“El gobernante que no sabe esperar, se gobierna por su propia ansiedad”.
Baltasar Gracián
Mientras el país sigue procesando la caída de El Mencho y las ondas expansivas que eso dejó en la seguridad pública, el reacomodo mismo del narco y la relación de México con Estados Unidos, Claudia Sheinbaum decidió abrir el frente electoral…
Algunos columnistas han dicho que esto es un error táctico. Que no era el momento. Que debió cerrar primero la crisis y luego meterse con las reglas del juego político. Puede ser, y reforzaría una hipótesis que sí comparto: que ella no estaba enterada del seguimiento preciso que se le estaba dando al capo y que podía desembocar en su captura. Pero incluso esa lectura se queda en la superficie. Les digo por qué:
El problema no fue el timing. El problema ha sido la ansiedad.
Una reforma electoral no es una iniciativa más. Es una intervención quirúrgica al sistema nervioso central del poder. Y se presenta cuando hay fortaleza, no cuando todavía se está midiendo la profundidad de una sacudida nacional como la que provocó la captura —o caída— del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Porque aquí está el ángulo que pocos comentócratas están tocando: abrir la discusión electoral en este momento no solo distrae; expone la necesidad de la primera mandataria de reafirmar control político interno.
Cuando el Ejecutivo decide modificar las reglas de representación mientras sus propios aliados —PVEM y PT— empiezan a marcar distancia por las listas plurinominales, no estamos ante una simple diferencia legislativa. Estamos viendo algo más delicado: una prueba temprana de autoridad dentro de la coalición gobernante. Y ahí está el riesgo real de naufragio.
Y aclaro: esto no es porque la oposición tenga los votos o porque la reforma sea técnicamente inviable (que sí lo es), sino porque la coalición que debería empujarla empieza a calcular costos propios.
Si los aliados defienden listas es porque saben algo elemental: el rediseño propuesto altera sus probabilidades de supervivencia política. Y en política, obvio, nadie vota su propia irrelevancia.
Lo interesante —y peligroso para Palacio Nacional— es que si la reforma se atora, el relato no será “la oposición bloqueó el cambio”. Será mucho peor: “ni siquiera su bloque la respaldó sin condiciones”. Y eso no solo erosiona la iniciativa misma. Erosiona la narrativa de liderazgo indiscutido, a pesar de la popularidad de Sheinbaum.
Además, hay un segundo nivel en este análisis que casi nadie —columnistas y actores políticos— ha querido verbalizar: tras la caída de El Mencho, la presión internacional y la expectativa de reacomodos internos en materia de seguridad colocaron a la presidencia bajo un escrutinio muy fino. Uno que no había tenido antes.
Esto podría tener su ventaja: adquirir prestigio. ¿La desventaja? Perderlo por completo.
En ese contexto, mover el tablero electoral puede leerse —dentro y fuera— como un intento de consolidación política preventiva. Ojo: no es acusación. Es lectura estratégica.
Las reformas estructurales que nacen bajo percepción de urgencia política suelen generar mucha sospecha. No porque sean legítimas o no, sino porque parecen diseñadas para blindar poder antes de que cambie la correlación de fuerzas. Porque anuncian ese cambio, específicamente.
Y eso abre otro flanco: el de la confianza con su gobierno y, de paso, con el movimiento que en este momento ella encabeza.
Si la iniciativa avanza con resistencias internas, cada concesión parecerá debilidad. Si se impone, parecerá imposición. Si se cae, parecerá derrota. Es un triángulo incómodo en el que hoy está la reforma.
¿Quieren mi opinión? El naufragio no es inevitable. Pero la tormenta no viene de la oposición; viene de los cálculos internos.
Una presidencia fuerte puede abrir todos los frentes que quiera. Una presidencia que aún está midiendo el impacto de una crisis de seguridad de alto perfil quizá debería priorizar consolidar antes que rediseñar. Porque cuando modificas las reglas del juego mientras el tablero todavía vibra, el mensaje que transmites no es audacia. Es inquietud. Y la inquietud, en política, se contagia.
En los corrillos legislativos ya se escucha algo más delicado: que la verdadera preocupación no son las listas en sí, sino el precedente. Si hoy se rediseña el mecanismo de representación sin negociación horizontal real, mañana podría hacerse lo mismo con candidaturas, dirigencias o distribución territorial del poder.
Dicho de otro modo: el debate no es técnico; es de confianza. Algunos operadores aliados temen que la reforma no sea solo una modernización electoral, sino un movimiento para concentrar aún más el control político en el partido dominante, reduciendo el margen de negociación futura. Lo que es más: lo que está en juego no es solo la Cámara. Es la arquitectura de 2027.
Si la reforma prospera con fracturas internas, el costo se pagará en cohesión electoral intermedia. Si se cae, el mensaje será que la presidencia no logró alinear ni siquiera a su propia coalición en su primera gran cirugía institucional.
Ese es el dilema real para Claudia Sheinbaum: insistir puede convertir la reforma en una demostración de músculo… o en una exhibición de límites.
Si la reforma naufraga, no será por culpa de la oposición. Será porque el cálculo interno no cerró. Si avanza a medias, quedará como una reforma debilitada desde su origen. Y si se impone sin consensos amplios, sembrará resentimientos que florecerán cuando más se necesite cohesión.
La pregunta, entonces, no es si la reforma es buena o mala. La pregunta es si la presidencia midió correctamente el momento político para enviarla.
A veces lo que naufraga no es la reforma, sino la autoridad.
Giro de la perinola
Y aquí aparece la contradicción que pocos quieren tocar porque incomoda el relato dominante: Claudia Sheinbaum mantiene niveles de aprobación extraordinariamente altos.
Las encuestas la colocan en un rango de respaldo que cualquier presidente en América Latina envidiaría. Hay capital político. Hay legitimidad de origen. Hay narrativa de continuidad exitosa.
Entonces, ¿cómo se explica que una reforma estructural impulsada desde esa posición de fortaleza enfrente resistencias internas tan visibles?
Creo que la respuesta no es que la popularidad sea falsa. La respuesta es que la popularidad no equivale automáticamente a control político. Allí está el detalle.
La aprobación mide percepción ciudadana. La autoridad se mide en disciplina legislativa. Y son cosas distintas.
Un presidente puede ser querido por amplios sectores de la población y, al mismo tiempo, enfrentar cálculos fríos dentro de su propia coalición. Porque los aliados no votan con el corazón del sentir ciudadano; votan con la matemática de su supervivencia y de su futuro financiero sustentado en vivir del erario.
Ahí está la paradoja: cuanto más alta es la aprobación, más costoso resulta admitir límites. Y cuando esos límites aparecen —en forma de aliados que negocian, condicionan o retrasan— el contraste se vuelve más evidente.
El riesgo estratégico no es perder popularidad por la reforma. El riesgo es que quede expuesta la diferencia entre respaldo social y capacidad de imponer agenda sin rompimientos.
Porque si con estos niveles de aprobación la reforma enfrenta turbulencias, el mensaje implícito es inquietante: la fortaleza presidencial depende más del humor público que de una cohesión política orgánica genuina. ¿Y qué es más importante? ¿Qué pesa más?
Yo creo que el humor público cambia. Las estructuras de poder, en cambio, cuando se erosionan, tardan más en reconstruirse.
Todo esto habla de algo muy delicado: los márgenes reales de maniobra del Ejecutivo en su primer gran rediseño institucional.
La popularidad puede ganar elecciones. La autoridad sostiene reformas y gobiernos. Si ambas no caminan al mismo ritmo, tarde o temprano la tensión se nota.
Y en política, cuando la tensión se nota, alguien empieza a contar votos con más frialdad que entusiasmo. Ahí es donde se sabrá si la reforma era una demostración de fuerza… o la primera señal de que el capital político no siempre se traduce en control estructural.