Sonora Power

Una de las banderas de la Cuarta Transformación es la de combatir la corrupción, no solo como precepto moral, también por sentido práctico e incluso financiero.

Es decir, es indispensable acabar con el ominoso saqueo de recursos públicos, sin embargo al tratarse de recursos públicos que son dinero del pueblo, acabar con las prácticas corruptas permite que el dinero alcance y que un gobierno esté en condiciones de hacer más, con los mismos recursos.

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Andrés Manuel López Obrador hizo campaña en el 2018 y ha tomado desde el principio impulso en su vida política a partir de la promesa de combatir la corrupción como se barre una escalera, es decir de arriba hacia abajo.

Alfonso Durazo Montaño, hoy gobernador de Sonora, llegó junto con López Obrador al gobierno de la 4T, e hizo suya esa urgencia. Al venirse a Sonora para hacer campaña en el 2021 se dijo escandalizado, incluso asqueado de la prevalencia de actos de corrupción en el quehacer del gobierno de sus antecesores y decidió también hacer suya la máxima, esa que dice que la corrupción es la peste de México, en este caso de Sonora.

La corrupción de hecho se adueñó de Sonora en los recientes 36 años, de la mano de gobiernos cada uno más corrupto que el anterior.

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Desde que Samuel Ocaña García dejó el gobierno en 1985 publicando un anuncio en la prensa de aquél entonces para que todo el que tuviera cuentas pendientes con su administración pasara a cobrar antes del 30 de agosto de ese año, todos y cada uno de los gobernadores han dejado deudas enormes y su herencia no se ha caracterizado por grandes obras de infraestructura o programas sociales en beneficio de los sonorenses.

Así Rodolfo Félix Valdez, Manlio Fabio Beltrones, Armando López Nogales, Eduardo Bours Castelo, Guillermo Padrés Elías y Claudia Pavlovich, se las arreglaron en ese periodo para endeudar al estado, perder el control de la administración de la carretera federal 15 en su tramo por Sonora, no hacer proyectos de infraestructura, perder competitividad y calidad de vida, y patear el bote para que cada gobierno sucesivo debiera enfrentar un problema de deuda cada vez mayor.

Alfonso Durazo encontró la deuda pública del estado en 24 mil millones de pesos, y resulta interesante advertir que en cada una de esas administraciones, Sonora no hizo más que perder competitividad y escalar lugares en el “corruptometro”, dejando la más reciente gobernadora al estado en el muy dudoso lugar 26 de 32 estados.

Es decir el Sonora de 2021, fecha en que se había realizado la última medición, estaba entre los 7 estados con mayor índice de corrupción, y esto se explica en el hecho de que el gobierno de Sonora era en el pasado una suerte de encomienda política que el presidente en turno cedía graciosamente a su favorito para el cargo.

Lo lamentable es que era una encomienda con licencia para robar, ya que ante la lejanía del estado, era poca o nula la atención que los gobiernos centrales querían dedicar al estado, caracterizado como la “ultima frontera”.

Eso nos sumió en el atraso y trajo historias escandalosas de corrupción y aunque había quien todavía pretendió decir que en Sonora teníamos todo, la realidad es que el desdén desde el centro y la cleptocracia del gobernador en turno, acabó con todo lo que alguna vez fue Sonora.

Por eso en 2021 el hoy gobernador emprendió una campaña enfocada en hacer valer los preceptos y valores de la Cuarta Transformación, pero en particular con la visión de combatir y acabar con la corrupción.

Durazo se encontró a Sonora en calidad de “trepadero de mapaches”, sin dinero en caja y con crisis en todas partes, por lo que necesitó de todo el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para operar un milagroso rescate financiero y poner las cosas en orden.

En solo 2 años los resultados están a la vista y Sonora pasó de ser el estado 26 en el 2021 al lugar 12, en percepción de corrupción en el gobierno, al cierre del 2023, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023.

Ese resultado a nivel estadístico dice que la entidad pasó de una percepción de actos de corrupción de parte de las autoridades del gobierno estatal de 45.3% hace 2 años, a un 32.7% al cierre del año 2023.

De esa manera la entidad pasó en solo 2 años con Durazo a su menor posición histórica en el “corruptometro”, colocándose así en la posición 12 en cuanto a la percepción ciudadana.

A nivel nacional el promedio entre los estados es del 53.2%, lo que habla muy bien del trabajo emprendido por el gobierno estatal, que a ras de suelo y sin demasiados aspavientos, trabaja para atacar ese tipo de fenómenos desde la causa.

Como anécdota, uno de los titulares de infraestructura estatal, que manejó desde esa oficina presupuestos millonarios (casi 4 mil millones de pesos) de obra para la modernización del puerto de Guaymas y que tuvo a su cargo proyectos ejecutivos, licitaciones y asignación de obras, me confió que después le llegaban los contratistas para darle “su parte” en el trato y que él los rechazó a todos, recordando que en la Cuarta Transformación, los moches, no eran parte del trato.

Hoy ese tipo de actitud tiene a Heriberto Aguilar a un paso de convertirse en Senador de la República, y es que es la congruencia entre el decir y el hacer, lo que ha podido cambiar la realidad de Sonora.

Hoy el estado, con Alfonso Durazo y de la mano de Andrés Manuel López Obrador se ha colocado del lado correcto de la historia.

Correspondencia a demiandu1@me.com | X: @Demiandu

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