“A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Dicho atribuido a Benito Juárez.
Al convertirse en partido político, Morena se transformó en el refugio donde muchos encontraron un espacio sin rendición de cuentas, es decir, una tabla de salvación.
Desde el principio la promesa implícita fue clara: impunidad a cambio de lealtad. Y, en no pocos casos, hasta complicidad.
El movimiento que se presentó como una cruzada moral contra la corrupción terminó replicando —y en algunos aspectos perfeccionando— las peores prácticas del viejo sistema. La diferencia es que ahora no se esconden: se justifican desde el poder.
Quien se alinea, quien guarda silencio, quien opera políticamente, es protegido. Quien incomoda o se desvía, es exhibido y condenado.
Poder que juzga
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la justicia dejó de ser una institución para convertirse en herramienta política. La conferencia matutina operó, en más de una ocasión, como tribunal donde se acusaba sin pruebas concluyentes, se señalaba sin el debido proceso y se dictaban sentencias mediáticas a partir de las cuales se instruía la actuación de instituciones como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera o el SAT.
Con una salvedad: si las denuncias tocaban a figuras alineadas al oficialismo, se negaban, diluían o archivaban. Un mensaje brutal: no importa el pasado, importan los servicios presentes.
Así, Morena abrió sus puertas a exgobernadores, legisladores, operadores y figuras con historiales cuestionables. El propio López Obrador lo dijo sin rodeos: quien se sumara al movimiento asumía, por definición, un compromiso con la honestidad, sin importar su trayectoria previa.
“Morena es un partido abierto y que, si una persona del PRI o el PAN decide unirse, está tomando la decisión de actuar con honestidad y dejar atrás el pasado corrupto de sus antiguos partidos”.
Bajo esa lógica, personajes con graves señalamientos por corrupción o incluso vínculos con el crimen organizado fueron incorporados, legitimados y, en muchos casos, empoderados. Borrón y cuenta nueva a cambio de disciplina y de no traicionar al proyecto.
Protección selectiva
Los ejemplos sobran: Ignacio Ovalle, desapareció miles de millones de pesos durante su gestión al frente de Segalmex, en uno de los mayores escándalos de desvío de recursos en años recientes. La respuesta oficial: exculpación política, culpa a subordinados y cerrar filas.
Manuel Bartlett, señalado por inconsistencias patrimoniales y acusaciones históricas, fue defendido abiertamente desde la presidencia. La frase “no es con él, es conmigo” de AMLO, dejó claro que la protección iba más allá de lo institucional.
Adán Augusto López Hernández, pese a cuestionamientos por temas de seguridad durante su gestión y los vínculos de colaboradores con el crimen organizado, no solo evitó investigaciones, sino que se consolidó como una de las figuras más poderosas de la 4T. Intocable.
A esta lista se suman nombres como Ricardo Monreal, Félix Salgado, Mario Delgado y gobernadores como Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Cuauhtémoc Blanco. Los señalamientos abundan; las consecuencias, no: cada uno está blindado por el fuero y el poder del Estado.
Es un patrón de investigaciones que no avanzan, fiscalías que no actúan y un discurso oficial que reduce las acusaciones a “golpeteo mediático”. La corrupción se tolera cuando conviene y las acciones llegan cuando son políticamente útiles.
Continuidad
Con Claudia Sheinbaum el modelo continua. No hay señales de cambio: protección para los propios, persecución para los adversarios.
La defensa pública se mantiene. Casos como el de Adán Augusto con la respuesta reiterada de la presidenta de que “no existen investigaciones en su contra” o el descarrilamiento del Tren Interoceánico, reflejan que la responsabilidad recae siempre en actores de menor rango y algo similar ocurre en el caso de Chihuahua.
Como señaló Donaldo Colosio, la rendición de cuentas debería dirigirse al gobierno federal, no a quienes han enfrentado al crimen organizado, en un contexto donde incluso AMLO negó rotundamente la producción de fentanilo en México.
El resultado es preocupante. Si la justicia se negocia, deja de ser ciega, el Estado de derecho se debilita y la corrupción, la impunidad y la complicidad se vuelven parte del sistema.
X: @diaz_manuel