La evidente protección gubernamental, exhibida a través del trato otorgado a algunos involucrados en actividades delictivas distorsiona la aplicación de la justicia en México. El caso Sinaloa es singularmente ilustrativo, pues ahí han tenido lugar hechos que en los últimos años desnudan la pasividad, omisión o confluencia del gobierno con la expansión de la delincuencia; a través de esa postura se politizan los procesos judiciales, pues de un lado se coloca el trato a los aliados del régimen y, en la cara opuesta, a quienes se les considera adversarios por ser críticos o mantener una opinión distinta a la oficial.
La dicotomía y contraposición así expuesta resulta clara, pues divide a los justiciables entre protegidos y perseguidos; una especie de taxonomía entre la visión de amigos y enemigos que promulgaba Carl Schmitt en su manera de entender la política, y quien cursó por las filas del nazismo por un periodo breve.
Tiene semejanza con aquélla, la contrastante actitud y posición del gobierno de cara al camino seguido para procesar, en Estados Unidos, al ex secretario de seguridad en el gobierno calderonista, García luna, con el que ahora se asume con Rubén Rocha Moya; en un caso el gobierno mexicano festinó los señalamientos y la condena que se le aplicó por parte del vecino del norte, mientras en el otro resiste su extradición y asume una defensa de esa causa, mal disfrazada en el culto a la soberanía nacional.
El enemigo condenable, el amigo imbatible (incluso el hermano en la expresión del más reciente expresidente de la República), sintetizan la visión dicotómica que se asume. Desde luego es un enfoque faccioso y maniqueo.
El coro que se emitió a favor de Rubén Rocha Moya en el escenario de la crisis de 2024, después de que ocurriera la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López en territorio norteamericano gracias a su misterioso viaje por avioneta desde la frontera mexicana, que orquestara la voz de mando del entonces presidente López Obrador con la consigna… no estás solo, no estás solo…, replica con fuerza y capacidad protectora hasta el momento actual; éste fue un grito de advertencia para señalar que los cercanos y asociados al gobierno son sujetos de un trato especial, muy lejos de considerar la gravedad delictiva de sus actos, distante de advertir que hablando de gritos y consignas apareciera otro que señalaba …fuera Moya, fuera Moya…; pero el manto protector del oficialismo ya había sido desplegado a favor de su persona. En efecto, Moya sigue sin estar solo, goza de cobertura y de protección; consecuente con ello indigna al oficialismo el reclamo norteamericano sobre su extradición, misma que combate retóricamente con la alusión a una soberanía nacional degradada al nivel de protección interna inimpugnable para cubrir a presuntos delincuentes, por más que las evidencias internas señalen su culpabilidad.
No importan los antecedentes que llevaron a Moya al gobierno de Sinaloa, ni tampoco las escandalosas cifras de su gestión en materia de seguridad, del cierre de medianos y de pequeños negocios sometidos a la extorsión, tampoco respecto de los actos de violencia e intimidación a la sociedad y de la exigencia del pago de cuotas por protección a los distintos establecimientos.
Imposible borrar en la narrativa el cúmulo de sucesos asociados al arribo de Rocha Moya al gobierno del estado en el año 2021; en ese proceso, el Cártel de Sinaloa emergió como operador electoral implacable e incontenible para hacer uso de medios ilegales y violentos para asegurar la victoria del entonces candidato de Morena; el menú de acciones emprendidas sumó secuestros, amenazas, robo de urnas, llamadas de advertencia para inhibir y desterrar el voto a favor de la otra opción.
Los hechos fueron conocidos y consignados en la impugnación que presentó el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Mario Zamora, pero sus elementos fueron desestimados por las autoridades electorales. Sin embargo, el valor de ese testimonio es inconmensurable, pues consignó los vínculos que edificó desde su campaña el gobierno sinaloense con cárteles de la droga, lo que anticipó una confabulación que fue más allá de lo electoral, pues se consolidó a lo largo de toda la administración rochista. La negociación se hizo clara: intercambiar el apoyo suscrito para acceder al poder por parte de ese gobierno, con la reciprocidad de amplias concesiones y facilidades al narcotráfico para que realizara acciones ilegales sin ser molestado.
Así, cuando ahora se pide por parte del gobierno norteamericano la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se encuentra en el documento de petición muchos de los eventos de aquellos comicios de 2021, se expone de forma contundente que lejos de tratarse de la contingencia de un hecho aislado, acredita el origen de un pacto vigente durante estos cinco años y que ha sometido a la población a una brutal violencia, y que también ha sido factor en el trasiego de drogas a los Estados Unidos, por lo que dejó de ser un asunto meramente doméstico para convertirse en uno de carácter internacional.
Pero esa transmutación de lo nacional a lo internacional solo ha sido posible por la pasividad de las autoridades mexicanas. Por esa razón nuestros vecinos promueven el enjuiciamiento, en su país, de quienes, a todas luces, han sido operadores tolerados del narcotráfico. ¿Viola la petición de extradición de los presuntamente involucrados en el narcotráfico la soberanía nacional?, lo que viola la soberanía nacional es la incompetencia o complicidad de las autoridades mexicanas para detener y procesar a la delincuencia conforme a la ley.
En efecto la soberanía tiene una doble dimensión, hacia el exterior implica la igualdad jurídica entre las naciones, la resolución pacífica de las controversias y la observancia del derecho internacional para superar diferendos; pero al interior supone la vigencia del orden constitucional como expresión de la voluntad del pueblo, que conlleva a asegurar las libertades, la vida republicana, el régimen democrático, los derechos humanos y el desarrollo social, lo cual es contrario al dominio de los poderes arbitrarios en vastas regiones del país como sucede con las organizaciones delictivas en la actualidad; cuando eso ocurre se vulnera la soberanía en agravio de su legítimo detentador, el pueblo.
En la lista de la discusión parece estar la idea de una estrategia de lucha contra el narcotráfico y la corrupción, que deja intocados a titulares de instancias de gobierno, para centrarse en operadores intermedios y cabezas de organizaciones delictivas. Por increíble que parezca ante la dimensión de las operaciones ilegales realizadas y los recursos que han involucrado, se intenta eximir la conexión de políticos de alto rango, seguramente porque de hacerlo se lastima al gobierno y a su partido.
Así, la soberanía es un aforismo para decir no se metan en los acuerdos internos que tenemos para garantizar la inmunidad de los aliados, conforme a la certeza que otorga la concentración del poder que se ha alcanzado a través de un dominio que toca a todas las instancias, las judiciales, las legislativas y las de procuración. Qué va, Rocha Moya no está solo.