Missing Children Center estima que el 60% de desapariciones infantiles se trata de secuestros parentales cometidos por padres o familias extendidas.

Un grupo de activistas y especialistas contra la violencia vicaria invitan a la instalación próxima del Grupo de Alto Nivel para el Acceso a la Justicia de Mujeres en el que se buscará integrar mesas activas de acción con autoridades e instituciones para generar protocolos, políticas públicas y atención a víctimas menores de separación forzada.

Este martes se instaló la Coordinadora de Alianzas por los derechos de las Maternidades e Infancias, plataforma social que tiene como objetivo brindar atención desde un panel de especialistas integrado por abogadas, psicoterapeutas especialistas en revinculación y periodistas con perspectiva de género comprometidas con difundir las historias de menores en condiciones de separación forzada.

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Durante el lanzamiento, la impulsora de la Ley Camila, Cynthia Bravo Moore compartió que su inspiración para iniciar esta lucha fue haber sobrevivido a una sustracción cuando era una bebé, pues tras ser desprendida de su madre en Estados Unidos, fue llevada a México en donde no se difundieron las fichas de búsqueda. Fue hasta que se convirtió en adulta que supo la realidad: su madre la buscó en Seattle y Texas. Hoy Cynthia Bravo enfrenta el secuestro familiar de su hija Camila, que fue arrebatada desde los 6 meses de vida, una historia que hemos contado en SDPnoticias.

Diariamente se reporta la desaparición de 14 niñas, niños y adolescentes según la REDIM, mientras que en el caso de Estados Unidos, Missing Children Center estima que el 60% de desapariciones infantiles se trata de secuestros parentales cometidos por padres o familias extendidas. A pesar de ello, los esfuerzos de búsqueda y recuperación queda en manos de las madres y familias que se enfrentan a un sistema lleno de obstáculos.

Con la inauguración de Hannah de la Madrid, activista y madre defensora, se instaló la plataforma de atención a víctimas en la que se presentó a Margaret Ruiz Franco como la psicoterapeuta encargada de guiar en contención emocional de víctimas y revinculación de menores, mientras que el abogado Luis Yasser y Pablo Huerta encabezan el área legal.

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A pesar de que en nuestro país existe a nivel nacional una herramienta que activan las Fiscalías de los Estados llamada “Alerta AMBER”, el abogado Pablo Huerta enfatizó en que el acceso a la justicia no debe condicionarse a la capacidad económica y que deben los abogados litigantes realizar un ejercicio ético de la profesión, pues además de las autoridades, algunos abogados han sido identificados como irregulares o abusivos. Mientras tanto, el abogado Luis Yasser anunció que su firma podrá tomar mensualmente asuntos sin cobrar honorarios para madres de escasos recursos.

Margaret Ruiz Franco, especialista en infancias y mujeres privadas de la libertad, señala que a partir de la perspectiva de género y la perspectiva de infancias como herramientas de análisis posibilitan el trato digno hacia mujeres e infancias que son revictimizadas no solo desde las instituciones sino desde el ideario colectivo y los espacios públicos, domésticos y sociales. La educación, explica, como proceso nos puede permitir reconfigurar el vínculo materno filial, apartándonos de mecanismos coercitivos o persuasivos que atenten contra la integridad de las infancias.

Mariam Alexis Badui, activista en contra de la trata de personas con fines de adopción irregular, precisó su compromiso en coadyuvar para que los menores que enfrentan procesos de adopción reciban una atención correcta por parte de las autoridades, así como brindar herramientas para combatir la compra y venta de menores, a lo que llamó al DIF Nacional a trabajar conjuntamente en una revisión de protocolos e incorporación de medidas de contención emocional para las infancias.

En este evento anunciamos la invitación a integrar el Grupo de Alto Nivel para el Acceso a la Justicia de Mujeres en el que se buscará integrar mesas activas de acción con autoridades e instituciones para generar protocolos, políticas públicas y atención a víctimas. SDPnoticias, La Prensa y NMas se han sumado a las alianzas para dar a conocer las historias de niñas, niños y adolescentes que han sido sustraídos, reiterando el compromiso que tiene el periodismo con la sociedad. El objetivo es avanzar rumbo a la construcción de paz sanando heridas de la separación forzada.

Al momento de integrarse a la plataforma de ayuda, la activista Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina contra los deudores alimentarios, se sumó a la red de alianzas con el mensaje de verificar a los trabajadores migrantes que viajan de centroamérica a Estados Unidos y dejan de pagar la pensión alimenticia, visibilizando que la lentitud de las autoridades y el exceso de los requisitos de formalidad también es una forma de violencia. En su participación, recalcó que los agresores vicarios cometen la sustracción de menores al momento de buscar evadir el pago pensión alimenticia, por lo que es fundamental que se construya trabajo conjunto dentro de las pláticas del T-MEC y con el compromiso del canciller Marcelo Ebrard para atender a las madres e infancias que enfrentan el abandono por migración o la separación forzada por violencia vicaria. La separación forzada es un término acuñado por la Coordinadora en donde se enmarca la perspectiva de niñas, niños y adolescentes en casos de sustracción, recordando que el manual de psicología de la OMS lo tilda como una forma de maltrato infantil. La atención de la Coordinadora de Alianzas CAMILAS A.C. será gratuita y de acceso público desde la página camilas.org .