La política mexicana vive una época en la que las acusaciones penales han dejado de ser únicamente asuntos judiciales para convertirse en instrumentos de confrontación política. La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y las declaraciones del senador Javier Corral, vuelven a colocar sobre la mesa una pregunta que permanece sin respuesta: ¿la justicia está actuando con absoluta imparcialidad o también está siendo utilizada como arma política?
Las palabras de Corral llaman la atención por dos razones. La primera, porque provienen de un político que ha mantenido profundas diferencias ideológicas con Ruffo, pero que aun así decide reconocer públicamente que siempre lo consideró una persona honesta. Esa postura rompe con la lógica de la polarización donde todo adversario es automáticamente culpable antes de que un juez lo determine.
La segunda razón es mucho más delicada. Corral no exoneró a Ruffo ni cuestionó directamente a la Fiscalía General de la República; simplemente exigió transparencia. Y esa exigencia debería ser la regla en cualquier Estado democrático. Si existen pruebas sólidas sobre delincuencia organizada y contrabando de combustible, la ciudadanía tiene derecho a conocer que la actuación judicial está respaldada por evidencias y no por intereses políticos.
Sin embargo, el verdadero impacto de sus declaraciones llegó cuando dirigió la mirada hacia la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Al afirmar que Baja California vive entre contradicciones, abusos y mentiras, Corral dejó entrever que el contexto político del estado podría estar influyendo en la percepción pública del caso.
El problema es que esas declaraciones coinciden con uno de los momentos más complicados para la mandataria estatal, quien enfrenta una fuerte presión política tras la difusión de audios cuya autenticidad y contenido deberán ser plenamente esclarecidos por las autoridades competentes. Mientras no exista una resolución oficial, cualquier conclusión definitiva sería prematura. No obstante, el costo político ya es evidente: la confianza pública se erosiona cuando surgen señalamientos de esa magnitud.
En este escenario, la Fiscalía también enfrenta una prueba de credibilidad. Si la investigación contra Ruffo está sólidamente sustentada, deberá demostrarlo con absoluta transparencia. Pero si la percepción ciudadana termina inclinándose hacia la idea de una persecución selectiva, el daño institucional será enorme.
La justicia no puede depender del partido político, del momento electoral o de las disputas entre grupos de poder. Debe actuar con el mismo rigor para todos. De lo contrario, cada detención será vista como una vendetta y cada absolución como un pacto de impunidad.
La democracia no se fortalece cuando los políticos defienden a sus aliados o atacan a sus adversarios; se fortalece cuando las instituciones son capaces de convencer a la sociedad con pruebas, procedimientos impecables y sentencias sustentadas en la ley.
Hoy, más que un enfrentamiento entre Javier Corral, Ernesto Ruffo y Marina del Pilar, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones mexicanas. Porque cuando la justicia deja espacio para la duda, quien realmente pierde es la confianza ciudadana.
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