Claudia Sheinbaum llegó a Palacio Nacional cargando inevitablemente con una pregunta: cuánto gobernaría ella y cuánto seguiría gobernando la enorme sombra política de Andrés Manuel López Obrador. Era inevitable. Recibió no solamente la Presidencia de un antecesor extraordinariamente popular, sino también un movimiento construido alrededor de su liderazgo, una mayoría legislativa, reformas en marcha y una narrativa política que ella misma decidió asumir bajo la fórmula de continuidad con cambio. A casi dos años de distancia, sin embargo, aquella pregunta empieza a quedar vieja. Para bien y para mal, Sheinbaum ya gobierna con su propio peso, y precisamente por eso su Segundo Informe debe evaluarse como el balance de un gobierno que ya no puede explicar sus resultados únicamente por aquello que recibió.
Eso no significa que haya roto con López Obrador ni que pretenda hacerlo. Sería absurdo esperarlo. Sheinbaum pertenece al mismo proyecto político, reivindica buena parte de aquella transformación, conserva programas sociales, comparte principios y mantiene una relación de reconocimiento con quien la precedió. Pero continuidad no significa identidad. Gobernar obliga a tomar decisiones frente a circunstancias nuevas y, durante estos casi dos años, han aparecido diferencias cada vez más visibles en estilo, prioridades y métodos. La presidenta tiene una manera distinta de ejercer el poder y empieza a ser posible juzgarla por ella misma, no permanentemente mediante comparación con su antecesor.
Eso es saludable para el país y también para ella. Ningún presidente puede permanecer seis años bajo la categoría de sucesor. Llega un momento en que la herencia deja de explicar y empieza la responsabilidad propia. Las decisiones de hoy producen los resultados de mañana y, conforme avanza el sexenio, disminuye naturalmente el espacio para atribuir lo que ocurre al gobierno anterior. Reconocer conducción propia no significa entregar cheque en blanco. Precisamente porque el poder ya es suyo, también lo son cada vez más los resultados y los pendientes.
Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia con una ventaja electoral amplia frente a las oposiciones y con una mayoría legislativa que, más allá de las polémicas jurídicas y políticas que acompañaron su integración, le permitió iniciar el sexenio con una fuerza institucional poco común. Eso le concede capacidad para gobernar, pero también aumenta la responsabilidad de hacerlo bien. Una mayoría no debería entenderse como permiso para hacer cualquier cosa, sino como mandato para ejercer plenamente el poder y después someter sus resultados al juicio ciudadano.
Porque, más allá de las diferencias partidistas, una gran parte del país —incluidos muchos ciudadanos que no votaron por ella— quiere que Claudia Sheinbaum gobierne bien. La lógica democrática debería ser exactamente ésa: quien gana gobierna, quienes pierden vigilan y critican, y al terminar el periodo la sociedad vuelve a decidir mediante el voto si aprueba el rumbo seguido, lo corrige o entrega el poder a otra opción. Gobernar mal para demostrar que el adversario tenía razón sería absurdo. México necesita que cualquier presidenta o presidente, sea del partido que sea, tenga éxito en aquello que beneficia al país.
Pero precisamente porque recibió una mayoría tan amplia, Sheinbaum está a prueba. Tiene la posibilidad de demostrar que puede ejercer el poder con criterio propio, corregir cuando sea necesario y tomar decisiones aunque no coincidan exactamente con lo que habría hecho su antecesor. La ciudadanía no eligió una regencia ni una administración encargada de conservar intacto el sexenio anterior. Eligió a una presidenta constitucional para gobernar durante seis años. La continuidad puede ser política; la responsabilidad presidencial es personal e indelegable.
Eso exige también que Andrés Manuel López Obrador respete plenamente la nueva etapa.
Su peso histórico dentro de Morena y entre millones de seguidores nadie puede desconocerlo, pero su periodo constitucional terminó. Puede conservar opiniones, afectos, influencia moral e incluso enorme ascendiente político; lo que no debería existir es la percepción de que detrás de cada decisión presidencial sigue operando una autoridad paralela. A Sheinbaum le corresponde gobernar y al expresidente entender que la mejor manera de proteger su propio legado es permitir que su sucesora ejerza plenamente el mandato que recibió de los ciudadanos. Un expresidente fortalece su legado cuando sabe retirarse; lo debilita cuando pretende prolongarlo.
Hay aspectos donde esa personalidad propia resulta evidente. Uno de ellos es la seguridad. Sheinbaum decidió desde el comienzo dar mucho mayor peso a inteligencia, investigación, coordinación institucional y capacidad operativa. No hizo una ruptura discursiva espectacular con la política anterior, pero en los hechos introdujo modificaciones importantes. Los resultados definitivos deberán medirse durante todo el sexenio y existen regiones donde la violencia continúa siendo dramática, pero sería poco serio negar que hay una política más estructurada y que la presidenta decidió imprimirle un sello propio.
Eso mismo obliga ahora a exigir más. Las estadísticas nacionales pueden mejorar y, sin embargo, una familia que padece extorsión, robo, desaparición o violencia no vive en el promedio estadístico. Un gobierno no puede conformarse con mostrar tendencias generales si existen territorios donde el Estado todavía resulta insuficiente. El reto del segundo tramo es convertir los avances agregados en seguridad perceptible para la vida cotidiana. La gente no necesita solamente saber que bajó determinado indicador; necesita poder salir, trabajar, viajar y abrir un negocio sintiendo que existe autoridad capaz de protegerla.
También en la relación con Estados Unidos aparece una Sheinbaum distinta. Donald Trump ha obligado a México a navegar uno de los escenarios bilaterales más difíciles en mucho tiempo: amenazas arancelarias, migración, seguridad, visas, presiones comerciales y una presidencia estadounidense que suele utilizar la incertidumbre como herramienta negociadora. Frente a ello, la mandataria mexicana ha intentado combinar firmeza con pragmatismo, evitando tanto el enfrentamiento permanente como la subordinación. Ha habido momentos mejores y peores, pero hasta ahora ha conseguido mantener abiertos los canales y defender límites sin convertir cada diferencia en crisis diplomática.
Ese manejo no debería evaluarse mediante aplausos nacionalistas. Debe medirse por resultados: cuánto comercio se protege, cuántas inversiones se preservan, qué tanto se respeta la soberanía, cómo se atiende a los mexicanos en Estados Unidos y qué capacidad tiene nuestro país para evitar que las amenazas de Washington se traduzcan automáticamente en decisiones contra México. Trump seguirá presionando porque ésa es su manera de negociar. La responsabilidad de Sheinbaum consiste en conseguir que México responda con instituciones, estrategia y previsión, no mediante improvisación.
En economía el balance es necesariamente más complejo. México no está en crisis, pero tampoco crece a la velocidad que necesita. La economía ha mostrado resistencia frente a un entorno internacional complicado y continúa atrayendo inversión, pero el crecimiento sigue siendo insuficiente para nuestras necesidades sociales. Nuestro problema no es solamente crecer poco, sino crecer todavía con demasiado bajo valor agregado en numerosos sectores. México necesita aprovechar mejor la relocalización productiva, desarrollar proveedores nacionales, invertir en infraestructura, formar talento, impulsar innovación y lograr que aquello que exportamos incorpore cada vez más conocimiento creado dentro del país.
Ésa será una de las pruebas económicas centrales para Sheinbaum. El Plan México plantea aumentar contenido nacional, fortalecer cadenas productivas y atraer inversiones estratégicas. La dirección puede ser correcta, pero los planes económicos se juzgan cuando se convierten en fábricas, empleos, salarios, proveedores y crecimiento. La presidenta tiene todavía cuatro años para transformar una estrategia en resultados, pero ya transcurrió suficiente tiempo para exigir avances medibles.
También debe existir claridad fiscal. México conserva importantes programas sociales que cuentan con respaldo ciudadano y forman parte central del proyecto gubernamental. Mantenerlos exige recursos permanentes. Al mismo tiempo necesitamos invertir en carreteras, puertos, agua, electricidad, salud, educación, formación para el trabajo, tecnología y seguridad. Es una ecuación complicada: gastar mejor, aumentar eficiencia recaudatoria, combatir evasión, eliminar desperdicios y evitar que la deuda se convierta en sustituto permanente del crecimiento.
No basta repartir mejor si no conseguimos producir más. Ésa debe ser una discusión central del segundo tramo del gobierno. La política social puede reducir vulnerabilidad y mejorar condiciones inmediatas, pero la movilidad social sostenible requiere empleos productivos, mejores salarios, capacitación y crecimiento. Un país no puede construir prosperidad exclusivamente redistribuyendo la riqueza existente; necesita generar nueva riqueza.
Ahí también tiene Sheinbaum oportunidad de diferenciarse. Su formación científica puede resultar una ventaja si convierte la planeación, los datos, la evaluación y la evidencia en herramientas reales de gobierno. México necesita menos políticas públicas defendidas por identidad ideológica y más políticas medidas por resultados. Si algo funciona, debe fortalecerse. Si no funciona, debe modificarse. Y si una estrategia produjo beneficios en una etapa pero las circunstancias cambiaron, también debe existir capacidad para actualizarla. Gobernar con sello propio significa precisamente eso: tener capacidad para rectificar sin sentir que hacerlo representa traicionar al movimiento del cual se proviene.
Otro pendiente importante es salud. La transformación del sistema ha atravesado diversas etapas, estructuras y promesas. La ciudadanía necesita algo mucho más sencillo que cualquier discusión burocrática: encontrar medicamentos, recibir atención en tiempo razonable, obtener estudios, ser operada cuando corresponde y disponer de médicos suficientes. La eficacia de un sistema sanitario no se mide por el nombre del organismo que lo administra, sino por lo que ocurre cuando una persona enferma cruza la puerta de una clínica.
Ahí ya no caben demasiadas explicaciones sobre el pasado. El gobierno de López Obrador decidió modificar profundamente el modelo anterior; Sheinbaum recibió el sistema resultante y ahora le toca conseguir que funcione. Si necesita ajustes, debe hacerlos. La continuidad no puede significar conservar fallas para evitar reconocerlas. Una presidenta que ya ejerce poder propio tiene también libertad para corregir aquello que heredó de su propio movimiento.
Lo mismo ocurre en educación. Las becas pueden ser una herramienta muy importante para evitar abandono escolar, pero la educación no puede evaluarse solamente por cobertura o apoyos económicos. Hay que hablar de aprendizaje, matemáticas, comprensión lectora, ciencias, formación tecnológica, idiomas y habilidades para enfrentar un mercado laboral que está cambiando aceleradamente. La inteligencia artificial modificará profesiones y oficios con una velocidad que apenas comenzamos a entender. Un gobierno que presume vocación científica debería colocar la formación de capacidades en el centro de su estrategia.
También está el problema del agua, posiblemente uno de los desafíos estructurales más graves del país durante las próximas décadas. No se resolverá con una sola obra ni con una conferencia de prensa. Exige inversión, tecnificación agrícola, reparación de redes, tratamiento, reúso, coordinación entre niveles de gobierno y decisiones políticamente difíciles. México ya no puede comportarse como si el agua fuera recurso infinito. La presidenta tendrá que dejar infraestructura y políticas capaces de sobrevivir a su sexenio.
En energía ocurre algo similar. México necesita soberanía energética, pero soberanía no significa producir todo a cualquier costo ni rechazar inversión privada por principio. Necesitamos electricidad suficiente, confiable y competitiva para hogares e industria, mayor capacidad de transmisión, almacenamiento y generación limpia. Las empresas que evalúan establecer operaciones en México preguntan por energía antes de invertir. Sin ella, el nearshoring termina convirtiéndose en oportunidad desaprovechada.
Y está, inevitablemente, el combate a la corrupción. Ése quizá sea uno de los terrenos donde más debe exigirse. Ningún proyecto político puede proclamarse transformador si tolera corrupción entre los propios. Denunciar lo ocurrido en gobiernos anteriores puede ser válido, pero conforme transcurre el tiempo pierde eficacia como explicación del presente. El verdadero examen de cualquier gobierno llega cuando una irregularidad involucra a alguien cercano. La corrupción no deja de ser corrupción porque la cometa alguien del mismo movimiento, y probablemente pocas cosas podrían fortalecer más la autoridad de Sheinbaum que demostrar que ningún cargo, amistad, parentesco o cercanía política concede inmunidad.
Una presidenta con poder propio también necesita marcar distancia de quienes pretendan utilizar el movimiento como refugio. Esto vale igualmente para Morena. Claudia Sheinbaum es presidenta de México, no solamente dirigente moral de una mayoría política. Tiene derecho a impulsar su programa y utilizar la fuerza electoral que obtuvo, pero debe cuidar que la concentración de poder no termine debilitando los contrapesos que cualquier democracia necesita.
La enorme fortaleza legislativa del oficialismo implica una responsabilidad adicional. Una mayoría puede aprobar reformas; eso no significa que deba hacerlo sin escuchar. Tener votos suficientes para ganar una discusión no vuelve inútil la discusión. Una reforma puede mejorar cuando incorpora argumentos de expertos, oposición, organizaciones sociales, empresarios, académicos o ciudadanos afectados. La mayoría democrática da derecho a gobernar; no otorga infalibilidad.
Ése será otro elemento para medir el sello propio de Sheinbaum. López Obrador gobernó mediante una fuerte lógica de polarización política que le resultó extraordinariamente eficaz para construir identidad y conservar respaldo. Sheinbaum no parece necesitar exactamente la misma estrategia. Tiene una oportunidad para disminuir la confrontación sin renunciar a su proyecto. Eso no significa buscar unanimidad imposible. En democracia siempre habrá oposición y conflicto. Significa dejar de clasificar automáticamente a quien discrepa como enemigo. Un gobierno que se sabe fuerte puede escuchar sin sentirse amenazado, puede reconocer cuando el adversario tiene razón y puede construir acuerdos sin considerar que negociar equivale a rendirse.
El Segundo Informe llega precisamente cuando debería comenzar una etapa de mayor madurez política. El gobierno ya no es nuevo. La presidenta conoce plenamente el aparato federal, tiene equipo propio, ha realizado ajustes, controla razonablemente su mayoría y posee experiencia suficiente frente a las crisis que han aparecido. El aprendizaje inicial terminó. Ahora viene la ejecución.
Eso cambia también la forma en que debemos analizarla. Durante los primeros meses, prácticamente cada decisión despertaba la pregunta de qué habría hecho López Obrador. Ya resulta menos útil. Sheinbaum debe evaluarse contra sus propias promesas y contra las necesidades del país. Si algo funciona, reconocerlo; si algo falla, señalarlo. Sin nostalgia por el anterior presidente y sin prejuicio contra la actual. México necesita superar también esa obsesión con comparar permanentemente personalidades.
López Obrador construyó un liderazgo político excepcionalmente personalista y dejó una huella que permanecerá durante años. Sheinbaum no necesita imitarlo para demostrar continuidad ni combatirlo simbólicamente para demostrar independencia. Puede ejercer el poder a su manera. De hecho, quizá ésa sea una de sus mayores fortalezas. Su estilo es menos explosivo, más técnico y, en general, más orientado a administrar antes que a confrontar. Eso puede ser especialmente útil en una etapa donde México necesita estabilidad frente a un mundo extraordinariamente volátil.
Pero estilo no sustituye resultados. La serenidad es virtud si permite tomar mejores decisiones. El conocimiento técnico es ventaja si produce políticas más eficaces. La prudencia ayuda si no se convierte en lentitud. Y la disciplina política es positiva siempre que no derive en concentración excesiva.
Por eso el Segundo Informe no debería convertirse simplemente en una celebración de cifras escogidas para mostrar que todo marcha bien. Ningún gobierno tiene obligación de autoflagelarse en su informe, pero rendir cuentas tampoco debería consistir únicamente en enumerar logros. Un buen balance reconoce avances y pendientes. Hay resultados que el gobierno tiene razones para defender, políticas que deben profundizarse y problemas que todavía exigen respuestas mucho mejores. Así funciona cualquier administración real. La propaganda necesita gobiernos perfectos. La democracia necesita gobiernos evaluables.
El segundo año tiene además una característica particular: todavía queda tiempo suficiente para corregir prácticamente cualquier rumbo. Dentro de tres o cuatro años algunas decisiones serán mucho más difíciles de modificar. Ahora todavía existe margen para revisar estructuras, sustituir funcionarios que no funcionan, ajustar programas, acelerar inversiones y construir las reformas que deberían producir resultados antes de terminar el sexenio. Ésa es precisamente la utilidad de un informe: no solamente mirar hacia atrás, sino decidir qué debe cambiar hacia adelante.
Sheinbaum llega a esta etapa con una fortaleza política que muchos presidentes habrían deseado. Tiene mayoría, un partido dominante, respaldo social considerable y una oposición todavía incapaz de construir una alternativa nacional suficientemente sólida. Pero esas ventajas pueden convertirse también en riesgo. Cuando existe poca oposición externa, aumenta la necesidad de autocrítica interna. Cuando nadie puede obligarte fácilmente a corregir, tienes que desarrollar la capacidad de corregirte tú mismo.
Los gobiernos más vulnerables no siempre son los que enfrentan adversarios poderosos. A veces son aquellos donde nadie se atreve a decirle al poder que se está equivocando. Sheinbaum necesita gente capaz de hacerlo. Un gabinete que solamente confirme lo que la presidenta quiere escuchar terminará debilitándola. Los buenos colaboradores no son quienes dicen siempre que sí, sino quienes proporcionan información incluso cuando resulta incómoda y presentan alternativas antes de que un problema se convierta en crisis.
La presidenta ha demostrado hasta ahora una conducción personal cada vez más clara. Eso implica igualmente asumir plenamente el costo de las decisiones. Ya no puede existir eternamente la explicación de “así se recibió”. Dos años son suficientes para que un gobierno empiece a ser propietario de su presente. Todavía no son suficientes para exigir que haya resuelto todos los problemas de un país tan complejo, pero sí para saber hacia dónde va.
Ésa es la vara justa: no pedir milagros, pero sí exigir rumbo; no negar avances, pero sí señalar pendientes; no juzgarla por ser heredera de López Obrador, sino por ser presidenta de México.
Claudia Sheinbaum tiene hoy una oportunidad excepcional. Llegó con votos suficientes para gobernar, con mayoría legislativa y con un movimiento político dominante. Pero esa fortaleza será juzgada por aquello que haga con ella. Nadie puede asegurar todavía cómo evaluará la sociedad su gobierno cuando vuelva a las urnas. Eso se sabrá cuando llegue el momento. Lo que corresponde ahora es permitirle gobernar, exigirle resultados y recordar que toda mayoría democrática es temporal.
La ciudadanía ya habló una vez y le entregó el poder. Hablará nuevamente cuando corresponda y entonces decidirá si ese poder fue bien utilizado. Hasta entonces, la responsabilidad es de ella.
A Claudia Sheinbaum le quedan cuatro años de gobierno, tiempo suficiente para dejar una marca propia y profunda. Puede consolidar una política de seguridad más eficaz, aprovechar la integración económica de América del Norte sin subordinación, elevar inversión y productividad, mejorar salud y educación, fortalecer infraestructura, avanzar en la transición energética y demostrar que el combate a la corrupción también alcanza a quienes están cerca del poder. Puede hacerlo. Pero precisamente por eso debe exigírsele.
El Segundo Informe marca una frontera política. Ya conocemos el origen de su gobierno, sus referencias, sus alianzas y la herencia que recibió. Ahora empieza la etapa donde importará mucho más aquello que deje. Reconocer que Claudia Sheinbaum ya gobierna con su propio peso no es concederle una ventaja. Es aumentar su responsabilidad.
Porque desde ahora cada vez será menos convincente explicar los problemas mediante aquello que heredó y cada vez será más inevitable medirlos por lo que ella decidió hacer con esa herencia. López Obrador ya tuvo su sexenio. Éste es el de Claudia Sheinbaum. A ella le corresponde gobernar; a su antecesor, entender que su tiempo constitucional terminó; y a los ciudadanos, observar, exigir y decidir después.
La democracia no entrega poderes eternos: concede mandatos temporales y después pasa cuentas.
Y para bien o para mal, los resultados de este gobierno llevarán, cada vez más, el nombre de Claudia Sheinbaum.
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