Tiene lugar una tendencia que crece en intensidad respecto a la propensión de aludir el concepto de soberanía en una gran diversidad de situaciones y condiciones; en pro de su defensa, se acusa la resistencia a transigir o conceder solicitudes y peticiones provenientes del exterior, al tiempo que se denuncia como injerencia a las opiniones críticas que profieren gobiernos de otros países, especialmente de los Estados Unidos. En contraparte, se proyectan como impenetrables las decisiones, posturas y prácticas que asume el gobierno.
Por igual se entregan reos a los Estados Unidos sin mediar recurso alguno para hacerlo y con el pretexto de argüir razones de seguridad, como también se niegan detenciones formalmente planteadas por ese mismo país con fines de extradición. Todo indica que la postura contradictoria entre ambas posiciones se debe a que, en un caso, se trataba de personas detenidas y sujetas a procesos judiciales al interior de nuestro país, mientras en el otro se involucraba a personajes ligados directamente al gobierno y a su partido que, si bien no estaban sujetos a averiguaciones, sí han sido señalados de complicidad con el narcotráfico.
Fue omisa la defensa de la soberanía en uno de los momentos, mientras ha sido proclamada con energía en la otra circunstancia. Pareciera que cuando se imputa a funcionarios integrantes del gobierno, se muestra una actitud infranqueable, independientemente de que sean conocidos elementos para suponerlos asociados a la comisión de delitos.
La política adoptada es combatir al narcotráfico y los narcotraficantes siempre que no se trate de integrantes del gobierno, por más que se sepa que lo uno y lo otro se encuentra correlacionados.
¿Cómo entender la expansión que ha tenido el narcotráfico y otras actividades ligadas como lo es el huachicol fiscal, en la dimensión y montos que han alcanzado, sino es con la complicidad de autoridades del más alto nivel de la administración? Pero como se trata de negar esa conexión delictiva manteniendo a salvo la eticidad del gobierno actual y del anterior, se alude a la soberanía como la razón para no responder a las solicitudes de extradición que se plantean y, de igual forma, se califican de injerencistas a los planteamientos que se formulan en tal sentido.
Esa actitud, asumida como mecanismo o método para supuestamente defender los intereses del país, no es aplicable a lo que se entiende por soberanía; más bien es un recurso para pretender inexpugnables las decisiones y acciones emprendidas por el gobierno, en el entendido que la reciedumbre de su régimen interno marcado por el autoritarismo y la consecuente ruptura democrática, han cercenado la pluralidad política, los contrapesos entre los poderes y la capacidad de las instituciones autónomas.
Con ese andamiaje el sistema político y de gobierno queda inhabilitado para perseguir los delitos, a menos que haya interés específico del oficialismo. El Estado queda reducido por el gobierno y, a su vez, el gobierno queda constreñido a las fuerzas asociadas a él, todo lo demás es ajeno y atentatorio; debe ser acallado, disminuido o sujeto a descrédito lo que es ajeno al poder constituido o que no se ajusta a sus definiciones.
Se demerita la soberanía como la dimensión más alta o última de poder político, para proclamar una relación en pie de igualdad entre países para resolver sus relaciones, alcanzar acuerdos y procesar diferendos, lo que excluye resoluciones por la vía de la fuerza y la imposición de una nación a otra; desde luego, contraria a la posibilidad de intervenciones entre ellas. En vez de eso, queda reducida la soberanía a un mecanismo protector de los intereses del gobierno y de su partido.
La soberanía que tiene su base en el pueblo e implica que él es mandante de las normas que pretenden ordenar la convivencia a través de la Constitución y el cuerpo de leyes que se establecen; de las instituciones que se crean, así como del régimen político que se instaura para proteger sus derechos y libertades y entenderse así como soberanía popular, queda demeritada ante los hechos de criminalidad, inseguridad, graves deficiencias para proveer educación de calidad y asegurar atención médica, garantizar la dotación de medicamentos; queda vulnerada la soberanía con las acciones que se emprenden para acallar la crítica y a los opositores.
Más demeritada queda nuestra soberanía cuando se asume como escudo para pretender impunidad frente a la posible comisión de delitos por parte de funcionarios públicos, o cuando se establecen límites para que sean elegibles a la presidencia de la república o a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a personas que tienen doble nacionalidad.
¿Qué diría un Carlos Fuentes al respecto que siendo hijo de mexicanos naciera en Panamá? ¿Cómo pretender que se fortalece la soberanía cuando se imponen nuevos requisitos para alcanzar determinados cargos públicos, pero al mismo tiempo se eliminan contrapesos y condiciones que limitan el ejercicio arbitrario del poder?
Lo peor de todo esto es que se pretenda sustituir el apego a la auténtica soberanía nacional por un soberanismo que protege a socios y cómplices del narcotráfico, que encubre a personajes como a Rocha Moya.