En política existe una máxima que ningún estratega serio ignora: cuando un mensaje de la oposición logra instalarse en la conversación pública, deja de importar quién lo creó y comienza a importar por qué millones de personas están dispuestas a creerlo.
Las recientes declaraciones de Ricardo Monreal revelan precisamente esa preocupación. Más allá de atribuir los señalamientos a la oposición, el hecho de reconocer que etiquetas como “narcogobierno”, “narcopresidencia” o “narcopartido” afectan la imagen de Morena representa, por sí mismo, una admisión de que existe un problema de percepción política que el movimiento no ha logrado contener.
Y la percepción, en democracia, tiene un enorme peso. Los ciudadanos no solo evalúan discursos; también observan las decisiones sobre candidaturas, la forma en que se enfrentan los escándalos y la rapidez con la que se deslindan responsabilidades cuando aparecen acusaciones contra personajes vinculados al poder.
El mayor desafío para Morena no proviene únicamente de las campañas de sus adversarios, sino de los casos que alimentan esas narrativas. Cuando surgen cuestionamientos sobre aspirantes o funcionarios presuntamente relacionados con actividades ilícitas, la respuesta institucional debe ser inmediata, transparente y sustentada en investigaciones. De lo contrario, el vacío termina llenándose con sospechas.
Monreal también habría reconocido deficiencias en la comunicación política del partido y en su relación con distintos sectores sociales. Esa autocrítica resulta relevante porque confirma que, rumbo a los próximos procesos electorales, Morena enfrenta un reto que va más allá de la propaganda: recuperar confianza.
La política moderna demuestra que ningún partido es invulnerable. Las mayorías pueden erosionarse cuando la ciudadanía percibe incongruencias entre el discurso de combate a la corrupción y las acciones concretas para garantizar la integridad de sus propios cuadros.
Sin embargo, también conviene mantener una mirada crítica hacia cualquier etiqueta política. Expresiones como “narcopartido” o “narcoestado” forman parte de una confrontación política intensa y no constituyen, por sí mismas, una conclusión judicial. En un Estado de derecho, las responsabilidades penales deben sustentarse en pruebas y resoluciones de las autoridades competentes, no únicamente en el debate público.
Lo cierto es que la oposición encontró un mensaje que ha generado discusión, y Morena parece reconocer que no ha logrado neutralizarlo eficazmente. Si el partido gobernante desea impedir que esa narrativa siga creciendo, no bastarán campañas de comunicación ni descalificaciones a sus adversarios. La respuesta más efectiva será fortalecer los mecanismos de selección de candidatos, actuar con transparencia ante cualquier señalamiento y demostrar, con hechos verificables, un compromiso firme con la legalidad.
Porque en política, las palabras pueden abrir una crisis, pero solo los hechos son capaces de cerrarla.
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