“La participación sin redistribución del poder es un proceso vacío y frustrante para quienes carecen de él”.
Sherry Arnstein
“Espere en la línea; su opinión es muy importante para nosotros”. Así funciona la participación ciudadana en el gobierno de quienes hicieron del asambleísmo y la mano alzada una supuesta filosofía democrática: se abre una consulta, se reciben 8,889 intervenciones, se clasifica 94.7% como simples “puntos de vista” y apenas 5.3% como “propuestas”.
A las audiencias —entiéndase al “pueblo de México”— se les preguntó cómo querían ser protegidas. Las audiencias respondieron que no querían ser protegidas de la manera propuesta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones: 82.2% de las participaciones rechazó el proyecto y solo 9.7% lo respaldó. Tres días hábiles después de concluida la consulta, la CRT aprobó los lineamientos por unanimidad…
Así entiende la participación el segundo piso de la transformación: todos pueden opinar mientras la opinión no altere lo decidido. La contradicción es casi perfecta: la institución encargada de proteger los derechos de las audiencias decidió que la opinión mayoritaria de esas mismas audiencias no era determinante.
Sherry Arnstein colocó la consulta sin capacidad real de incidencia en uno de los peldaños del tokenismo: participación de escaparate utilizada para legitimar decisiones tomadas desde arriba. En el México de Pepe Merino se llama simulación; en cualquier ventanilla telefónica, mantener al usuario en la línea hasta que se canse y cuelgue.
Y “línea” resulta aquí una palabra particularmente útil: es la línea telefónica en la que nadie atiende, los lineamientos de la CRT, la línea editorial que el poder pretende disciplinar y la línea política trazada desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La presidenta formal de la CRT es Norma Solano Rodríguez, designada por Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la Comisión ya no posee la autonomía constitucional que tenía el extinto IFT: es un órgano jerárquicamente subordinado a la Agencia encabezada por José Antonio Peña Merino, y la mayoría de sus integrantes procede del equipo de este. Solano firma, Merino ejerce el mando político y Sheinbaum responde por la arquitectura que concentra el poder. Me parece que la cadena de subordinación está bastante más clara que los lineamientos…
Merino es el funcionario ideal del nuevo régimen: acumula poder político bajo una apariencia técnica y toma decisiones profundamente políticas hablando el idioma pretendidamente neutral de los datos, los procesos y las plataformas. El suyo es el poder que no levanta la voz ni ensucia sus manos: diseña el sistema para que otros ejecuten sus consecuencias.
Ahora bien, sería falso afirmar que el texto definitivo quedó igual que el anteproyecto sometido a consulta. La presión funcionó en parte: la CRT eliminó la prohibición expresa de difundir información “falsa o descontextualizada”, acotó los supuestos en los que puede intervenir y limitó las sanciones a tres incumplimientos administrativos. Pero reconocerlo —todos y yo— no absuelve al gobierno; demuestra hasta dónde llegó el proyecto antes de encontrar resistencia. La 4T retira los excesos más indefendibles, pero conservaron la infraestructura administrativa.
Aquí aparece el chilling effect, o efecto inhibitorio. Ya lo he dicho en otras contribuciones: no hace falta prohibir una expresión, basta con aumentar el riesgo, el costo y la incertidumbre de emitirla para que periodistas, conductores y concesionarios comiencen a moderarse antes de hablar. Los cuatroteístas le llaman “autocensura”, como si el prefijo exonerara a la autoridad que creó los incentivos para producirla.
En otras palabras. Es obvio que la 4T no necesita ordenar que se calle un periodista. Le basta con conseguir que, antes de hablar, el medio calcule cuánto puede costarle hacerlo. Es un método bastante más inteligente —y más inquietante— que el del censor tradicional. También más perverso.
La censura administrativa no requiere que un funcionario tache personalmente una frase. Puede operar mediante códigos de ética registrados ante el regulador, defensorías, procedimientos de queja, obligaciones para etiquetar información y opinión, supervisión, expedientes y costos jurídicos por cada controversia. No borra necesariamente lo que ya se dijo: condiciona lo que alguien se atrevería a decir mañana…
Pepe Merino utilizó la consulta como prueba de resistencia regulatoria. El ejercicio sirvió para detectar qué disposiciones generaban demasiado rechazo, retirar lo indispensable y conservar el entramado. No fue una deliberación para compartir la decisión, sino un estudio para calcular cuánta intervención podían soportar los medios sin que pareciera censura.
La asimetría termina de revelar el propósito real de la administración morenista. Los lineamientos obligan a la radio y la televisión a diferenciar información, opinión y publicidad. No existe, en cambio, un mecanismo independiente equivalente que etiquete la propaganda, las falsedades o las condenas anticipadas difundidas desde la mañanera o desde cualquier ámbito público. “El gobierno miente y nadie lo evalúa”, señalaron, con distintas formulaciones, 1,026 participantes. Tampoco fueron escuchados.
Aquí lo fundamental. Pepe Merino no está protegiendo a las audiencias de los medios. Está protegiendo al poder de lo que dicen, investigan y exhiben los medios y, sobre todo, de las propias audiencias. Es ventriloquia democrática: el gobierno habla en nombre de la ciudadanía después de quitarle la voz.
El censor antiguo prohibía. El nuevo registra, clasifica, supervisa, apercibe y abre expedientes. El antiguo dejaba huellas; el nuevo deja formatos. Y cuando finalmente alguien calla, Pepe Merino puede asegurar, con absoluta serenidad, que jamás le ordenó hacerlo.
Si alguien todavía tiene dudas o desea denunciar la censura, por favor espere en la línea. Su opinión es muy importante para la 4T, siempre y cuando coincida con la suya.
Giro de la Perinola
López Obrador presumió en 2024 que su combate a la corrupción había permitido ahorrar un billón de pesos. El corruptómetro ha documentado ahora 1,023 casos monitoreados y 1.028 billones de pesos involucrados en posibles desvíos y daños patrimoniales. Solo uno de cada tres casos habría sido denunciado y menos de 2% habría llegado a sentencia. Quizá sí se trataba del mismo billón: Morena únicamente lo cambió de columna contable.