El asesinato de Jaime Vera, precandidato a la presidencia municipal de Mascota, Jalisco por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se inscribe, más que en el ámbito local, en el encuadre de lo que está prohijando la fallida política para amainar la inseguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, su esquema absurdo de ‘abrazos no balazos’ a los delincuentes.

Jaime Vera, fue ultimado el pasado 1 de febrero en las avenidas Moctezuma y Clouthier, calles de Zapopan. El asesinato del precandidato fue confirmado por el coordinador general estratégico de seguridad estatal, Ricardo Sánchez Beruben, quien dio a conocer el atentado en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con testimonios, Vera Alanís salía de una lavandería cuando fue atacado por dos sujetos vestidos de negro. Según los relatos, uno de los agresores parecía ser conocido del precandidato pues hasta se saludaron de mano y dieron un abrazo.

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Fue en ese momento cuando la persona aprovechó para dispararle en la cabeza. Una vez cayó al suelo, accionó la pistola en su contra otras dos veces. Acto seguido, los agresores huyeron y dejaron el cuerpo del político junto a su vehículo.

Luego de matar al aspirante a la alcaldía de Mascota, el agresor escapó de la zona y presuntamente pudo haber recibido el apoyo de alguien a bordo de un vehículo, según versiones testimoniales.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ya comenzó las indagatorias correspondientes mientras que Ricardo Sánchez Berumen informó que ya coordina acciones con la dirigencia del Partido Verde en Jalisco.

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Tras el asesinato de su precandidato, el PVEM condenó la inseguridad y pidió fortalecer la vigilancia en las entidades donde hay focos rojos de violencia: “Hacemos un llamado urgente a las autoridades, a actuar con eficacia e inmediatez para esclarecer lo ocurrido y ejercer justicia ante este lamentable hecho, así como para garantizar la seguridad de todas y todos, en el marco del presente proceso electoral”., pidió el partido en un comunicado. “Es preciso extremar acciones a fin de evitar que el proceso concurrente 2023-2024, que será uno de los más grandes en la historia de los mexicanos, se vea empañado por la violencia”, enfatizó el Verde Ecologista.

Hasta el momento no se ha dado información sobre la identificación o detención de los presuntos asesinos del precandidato Jaime Vera, quien es el primer precandidato asesinado en Jalisco en lo que va de este proceso electoral.

Con el asesinato de Vera Alanís, subió a 8 el número de candidatas y candidatos asesinados rumbo a las elecciones 2024.

*Jaime Vera candidato del Partido Verde asesinado en Jalisco

*Marcelino Ruiz Esteban candidato del PRD asesinado en Guerrero

*Ricardo Taja Ramírez, candidato de Morena asesinado en Guerrero

*Samantha Carolina Gomes Fonseca, candidata de Morena asesinada en CDMX

*Miriam Ríos Ríos, candidata de Movimiento Ciudadano asesinada en Michoacán

*Giovanni Lezama Barrera, candidato de Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) asesinado en Morelos

*David Rey González, candidato de Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) asesinado en Chiapas

*Sergio Hueso, candidato de Movimiento Ciudadano asesinado en Colima

Ahora bien, hay que decir que para nadie es un secreto la permisibilidad a los hampones para la actuación impune en carreteras, caminos, rancherías, poblados y sobre todo las grandes y medianas urbes. Son dueños y señores imponiendo retenes ilegales, y ejerciendo diversas formas de terror a la población en general, en busca y obtención del provecho económico. Todo ello se inscribe también en el clima de odio, de interpolación, de polarización y de generalización de violencia que se viene provocando, insisto, desde la inadecuada y aberrante política pública que protege y preserva la capacidad delictiva del crimen organizado.

De ahí que, más allá de buscar culpables en diversos órdenes de gobierno, centremos nuestra atención en exigir al presidente de la república y a quienes junto con él deberían de otorgar tanto la protección global como la tutela efectiva del Estado para generar seguridad, cumplan con su función y si no pueden, renuncien.

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¿Qué dice el reportaje que vincula a AMLO con el narco? (Michelle Rojas)

Crisis en Palacio Nacional

La crisis en torno al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra con seguridad en su punto más álgido en lo que va del sexenio. Absolutamente nada había hecho mella en el todopoderoso López Obrador, pero la oscuridad ha ensombrecido su figura y difícilmente se quitará el mote de “narco presidente”, que será muy probablemente con el cual trascenderá en la historia.

Todas las acusaciones, reportajes, y evidencias que en otros mandatarios quizá habrían causado lesiones permanentes, en la figura de López habían rebotado.

Pero el golpe asestado esta semana al jefe del ejecutivo mexicano fue seco y preciso. Antes hubo muchos otros, pero ninguno había sido propinado por quienes esta vez conectaron el trompazo certero a la quijada del tabasqueño, y como dicen en el boxeo, “el golpe que no ves es el que te noqueará”, y Andrés Manuel no vio venir el derechazo proveniente del país vecino del norte.

La acusación provino del respetado periodista estadounidense Tim Golden, de ProPublica, quien tuvo acceso a una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas (DEA) en la que testigos aseguraron que importantes narcotraficantes canalizaron al menos 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de López Obrador, a cambio de la promesa de que su eventual gobierno facilitaría las operaciones delictivas de los traficantes.

Con base en más de una decena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos del gobierno estadounidense y testimonios de testigos, Golden cuenta en su reportaje cómo habría ocurrido la operación de financiamiento, pero aclaró que la investigación no determinó “si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas”.

Golden señaló que la fuente inicial de los agentes de la DEA fue Roberto López Nájera, un abogado que en 2008 se presentó voluntariamente a la Embajada de Estados Unidos en México pidiendo hablar con alguien de la DEA.

En esa ocasión contó que había sido una especie de asesor legal de Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, y figura clave del cártel de los Beltrán Leyva.

Todavía noqueado, Andrés Manuel salió un día después a su conferencia mañanera a negar la investigación.

“No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores”, dijo López al objetar el reporte difundido la víspera por los medios ProPublica de Estados Unidos, Deutsche Welle de Alemania y el centro de estudios InSight Crime.

El mandatario descartó que vaya a iniciar un juicio contra los que hicieron el reportaje, pero atacó al gobierno estadounidense por permitir “prácticas inmorales contrarias a la ética política” de sus agencias.

Sin embargo, la débil postura ante lo que llama “calumnia” no ha sido suficiente para esquivar la andanada de reacciones, críticas y severas acusaciones de quienes lo han comenzado a llamar “narco presidente”.

Una de las posiciones más incisivas en este contexto ha sido la de la ex senadora Xóchitl Gálvez, quien le exigió limpie su nombre de la versión que lo liga con un financiamiento del narco en su primera campaña en 2006.

“Es doloroso que en el mundo se diga que México tiene un narco presidente. Usted tiene la obligación moral y política de defender su honor personal y defender el honor de México. Sus dichos y desmentidos en la conferencia mañanera no son suficientes”, sostuvo en un mensaje en video donde le insistió en que presente una demanda en Estados Unidos.

“Limpie su nombre y limpie el nombre de México. El respeto y el honor de la patria están en juego”.

Xóchitl Gálvez

“Presidente Andrés Manuel López Obrador: es sumamente grave que vinculen su carrera política con el financiamiento del crimen organizado. Este reportaje en la prensa internacional no sólo es una afrenta para usted, sino también es una ofensa para 130 millones de mexicanas y mexicanos”, expresó.

La exigencia de quien es también precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la república, contiene una doble intención de la cual no se ve por dónde el presidente pueda salir bien librado, pues en el supuesto de que se decantara por presentar una demanda en el país vecino del norte se colocaría en la silla de los acusados a merced de la DEA, de las cámaras estadounidenses y del propio gobierno de la Casa Blanca, así que no es opción. Qué va a ocurrir entonces, que quedará ante los ojos de los propios mexicanos y el mundo como un personaje que por temor a la justicia yanqui prefirió cargar por el resto de sus días con la carga de ser vinculado a las mafias y ser llamado ‘narco presidente’.

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