La democracia no necesita periodistas registrados; necesita periodistas libres. Esa es la diferencia entre un gobierno que tolera la crítica y uno que comienza a verla como un problema.
Las recientes declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respaldando la creación de un padrón o censo de periodistas bajo el argumento de “poner orden” y evitar los “excesos” de la libertad de expresión, abren un debate que trasciende las fronteras del estado. No se trata únicamente de un registro administrativo; se trata del mensaje político que envía el poder cuando pretende definir quién ejerce el periodismo y bajo qué condiciones.
El argumento de combatir la difamación, las mentiras o la manipulación puede resultar atractivo para una ciudadanía cansada de la desinformación. Sin embargo, el problema es que esas conductas ya cuentan con mecanismos legales para ser atendidas. La libertad de expresión no se fortalece creando listas de periodistas, sino garantizando el acceso a la justicia cuando realmente se vulneran derechos.
La preocupación aumenta porque estas declaraciones llegan en un contexto particularmente delicado para México y Veracruz, entidades que históricamente han figurado entre las más peligrosas para ejercer el periodismo. Organizaciones nacionales e internacionales han documentado asesinatos, amenazas y agresiones contra comunicadores, mientras la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción.
Paradójicamente, mientras el debate nacional gira en torno a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias para la radio y televisión, dichos instrumentos buscan regular la relación entre concesionarios y sus audiencias mediante códigos de ética y defensorías, no establecer un padrón de periodistas ni controlar a la prensa escrita o los medios digitales. Incluso desde el gobierno federal se ha aclarado que esos lineamientos están dirigidos a concesionarios de radio y televisión.
La historia enseña que cuando un gobierno comienza a hablar de “ordenar” a la prensa, inevitablemente surge la pregunta: ¿quién decide dónde termina el orden y dónde comienza la censura? Porque el concepto de “exceso” suele depender de la tolerancia del gobernante hacia la crítica.
El periodismo incómodo siempre parecerá excesivo para quien es objeto del escrutinio público. Las investigaciones sobre corrupción, abuso de poder o inseguridad casi nunca son cómodas para las autoridades. Su función, precisamente, consiste en cuestionar la versión oficial, no en confirmarla.
La gobernadora ha insistido en que no busca controlar a la prensa. Es una afirmación que merece ser tomada con seriedad. Pero en política, las intenciones se juzgan también por las herramientas que se proponen. Un padrón oficial puede convertirse, con facilidad, en un instrumento de clasificación, exclusión o presión, aunque ese no sea el objetivo declarado.
La fortaleza de un gobierno democrático no se mide por la cantidad de periodistas registrados, sino por su capacidad para soportar el cuestionamiento público sin intentar administrar quién tiene derecho a ejercerlo.
En un estado donde ejercer el periodismo sigue representando un riesgo, la prioridad debería ser proteger a quienes informan, garantizar investigaciones eficaces contra las agresiones y fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia. Cualquier propuesta que pueda interpretarse como un mecanismo de control sobre la prensa merece el máximo escrutinio ciudadano.
Porque cuando el poder propone registrar a quienes lo vigilan, la discusión deja de ser administrativa y se convierte, inevitablemente, en un debate sobre la salud de la democracia.