“Freedom of the press is guaranteed only to those who own one”.
A. J. Liebling
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al PAN con una frase que, sin proponérselo, terminó abriendo una discusión mucho más interesante que la polémica del día: “La mañanera la replican todos los días”.
Aceptemos, por un momento —y solo por un momento— la premisa presidencial. Aceptemos que la conferencia matutina constituye un gigantesco ejercicio cotidiano del derecho de réplica.
Entonces aparece una pregunta infinitamente más interesante.
Si la mañanera replica… ¿quién le replica a la mañanera?
No, no es un trabalenguas jurídico ni un pasatiempo para constitucionalistas ociosos. Es una pregunta incómoda. Tan incómoda que, curiosamente, nadie en Palacio parece interesado en formularla; mucho menos en responderla.
La discusión pública está partiendo de una confusión elemental. Ha conseguido un pequeño milagro semántico: convertir el simple hecho de responder en el ejercicio del derecho de réplica.
No son lo mismo.
La libertad de expresión permite que cualquiera responda a quien lo critica. También la presidenta. Faltaría más.
Pero el derecho de réplica es otra cosa. Una cosa muy distinta. Es una garantía jurídica diseñada para proteger a quien ha sido afectado por información falsa o inexacta. No consiste en disponer de un micrófono. Consiste en poder exigir una rectificación mediante un procedimiento previsto por la ley. Es un derecho. No un privilegio comunicativo.
La paradoja comienza cuando uno hace algo que nunca sobra en México: leer completa la ley.
La Ley Reglamentaria del artículo 6 constitucional no se limita a periódicos, estaciones de radio o televisoras. También habla de “cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”.
¡Qué mala costumbre tiene la ley!: decir exactamente lo que dice.
Y ahí aparece una pregunta imposible de esquivar: ¿Existe hoy en México un emisor cotidiano de información con mayor capacidad para fijar la agenda pública que la presidencia de la República?
La respuesta parece bastante evidente. Todos los días produce información original. Todos los días decide los temas de conversación nacional. Todos los días es retransmitida por televisión, radio, internet y redes sociales. Sus declaraciones generan hechos noticiosos por sí mismas. Millones de personas la siguen en tiempo real y muchos millones más conocen su contenido a través de los medios. No nos engañemos. ¡Para eso la ideó AMLO!
Si eso no constituye un gran emisor de información, entonces quizá también podamos concluir que una conferencia diaria de dos horas no comunica. Más o menos con la misma lógica con la que una refinería clandestina terminó convertida en un inocente “centro de procesamiento”…
No nos engañemos, ni quieran engañarnos. La diferencia es enorme. Cuando un periodista se equivoca responde desde un espacio privado. Cuando un medio incurre en un error existen códigos editoriales, responsabilidades profesionales, defensores de las audiencias y, en determinados casos, acciones legales. Cuando quien se equivoca es el Estado, la situación cambia radicalmente. Ya no habla una persona. Habla una institución respaldada por todo el aparato gubernamental.
Precisamente por ello, el estándar democrático no debería ser menor. ¡Tendría que ser mucho más exigente!
En este punto aparece otro fenómeno que ya conocemos: este gobierno posee un talento extraordinario. No cambia la realidad. Cambia el diccionario.
La censura se convierte en regulación. Las refinerías clandestinas pasan a llamarse centros de procesamiento. Los sobrecostos se transforman en ajustes. Los fracasos administrativos terminan presentándose como Cuarta Transformación.
Ahora parecería que el derecho de réplica consiste simplemente en responder desde el mayor altavoz político del país. No. El tamaño del altavoz nunca ha sustituido al Estado de derecho.
El problema, por tanto, no es Loret. Tampoco Dresser. Mucho menos el PAN.
La verdadera cuestión consiste en responder una pregunta bastante más incómoda. ¿Quién controla al Estado cuando el Estado es quien informa?
Durante décadas nos preocupó —con razón— el enorme poder de los grandes medios de comunicación.
El derecho de réplica nació precisamente para corregir esa asimetría entre un ciudadano y un emisor capaz de afectar reputaciones.
Hoy la asimetría se ha desplazado. El principal emisor político cotidiano ya no es necesariamente una televisora. Es el propio gobierno.
Y, sin embargo, nuestro diseño institucional continúa concentrando la atención en regular a concesionarios y medios tradicionales, sin detenerse suficientemente en el escenario donde el propio Estado ocupa ese lugar privilegiado dentro del ecosistema informativo.
Giros de la Perinola
(1) La ironía de esta semana fue deliciosa. La presidenta invitó a Jonathan Haidt para respaldar la regulación que pretende hacer el régimen. Y Haidt terminó recordando uno de los principios más incómodos para cualquier poder: el problema no comienza con las palabras; comienza cuando desaparecen los contrapesos.
(2) También Acción Nacional consiguió equivocarse. Pretender un derecho de réplica en tiempo real dentro de la mañanera convertiría la conferencia presidencial en una sesión parlamentaria permanente.
(3) Pero, paradójicamente, tropezó con una pregunta correcta. Hoy NO existe un mecanismo institucional claro mediante el cual un ciudadano pueda exigir una rectificación cuando quien difundió la información es el propio Estado. Esa es la discusión que realmente importa.
Si la presidencia reclama para sí las prerrogativas propias de un gran emisor de información —entre ellas invocar el derecho de réplica— también tendría que aceptar las obligaciones que acompañan ese poder.
Los derechos nunca viajan solos. Llegan acompañados de responsabilidades. Incluso cuando el destinatario despacha desde Palacio Nacional.
En una democracia constitucional el Estado tiene derecho a responder. Lo que no puede pretender es responder siempre… sin aceptar que también exista una forma institucional de responderle a él.
(4) Y aquí aparece la verdadera paradoja. La mañanera no es el ejercicio del derecho de réplica. Es el ejercicio del derecho de la última palabra.
La polémica de esta semana pasará. Cambiarán los nombres de los periodistas. Cambiarán los partidos. Cambiarán quienes ocupen Palacio Nacional (o eso esperamos).
La pregunta seguirá intacta. Si el Estado termina convirtiéndose en el mayor emisor de información del país, ¿aceptará también el deber de rectificar cuando sea él quien se equivoque (mienta, calumnie, difame, etcétera)?
En una democracia el asunto de importancia nunca ha sido que el poder hable. Lo relevante comienza cuando pretende que la última palabra también le pertenezca.