Ha pasado un año desde que México estrenó una Suprema Corte surgida de la reforma judicial y de una inédita elección popular. El periodo de instalación terminó y también debería terminar el argumento de que toda deficiencia puede explicarse por la transición, por la novedad del modelo o por las dificultades naturales de una integración distinta. La Corte ya tuvo tiempo para acomodarse, definir procedimientos, conocerse internamente y empezar a mostrar de qué está hecha. Ahora tiene una obligación mucho más difícil que haber ganado votos: demostrar que puede impartir justicia con independencia, calidad técnica, oportunidad y autoridad constitucional.
Ese es el verdadero examen. Una Corte no se legitima solamente porque sus integrantes hayan obtenido respaldo electoral. Se legitima cada vez que una sentencia convence de que la Constitución pesó más que la política, que los derechos importaron más que las conveniencias y que los argumentos jurídicos fueron más importantes que las lealtades personales o partidistas. Haber pasado por las urnas puede otorgar un origen democrático distinto, pero no sustituye la exigencia de rigor técnico. El voto puede llevar a alguien al cargo; no puede escribir por él una buena sentencia.
A un año de distancia, la Suprema Corte llega a su aniversario en medio de una disputa interna por la presidencia que amenaza con ocupar más espacio que los asuntos verdaderamente trascendentes. Hay tensiones sobre la sucesión, diferencias acerca del mecanismo que debe aplicarse y confrontaciones que han deteriorado la imagen de colegialidad que debería proyectar el máximo tribunal.
Mientras los ministros discuten quién encabezará la institución, afuera siguen esperando personas, empresas, autoridades y organizaciones cuyos casos dependen de decisiones que pueden modificar derechos, libertades, patrimonio y reglas fundamentales de convivencia. La pugna interna puede ser importante para ellos; para el país, lo verdaderamente importante es otra cosa: qué resuelve la Corte y cómo lo resuelve.
La nueva integración ha resuelto miles de asuntos y sería injusto afirmar que no trabaja. La propia actividad del pleno muestra sesiones constantes, turnos de expedientes y resoluciones en materias constitucionales, fiscales y penales. El problema no es sostener que nada se ha hecho, sino preguntarse si, después de un año, la institución está resolviendo con la profundidad, velocidad y consistencia que México necesita.
Ahí aparecen los pendientes que ya no pueden seguir postergándose. Entre ellos se encuentran discusiones de enorme relevancia sobre prisión preventiva oficiosa, doble tributación, muerte digna y otros temas donde están en juego derechos fundamentales, seguridad jurídica y confianza en las instituciones. Son asuntos complejos, desde luego. Nadie debería pedir a la Corte sentencias improvisadas simplemente para cumplir una cuota de productividad. Pero tampoco puede convertirse la complejidad en excusa permanente para aplazar decisiones que llevan demasiado tiempo esperando. Una justicia tardía, incluso cuando finalmente llega bien argumentada, puede terminar siendo una justicia incompleta.
La eliminación de las salas especializadas y la concentración de prácticamente todos los asuntos en el pleno plantearon además un desafío operativo evidente. La nueva Corte debía demostrar que podía funcionar con un diseño diferente sin perder calidad ni capacidad de respuesta. Ese reto no es menor. La integración anterior distribuía trabajo entre salas con especialización temática; ahora el esquema obliga al pleno a absorber una carga distinta. Pero precisamente porque ése fue el modelo elegido, corresponde ahora demostrar que funciona. Una reforma institucional no puede evaluarse únicamente por las intenciones que la justificaron, sino por los resultados que produce. La Corte no fue elegida para administrar indefinidamente su propia transición. Fue elegida para impartir justicia.
México necesita una Suprema Corte que entienda algo básico: su principal capital no es el poder que posee, sino la confianza que consigue generar. El máximo tribunal puede invalidar leyes, resolver controversias entre poderes, establecer criterios obligatorios y definir el alcance de derechos constitucionales. Son facultades enormes. Pero ninguna institución conserva autoridad solamente porque la Constitución se la otorgue. La autoridad también se construye cuando quienes pierden un asunto reconocen que fueron escuchados, que los argumentos fueron tomados en serio y que la decisión final tiene una lógica jurídica comprensible.
Eso exige sentencias claras, coherencia, transparencia y explicación suficiente. El ciudadano no tiene por qué ser especialista en derecho constitucional para entender el sentido básico de una resolución que afecta su vida. Las sentencias pueden ser técnicamente complejas, porque muchas materias lo son, pero una Corte moderna también debe hacer un esfuerzo para comunicar. No basta producir cientos de páginas de razonamiento jurídico si la sociedad termina sin saber qué decidió el tribunal y por qué.
En ese terreno todavía hay mucho por hacer. Las sesiones públicas son importantes y la Corte mantiene versiones taquigráficas, registros de votación y herramientas de consulta que permiten seguir su actividad. Eso es valioso. Pero transparencia no significa únicamente publicar documentos. Significa también lograr que el razonamiento judicial sea comprensible, que las posiciones individuales puedan rastrearse y que exista claridad sobre los criterios que van formando jurisprudencia.
Una Suprema Corte especialmente expuesta al escrutinio político necesita todavía más rigor en ese aspecto. Desde la reforma judicial existía una preocupación razonable sobre la posibilidad de que los ministros fueran percibidos como representantes de grupos políticos, corrientes ideológicas o estructuras electorales en lugar de jueces constitucionales. Esa sospecha no desaparecerá porque quienes integran la Corte pidan confianza. Tendrá que disiparse con decisiones. Si una sentencia favorece al gobierno, debe quedar claro jurídicamente por qué; si lo contradice, también; si protege a una empresa frente a una autoridad, debe explicar el fundamento, y si protege al Estado frente a un interés particular, igualmente.
La independencia judicial no consiste en resolver siempre contra el gobierno. Eso también sería una forma de dependencia, sólo que en sentido inverso. Consiste en poder resolver a favor o en contra del poder sin que el criterio dependa de quién ocupa la Presidencia, qué partido tiene mayoría legislativa o qué costo político producirá el fallo. Esa será la verdadera prueba de esta Corte, porque resulta relativamente sencillo pronunciar discursos sobre independencia. Lo difícil llega cuando una resolución constitucionalmente correcta incomoda a quienes ayudaron a construir el sistema del cual uno forma parte.
Ahí se separa al juez del político. El político mide correlaciones. El juez debe medir constitucionalidad.
La elección popular de ministros introdujo una realidad que México tendrá que aprender a administrar: quienes integran la Corte tuvieron que pasar por un proceso electoral, generar reconocimiento público y recibir votos. Pero una vez terminado ese proceso, su conducta debe abandonar la lógica electoral. Un ministro no puede seguir actuando como candidato, buscando aprobación cotidiana, cultivando una base política o construyendo una marca personal. La toga exige otra clase de responsabilidad.
La popularidad puede ser útil para ganar una elección, pero no necesariamente para impartir justicia. De hecho, algunas de las decisiones constitucionales más importantes pueden resultar profundamente impopulares en determinado momento. Defender derechos de una minoría frente a una mayoría nunca ha sido una tarea electoralmente sencilla. Proteger el debido proceso de alguien socialmente rechazado puede resultar incómodo. Invalidar una política gubernamental respaldada por millones de personas puede generar ataques. Precisamente por eso existe un tribunal constitucional: para recordar que la democracia no es solamente gobierno de mayorías, sino también límites al poder y protección de derechos.
Si los ministros empiezan a preguntarse cómo reaccionará su electorado antes de votar, la reforma habrá producido uno de sus peores riesgos. El ciudadano votó para elegirlos, no para dictarles cada sentencia. Esa separación debe defenderse con claridad.
También debe reconstruirse la colegialidad. Una Suprema Corte no es nueve tribunales individuales compartiendo edificio. Es un órgano colegiado. Sus integrantes pueden tener diferencias profundas, escribir votos particulares y confrontar argumentos con intensidad. Eso es sano. Lo que resulta problemático es que las diferencias jurídicas se conviertan en conflictos personales permanentes o en bloques previsibles donde cada asunto parece resolverse según alineamientos previamente conocidos.
La deliberación sirve precisamente porque nadie debería llegar a una sesión completamente cerrado a escuchar al otro. Si cada ministro conoce de antemano cómo votarán todos los demás por afinidad política, la sesión pública terminaría siendo representación teatral de decisiones ya tomadas, y eso sería gravísimo. Una buena Corte no necesita unanimidad; necesita debate auténtico. Los mejores tribunales constitucionales del mundo tienen disensos intensos. Algunos de los votos minoritarios más célebres de la historia jurídica terminaron convirtiéndose años después en doctrinas dominantes. El desacuerdo fortalece a una institución cuando es intelectual, argumentado y respetuoso. La debilita cuando deriva en descalificaciones, protagonismos o disputas por posiciones administrativas.
Por eso la pelea por la Presidencia resulta especialmente desafortunada si termina eclipsando el aniversario. La Presidencia de la Corte importa. Quien la ocupa administra, representa institucionalmente y puede influir en prioridades y funcionamiento interno. Pero México no necesita una Corte obsesionada consigo misma. Necesita una Corte obsesionada con resolver bien. La Presidencia no debería ser trofeo; debería ser responsabilidad. Y quien aspire a ella tendría que explicar menos por qué merece ocuparla y más qué hará para mejorar tiempos, coordinación, transparencia y calidad jurisdiccional.
El aniversario ofrece una oportunidad para hacer precisamente ese balance. No una ceremonia de autocomplacencia, pero tampoco un ejercicio de demolición. La nueva Corte heredó problemas de la anterior y enfrenta dificultades estructurales que no comenzaron hace doce meses. México arrastra desde hace décadas una justicia lenta, costosa, desigual y, para una enorme parte de la población, distante. Sería absurdo atribuir todos esos problemas a nueve ministros, pero igualmente sería equivocado utilizar esa historia como coartada.
Si la reforma prometió transformar la justicia, entonces debe poder medirse. ¿Se resuelven más rápido los asuntos? ¿Hay mayor claridad en los criterios? ¿Existe mejor acceso ciudadano? ¿Las sentencias son técnicamente sólidas? ¿La Corte actúa con independencia? ¿Ha mejorado la confianza? ¿Existe menor distancia entre el máximo tribunal y la sociedad? Ésos son los indicadores verdaderamente relevantes, no cuántas veces aparece un ministro en redes sociales, qué tan conocida es su imagen o cuántos votos obtuvo hace un año. La justicia no puede convertirse en concurso de popularidad.
Hay además un peligro institucional que debe evitarse desde ahora: creer que la legitimidad electoral convierte a los ministros en poderes políticos equivalentes a los legisladores. No es así. La función judicial es distinta. Un diputado puede decir legítimamente que votará conforme al programa que ofreció a sus electores. Un juez constitucional no debería resolver conforme a una plataforma electoral. Debe resolver conforme a la Constitución, los tratados, la ley y los principios jurídicos aplicables. Esa diferencia puede parecer teórica, pero es esencial. Si desaparece, desaparece también la división de poderes.
La Corte debe ser capaz de contener al Ejecutivo cuando exceda sus facultades, al Legislativo cuando apruebe normas contrarias a la Constitución, a los gobiernos estatales cuando invadan competencias y también a jueces inferiores cuando interpreten incorrectamente derechos. Pero para ejercer esa autoridad necesita preservar credibilidad. La credibilidad judicial se construye lentamente y puede perderse en una sola mala decisión.
Por eso asuntos como la prisión preventiva oficiosa son particularmente importantes. Ahí se enfrentan preocupaciones legítimas de seguridad pública con principios igualmente fundamentales de presunción de inocencia, libertad personal, debido proceso y obligaciones internacionales del Estado mexicano. No existe una respuesta sencilla. Precisamente por eso necesitamos una Corte capaz de producir un razonamiento jurídicamente robusto y no una resolución diseñada para satisfacer a uno u otro sector.
Lo mismo ocurre con temas fiscales. La certeza jurídica importa tanto al contribuyente como al Estado. Un sistema tributario necesita recaudar, pero también reglas claras que permitan a personas y empresas saber cuáles son sus obligaciones. Cuando existen controversias sobre doble tributación o interpretación de disposiciones fiscales, retrasar indefinidamente criterios genera costos económicos reales. Y la muerte digna coloca sobre la mesa uno de los debates bioéticos más complejos de nuestro tiempo: autonomía, sufrimiento, derecho a la salud, dignidad humana y límites de intervención estatal. La Corte tendrá la oportunidad de construir criterios de enorme trascendencia. No se le pide resolverlos rápidamente por presión mediática; se le pide resolverlos bien y asumir la responsabilidad histórica que implican.
Ahí está precisamente la dimensión que debería recuperar el máximo tribunal. Sus decisiones importan muchísimo. Detrás de cada expediente existen personas. Un número de toca puede esconder años de prisión; una controversia fiscal puede definir la supervivencia de una empresa; un amparo puede cambiar la vida de una familia; una acción de inconstitucionalidad puede modificar las reglas para millones. Cuando la Corte tarda, no se retrasa solamente un documento. Se retrasa una respuesta del Estado.
Por eso medir productividad judicial únicamente por número de asuntos también sería insuficiente. Resolver mucho no significa necesariamente resolver bien, pero resolver poco tampoco puede convertirse en sinónimo de profundidad. La eficiencia y la calidad no son enemigas. Una institución de este nivel debe aspirar a ambas.
Y para lograrlo necesita organización interna.
La reforma modificó estructuras, desapareció las salas especializadas y creó una dinámica distinta de trabajo. Si ese diseño genera cuellos de botella, hay que reconocerlo y corregir procedimientos dentro de lo permitido. No tiene sentido defender una modalidad ineficiente solamente porque es nueva. Las instituciones deben aprender de su propia experiencia y también ahí hay espacio para rectificar.
La Corte podría incluso enviar una señal de enorme madurez si, al cumplir su primer año, presentara un balance público claro: cuántos asuntos recibió, cuántos resolvió, cuánto tardó en promedio, dónde están los mayores rezagos, qué materias concentran atrasos y qué piensa hacer para corregirlos. No propaganda. Información. La rendición de cuentas no compromete independencia; la fortalece.
Un tribunal constitucional no debe rendir cuentas sobre el sentido político de sus decisiones, pero sí sobre su funcionamiento institucional. Puede explicar tiempos, procesos, cargas de trabajo y mecanismos para mejorar. Una ciudadanía que entiende cómo trabaja una Corte tiene mejores herramientas para juzgarla.
Y la sociedad debe juzgarla con seriedad. Ni asumir que todo está mal porque se rechazó la reforma judicial, ni aceptar que todo funciona porque se simpatiza con ella. La elección ya ocurrió. La integración ya está ahí. Ahora corresponde evaluar resultados. Quienes se opusieron a la reforma deberían reconocer las buenas decisiones cuando existan. Quienes la defendieron deberían ser los primeros en exigir rigor cuando aparezcan deficiencias. Convertir cada sentencia en plebiscito sobre la reforma sólo empobrece la discusión.
La Corte necesita dejar de ser símbolo político y volver a ser institución jurídica. Ése debería ser su objetivo para el segundo año: menos protagonismo personal, más jurisprudencia; menos pugnas internas, más colegialidad; menos discursos sobre legitimidad, más razones para merecerla.
México atravesó una reforma judicial que polarizó profundamente al país. Hubo quienes la consideraron indispensable para romper privilegios y acercar la justicia a la sociedad, y quienes advirtieron riesgos graves para independencia, profesionalización y división de poderes. Muchas de aquellas diferencias siguen vigentes. Pero existe una manera concreta de empezar a resolver parte de esa discusión: observar cómo funciona realmente la nueva Corte.
Si demuestra independencia frente al gobierno, algunos temores perderán fuerza. Si produce sentencias técnicamente sólidas, aumentará su autoridad. Si disminuye rezagos, habrá resultados que defender. Si protege derechos aun cuando resulte políticamente incómodo, habrá construido legitimidad. Si, por el contrario, las decisiones parecen responder a afinidades, si los grandes asuntos continúan acumulándose y si las disputas internas ocupan más espacio que el trabajo jurisdiccional, las críticas crecerán con razón.
La nueva Corte tiene entonces una oportunidad extraordinaria. No necesita pedir que olvidemos la polémica que acompañó su nacimiento. Necesita superar esa polémica mediante su desempeño. La reforma prometió acercar la justicia a la gente. Un año después ya no bastan ceremonias, discursos, símbolos ni explicaciones sobre el cambio de modelo. La Suprema Corte tiene que demostrar que puede ser independiente, técnicamente sólida, eficiente y útil para quien espera una resolución.
Sus ministros no deben preocuparse tanto por cómo serán recordados dentro de la disputa política de 2025, sino por cómo serán evaluadas sus sentencias dentro de veinte años. Porque las mayorías cambian, los gobiernos terminan y las presidencias de la Corte pasan, pero los precedentes permanecen.
Una Corte no se legitima porque sus ministros hayan obtenido votos; se legitima cada vez que una sentencia demuestra que la Constitución pesó más que la política. El primer año ya terminó y también el periodo de gracia.
El tiempo de explicar cómo llegó la nueva Corte terminó. Ahora empieza el tiempo de demostrar para qué sirve.