quizá ahí reside la parte más incómoda para Trump: cuando un gobernante intenta convertir su voluntad en realidad universal, el humor puede demostrar en segundos aquello que un tratado internacional explicaría en cien páginas. Si todos pudiéramos rebautizar unilateralmente aquello que compartimos con el vecino, el mundo entero terminaría convertido en una colección de mapas incompatibles.
Ontario seguirá siendo Ontario para Canadá y para quienes decidan llamarlo así. El Golfo de México seguirá siendo Golfo de México para México y para buena parte del mundo, por más que el gobierno estadounidense utilice otra denominación internamente. Los nombres internacionales no se modifican mediante el capricho de una sola capital.
Trump puede conseguir que sus agencias impriman “Lake America”.
Lo que no puede conseguir mediante decreto es que Canadá crea que así se llama.
Y mientras más insista en ejercer el poder como si no tuviera fronteras, más está consiguiendo que sus propios vecinos recuerden dónde están las suyas.
Cada vez que Trump pretende humillar a Canadá termina haciendo más canadiense a Canadá. Amenaza, presiona, rebautiza y exige; del otro lado crecen la cohesión, el orgullo nacional y el respaldo a quienes responden con firmeza. Quizá ése termine siendo uno de los grandes contrasentidos de su política exterior: quiso recordarles a sus vecinos quién era el más poderoso y terminó recordándoles por qué necesitaban estar más unidos.
Un decreto presidencial puede cambiar un mapa oficial estadounidense. No puede cambiar la historia, la geografía ni la soberanía de otro país.
Y ningún presidente, por poderoso que sea, puede gobernar más allá de las fronteras de su propia autoridad.
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