“Que viva la soberanía nacional”, escribió Claudia Sheinbaum tras reunirse con legisladores de Morena, PVEM y PT para cerrar filas frente a las investigaciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos contra personajes cercanos a la 4T.
Sin embargo, la frase que pretendía transmitir fortaleza política, terminó exhibiendo una de las mayores características del régimen: utilizar el discurso soberanista como escudo político ante acusaciones de corrupción, crimen organizado y lavado de dinero.
Un discurso que durante años sostuvo Andrés Manuel López Obrador contra el PRI y los gobiernos anteriores.
Al inicio de su sexenio, Enrique Peña Nieto reunió a los gobernadores priistas y presumió que representaban una “nueva generación política”. La foto quedó para la posteridad con figuras como Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte. La reacción de López Obrador fue señalar que esa fotografía simbolizaba la simulación del viejo régimen y una red de corrupción que terminaría destruyendo al país.
Y tenía razón.
Muchos de aquellos gobernadores terminaron procesados, encarcelados o prófugos por delitos como corrupción, lavado de dinero y vínculos criminales. Durante el sexenio peñista, al menos una docena de exgobernadores enfrentaron investigaciones judiciales. Javier Duarte fue detenido en Guatemala; Roberto Borge en Panamá; César Duarte terminó extraditado desde Estados Unidos. Otros, como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Andrés Granier o Roberto Sandoval, también enfrentaron procesos penales.
Peña Nieto utilizó esos casos para defender la narrativa de “nadie por encima de la ley” y, aunque podría cuestionarse la motivación política o la selectividad de algunas investigaciones, el mensaje institucional era claro: incluso figuras cercanas al poder podían terminar en la cárcel.
Con la 4T ocurre lo contrario.
López Obrador prometió barrer la corrupción “de arriba hacia abajo” y aseguró que no habría impunidad, pero el nuevo régimen terminó construyendo un sistema de protección política mucho más eficaz que el de sus antecesores.
Incluso fue más allá: ya no se trata de investigar o sancionar, sino de blindar políticamente a miembros de su movimiento.
Ahí están Manuel Bartlett, Ignacio Ovalle, Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López Hernández y otros gobernadores morenistas señalados en reportes periodísticos, filtraciones o investigaciones internacionales.
Ninguno ha enfrentado consecuencias reales. El aparato oficial se moviliza para desacreditar las acusaciones, acusar campañas mediáticas o convertir cualquier señalamiento en un ataque contra la soberanía.
La soberanía de principio diplomático a escudo de impunidad
Un caso que lo ilustra es el de Eugenio Hernández, el exgobernador priista de Tamaulipas enfrentó acusaciones graves de lavado de dinero y fue requerido por autoridades estadounidenses, siendo durante años presentado como símbolo de la corrupción priista.
Pero, cuando resultó políticamente útil, Morena y sus aliados le abrieron las puertas. López Obrador lo reivindicó y terminó reincorporándolo a la política con el Partido Verde. Una situación que se repitió con otros personajes. Los antecedentes judiciales desaparecen si le conviene a la 4T y la justicia deja de responder a criterios legales para responder a principios de “lealtad”.
El discurso de AMLO frecuentemente se alimentaba de testimonios, filtraciones y reportajes que usaba para condenar a sus adversarios. Pero hoy, el discurso cambia brutalmente. Las investigaciones se convierten en “intervencionismo”, las acusaciones en “golpeteo mediático” y cualquier acción judicial extranjera en ataque imperialista.
Por eso resultó tan reveladora la reunión del jueves pasado en Palacio Nacional. Gobernadores, senadores y diputados de Morena, PVEM y PT acudieron a cerrar filas frente a las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros personajes.
No se reunieron para exigir investigaciones transparentes ni para deslindar responsabilidades o defender el Estado de derecho, no, lo hicieron para proteger al movimiento.
El senador Gerardo Fernández Noroña lo resumió así: “Pueden hacer las listas que quiera el gobierno de Estados Unidos… hay dos caminos: la defensa de la soberanía o el entreguismo”.
Con una salvedad, nadie está discutiendo una invasión extranjera ni una intervención militar. Son investigaciones judiciales impulsadas por fiscales y cortes estadounidenses, procesos idénticos a los que el obradorismo celebró cuando afectaban a personajes del viejo régimen, como Genaro García Luna.
Pero antes hablaban de narcoestado; hoy lo llaman “ataque a la soberanía”.
El movimiento que prometió terminar con la impunidad terminó institucionalizándola y protegiéndola desde el poder bajo el disfraz de la soberanía.
X: @diaz_manuel