Claudia Sheinbaum llega al cierre de su segundo año de gobierno con una posición política que pocos presidentes mexicanos han tenido: una victoria electoral amplia detrás de ella, mayoría legislativa, un movimiento todavía dominante, una oposición fragmentada y niveles de aprobación que continúan siendo altos. Todo eso representa fortaleza, pero también representa responsabilidad. Sheinbaum está ante la oportunidad de convertir una mayoría electoral en una legitimidad mucho más profunda: la que se obtiene cuando incluso una parte de quienes no votaron por alguien termina reconociendo que gobernó bien.
Eso no significa que quienes se opusieron a ella deban abandonar sus convicciones, dejar de criticar o convertirse en simpatizantes de Morena. La democracia funciona exactamente al contrario: quien gana gobierna, quien pierde vigila, señala, propone y busca convertirse después en alternativa. Pero existe algo que debería estar por encima de cualquier identidad partidista: que al país le vaya bien. Una persona puede no haber votado por Claudia Sheinbaum y, sin embargo, querer que tenga éxito en seguridad, economía, salud, educación o política exterior, porque el fracaso de un gobierno no perjudica exclusivamente al partido gobernante. Lo paga todo el país.
Ésa es quizá una de las oportunidades más interesantes que tiene hoy la presidenta.
No solamente conservar a quienes la llevaron a Palacio Nacional, sino conseguir que algunos ciudadanos que votaron por otra opción puedan decir cuando termine el sexenio: “yo no la elegí, pero gobernó mejor de lo que esperaba”. Alcanzar eso sería políticamente mucho más significativo que mantener intacto el voto propio. Una elección se gana con votos; una presidencia se legitima también con resultados.
Sheinbaum tiene razones para defender parte de su desempeño. Ha construido una conducción más técnica y menos estridente que la de su antecesor, ha administrado con prudencia una relación extraordinariamente compleja con Donald Trump, imprimió a la política de seguridad mayor énfasis en inteligencia, investigación y coordinación y ha mostrado capacidad para mantener cohesión política sin recurrir permanentemente a la confrontación. También ha defendido la austeridad, la inversión, los programas sociales, la recuperación salarial y la llamada prosperidad compartida, además de sostener que el gobierno debe conducirse con honradez. Todo eso puede reconocerse sin convertir el reconocimiento en cheque en blanco.
También ha comenzado a demostrar que puede gobernar con un estilo propio. Durante buena parte del primer año una pregunta acompañó prácticamente cada decisión: cuánto había de Sheinbaum y cuánto seguía siendo López Obrador. Esa discusión empieza a perder utilidad. La propia presidenta ha insistido en que su gobierno conserva continuidad de proyecto, pero tiene conducción propia. Es razonable. No necesita romper con López Obrador para demostrar autonomía. Puede reconocer una herencia política, conservar políticas que considera valiosas y, al mismo tiempo, asumir que la responsabilidad constitucional ya es exclusivamente suya.
Ahí aparece, sin embargo, una prueba todavía pendiente y quizá más importante que muchas otras: demostrar que el Estado aplica la ley sin distinguir entre adversarios y cercanos.
Uno de los grandes talones de Aquiles de la administración anterior fue precisamente la percepción de opacidad frente a cuestionamientos que alcanzaban al círculo próximo del poder. López Obrador hizo de la honestidad una de sus banderas más poderosas y probablemente millones de personas creyeron sinceramente que su llegada significaba una ruptura con prácticas de gobiernos anteriores. Sin embargo, conforme surgieron investigaciones periodísticas, denuncias o cuestionamientos alrededor de personas cercanas, incluidos integrantes de su propia familia, su reacción política fue muchas veces cerrar filas, desacreditar las acusaciones o asumirlas como ataques contra su proyecto.
Eso produjo una contradicción que terminó dañando parte de la fuerza moral de aquel discurso. No porque toda acusación hubiera quedado demostrada —sería irresponsable afirmar algo semejante—, sino porque la ciudadanía necesita saber que cuando aparece un señalamiento serio existe disposición a investigarlo independientemente del apellido involucrado. El problema de un gobierno no comienza solamente cuando se prueba la corrupción. También comienza cuando surge la percepción de que alguien podría recibir un trato diferente por su cercanía con el poder.
Sheinbaum parte de una posición distinta. No carga personalmente con una fama de corrupción ni existe hoy una narrativa dominante que la presente como alguien que llegó al poder para enriquecerse. Ha enfrentado cuestionamientos políticos por responsabilidades correspondientes a etapas anteriores de su carrera pública, entre ellas la Línea 12 del Metro y el Colegio Rébsamen, pero eso es distinto de afirmar que exista evidencia de enriquecimiento ilícito personal. Esa diferencia importa y le concede una oportunidad que debería aprovechar.
La gran oportunidad de Sheinbaum es convertir la honestidad de discurso en imparcialidad de Estado.
No se trata de iniciar persecuciones para demostrar independencia ni de satisfacer a opositores que quisieran ver permanentemente investigaciones contra figuras de Morena.
Tampoco corresponde a la Presidencia declarar culpable a nadie. Se trata exactamente de lo contrario: dejar que las instituciones investiguen, que fiscales y jueces actúen, que existan pruebas, defensa y debido proceso, y que el resultado no dependa de la cercanía política de quien aparezca señalado.
No se trata de perseguir a los propios para demostrar independencia. Se trata de no protegerlos para demostrar Estado de derecho.
Ése puede ser uno de los puntos de ruptura más saludables respecto de la administración anterior. López Obrador tuvo virtudes y errores que la historia terminará evaluando, pero el hábito de responder personalmente a cuestionamientos sobre colaboradores o familiares convirtió demasiados asuntos institucionales en pleitos políticos. Sheinbaum puede hacer algo diferente: no defender anticipadamente a nadie y tampoco condenarlo. Simplemente dejar que investigue quien deba investigar y que la ley determine.
Eso produciría una enorme ganancia institucional. Un gobierno realmente fuerte no necesita impedir investigaciones ni controlar todas sus conclusiones. La presidenta podría incluso beneficiarse políticamente de una regla semejante porque enviaría una señal muy clara: quien ocupa un cargo público bajo su administración sabe que su militancia no constituye seguro contra responsabilidades. Eso probablemente evitaría también comportamientos indebidos antes de que ocurran. La impunidad no se combate únicamente castigando; también se combate haciendo creíble la posibilidad de que habrá consecuencias.
La honestidad, además, no se mide únicamente por la austeridad personal de un presidente ni por cuántos vehículos oficiales deja de comprar. También se mide por la calidad de las contrataciones, la competencia entre proveedores, la publicidad de los documentos, la capacidad de las auditorías, las sanciones administrativas y la independencia con que operan las instituciones encargadas de investigar. Eso debe valer para todos los gobiernos y para todos los partidos. También para Morena.
Y precisamente porque Sheinbaum conserva una mayoría tan grande, su responsabilidad aumenta. Las mayorías dan capacidad para actuar, pero también eliminan pretextos. Un Ejecutivo que controla una amplia base legislativa tiene menos posibilidades de explicar la falta de resultados por bloqueos políticos. Puede impulsar reformas, aprobar presupuestos y construir instituciones. Si después de cuatro o seis años determinados problemas siguen intactos, habrá que mirar inevitablemente hacia quien tuvo los instrumentos para resolverlos.
La fuerza política es una ventaja. También puede convertirse en carga.
Por eso la presidenta debería cuidarse particularmente de un fenómeno frecuente en gobiernos dominantes: que la lealtad partidista termine sustituyendo el mérito, la capacidad o la honestidad. Morena entrará progresivamente en la lógica electoral de 2027 y aparecerán aspiraciones, grupos, disputas y candidaturas. Ahí se verá hasta dónde llega la voluntad presidencial de establecer límites. Un movimiento político empieza a perder autoridad cuando considera que cualquier candidato propio merece protección simplemente porque enfrente a un adversario de otro partido. La primera pregunta no debería ser solamente quién puede ganar, sino también quién puede gobernar con decencia y eficacia.
La honradez debe empezar desde la selección, porque investigar después a un mal funcionario nunca será tan bueno como evitar colocarlo inicialmente en el cargo.
Sheinbaum tiene también la oportunidad de construir una relación distinta con la crítica. Un gobierno fuerte no debería considerar que todo señalamiento intenta derribarlo. La oposición puede exagerar, mentir o utilizar políticamente una denuncia; los medios también pueden equivocarse. Pero ninguna de esas posibilidades convierte automáticamente en falsa cualquier información incómoda. La respuesta más poderosa no es desacreditar al mensajero, sino comprobar los hechos.
Si una acusación es falsa, una investigación seria puede demostrarlo. Si resulta verdadera, permite actuar. En ambos casos gana el Estado.
Lo mismo ocurre con el trabajo periodístico. Durante años México ha vivido una relación difícil entre poder y prensa. Todos los gobiernos han tenido periodistas a los que consideran adversarios, medios que los incomodan y publicaciones que juzgan injustas. La madurez institucional consiste en aceptar que eso forma parte del ejercicio democrático. La autoridad dispone de suficientes herramientas para responder, informar y desmentir sin convertir cada investigación en disputa personal.
Ese estilo puede convertirse en otro elemento de legitimidad para Sheinbaum: menos pelea, más información; menos descalificación, más evidencia; menos defensa automática, más instituciones.
Y todo esto no significa ignorar los demás pendientes. La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, pese a que el gobierno presume reducciones en homicidios. Ahí se necesita perseverar y conseguir que los avances estadísticos se traduzcan en percepción cotidiana. La gente mide seguridad cuando camina por la calle, abre un negocio, utiliza una carretera o deja salir a sus hijos.
En economía falta crecer más. Los salarios han mejorado y los programas sociales sostienen ingresos importantes para millones de familias, pero si la economía avanza lentamente llegará un momento en que distribuir mejor no será suficiente. México necesita generar más riqueza, elevar productividad, incorporar valor agregado, mejorar infraestructura y convertir inversión en empleos capaces de sostener movilidad social.
En salud todavía hay distancia entre objetivos y experiencia ciudadana. Un paciente no evalúa al gobierno mediante organigramas. Lo evalúa por disponibilidad de medicamentos, médicos, estudios, operaciones y tiempos de espera.
En educación hace falta avanzar más allá de becas y cobertura hacia aprendizaje, formación técnica, comprensión lectora, matemáticas, ciencia, idiomas y competencias digitales. En agua, energía e infraestructura existen desafíos estructurales que no pueden esperar a la última parte del sexenio.
Y en política exterior continuará la extraordinaria dificultad de convivir con un Donald Trump imprevisible sin caer ni en confrontación permanente ni en subordinación.
Es decir, no faltan pruebas. Pero Sheinbaum tiene algo que muchos gobiernos pierden muy pronto: tiempo, aprobación y capacidad política.
Todavía puede corregir. Todavía puede acelerar. Todavía puede cambiar funcionarios que no funcionen. Todavía puede modificar políticas. Y todavía puede evitar que algunos problemas se conviertan en cargas definitivas de su administración.
Eso es precisamente una oportunidad.
No una garantía.
La diferencia entre ambas dependerá de lo que haga con los próximos años.
También conviene entender que legitimidad y popularidad no son exactamente lo mismo. Una presidenta puede conservar niveles elevados de aprobación y al mismo tiempo debilitar instituciones. O puede atravesar momentos impopulares y tomar decisiones que después se reconozcan como correctas. La verdadera legitimidad presidencial se construye cuando existe una percepción más amplia de que el poder se ejerce con responsabilidad, que la ley vale y que los resultados justifican las facultades otorgadas.
Sheinbaum ganó claramente la Presidencia. Esa discusión está terminada. Ahora empieza otra mucho más interesante: qué hará con ella.
Y quizá la mayor posibilidad que tiene sea ampliar su legitimidad más allá del electorado que ya la apoyaba. No necesita convencer a todos. Eso sería imposible. Hay opositores que jamás aprobarán nada que haga y simpatizantes que probablemente justificarían casi cualquier decisión. El espacio políticamente importante está en medio: ciudadanos capaces de reconocer avances y también exigir pendientes.
A ellos debería hablarles con resultados. A ellos debería demostrarles que la mayoría no significa abuso, que continuidad no significa subordinación a López Obrador, que combatir corrupción no significa perseguir adversarios y proteger aliados, que austeridad no significa debilitar instituciones, que disciplina partidista no significa impunidad y que gobernar para todos significa precisamente aplicar las mismas reglas a todos.
Ahí podría construirse una Presidencia verdaderamente propia. No rompiendo con López Obrador por espectáculo, no renegando del movimiento que la llevó al poder y no compitiendo con su antecesor. Simplemente gobernando mejor donde pueda hacerlo y corrigiendo aquello que considere necesario.
López Obrador ya tuvo su oportunidad y será juzgado por ella. Ésta es la de Claudia Sheinbaum. Y también al expresidente corresponde entenderlo. Su tiempo constitucional terminó y la mejor manera de proteger su propio legado es permitir que su sucesora ejerza plenamente el mandato que recibió.
La ciudadanía ya tomó una primera decisión cuando acudió a las urnas. Dentro de algunos años tomará otra y entonces evaluará no solamente promesas, discursos o lealtades políticas, sino resultados. Ahí se sabrá si quienes votaron por Sheinbaum consideran que acertaron y, quizá más importante todavía, si una parte de quienes votaron contra ella termina reconociendo que el país fue bien gobernado.
Una elección otorga el poder; gobernar bien construye legitimidad; aplicar la ley incluso a los cercanos construye autoridad moral.
Sheinbaum está ante esa oportunidad.
Aprovecharla depende de ella.
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