A 40 años de los hechos, desde septiembre de este año y durante estos días de noviembre de 2026 se han realizado diversos foros de análisis y reflexiones en torno al movimiento estudiantil, en la UNAM, que inició en 1986 y que prácticamente se extendió hasta 1990 con la realización del Congreso Universitario de mayo-junio de ese año.
Para dar contexto al importante y significativo movimiento estudiantil de 1986-1987, recupero algunas notas que publiqué hace unos días al escribir un breve perfil sobre la vida y obra política del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ahí decía que el movimiento de estudiantes de la UNAM, encabezado por el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) se opuso a las medidas antipopulares, elitistas y de corte neoliberal que representaba la modificación del reglamento general de pagos, entre otros puntos, cuya intención fue elevar las cuotas escolares universitarias y, con ello, limitar el acceso a la educación superior a miles de jóvenes.
Y también en ese texto, de hace dos semanas, resaltaba algunos hechos históricos, a manera de contexto: Antes de 1986, es decir, entre 1980 y 1985, los movimientos estudiantiles en México eran esporádicos y estaban localizados en escuelas, facultades o centros escolares específicos, y con demandas sociales o educativas limitadas. Sin embargo, a partir de la participación de diversos colectivos de estudiantes y profesores de educación media superior y superior, sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, para apoyar a la ciudadanía ante la destrucción, heridos y pérdidas humanas causados por los sismos de 1985, las condiciones de la organización estudiantil se reactivaron gracias a la solidaridad y empatía que los educandos tuvieron con la población damnificada. (ver: “Cuauhtémoc Cárdenas y la educación pública”, SDPnoticias, 30 de octubre, 2026)
Después de diversas asambleas realizadas entre septiembre y octubre de 1986 por parte de estudiantes de escuelas y facultades de nivel superior, así como del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), ambas instituciones del bachillerato universitario, el 31 de octubre se constituyó formalmente el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en el auditorio “Ho Chi Minh” de la Facultad de Economía, en ciudad universitaria, como órgano representativo de delegados estudiantiles de escuelas, colegios, facultades, centros e institutos, desde educación media superior hasta posgrado.
Cabe mencionar que algunas y algunos líderes del CEU eran también representantes estudiantiles ante el máximo órgano de decisión académica de la comunidad de la UNAM: el Consejo Universitario, con sus defectos y virtudes; con sus alcances y limitaciones institucionales; órgano colegiado que durante la aprobación de las iniciativas del doctor Carpizo no escuchó las voces y las razones de las y los estudiantes cuando éstos se opusieron a las medidas impuestas de manera apresurada. Entre los consejeros universitarios estudiantes, en 1986, que se recuerdan, están: Imanol Ordorika (Facultad de Ciencias), Antonio Santos (Facultad de Filosofía y Letras) y Carlos Imaz (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), aunque se sabe que en realidad fueron alrededor de 12 las y los estudiantes opositores a las medidas.
En respuesta a esa cerrazón, se organizaron marchas (algunas de ellas hacia el zócalo capitalino con la participación de más de cien mil estudiantes y profesores), mítines y demás actos de denuncia, resistencia y protesta.
Un efecto de la movilización y punto clave del pliego petitorio estudiantil, fue la exigencia de llevar a cabo un diálogo público (inspirado en una petición del movimiento estudiantil de 1968, en México, que nunca fue atendida por el gobierno de Díaz Ordaz), el cual fue aceptado por las autoridades universitarias y realizado en enero de 1987, mismo que fue transmitido por Radio UNAM. Por cierto, diálogo que tuvo un impacto mediático importante y en el que la narrativa de restricciones y exclusiones, promovida por las autoridades universitarias, fue derrotada con los argumentos y razonamientos de las y los estudiantes, quienes defendían el principio del derecho a la educación gratuita y sin exclusiones, tal como lo establece el artículo tercero de la Constitución Política mexicana.
Ante la falta de acuerdos en torno a la derogación total de las medidas aprobadas por el Consejo Universitario, el 29 de enero de 1987 estalló la huelga general estudiantil que paralizó a la universidad durante aproximadamente 10-15 días, hasta mediados de febrero de ese año.
El conflicto se resolvió parcialmente con la suspensión de las reformas impugnadas y el acuerdo de convocar a un Congreso Universitario democrático y resolutivo, el cual se llevó a cabo tres años más tarde, entre mayo y junio de 1990 durante la rectoría del doctor José Sarukhán.
Fue evidente, en ese entonces, que las medidas impuestas por las autoridades universitarias, con el rector Jorge Carpizo a la cabeza, fueron leídas por la mayoría de la comunidad universitaria como un avance hacia un esquema más restrictivo y elitista de la educación superior pública, alineado con tendencias de políticas públicas tecnocráticas y neoliberales aplicadas a nivel nacional, ante lo que la resistencia y la protesta organizada de estudiantes del CEU constituyeron acciones clave o cruciales para parar y cambiar radicalmente la dinámica de imposiciones antidemocráticas e impopulares al marco normativo institucional.
El movimiento estudiantil de 1986-1987 es considerado por observadores y especialistas en historia de los movimientos sociales como un referente de resistencia, contrahegemonía y defensa de la educación pública gratuita en México, y una de las primeras protestas masivas que luchó contra el modelo de “tropicalización” de las políticas públicas educativas neoliberales, recomendadas por organismos económicos internacionales a los países miembros, a finales del siglo XX.
Aunque esta movilización, desde abajo, reafirmó la necesidad de consultar a la comunidad cuando se tomen iniciativas, en el futuro, para realizar reformas universitarias profundas y generó debates permanentes sobre los principios de gratuidad, acceso, permanencia y democratización de la educación media superior y superior, todavía quedan pendientes una serie de problemas en la vida institucional universitaria, que también se extienden por toda la educación media superior y superior en México: prácticas burocráticas, existencia de una casta académica dorada, baja participación de la comunidad en procesos de elección de consejeros técnicos y universitarios, condiciones de precariedad de las y los profesores de asignatura, falta de procesos de alta participación para lograr consensos en la actualización legislativa universitaria, etcétera, problemas que siguen presentes y activos cuatro décadas después.
Coincido con la mayoría de las reflexiones que se han expresado en diferentes medios y foros realizados recientemente, después de 40 años de registrados los hechos descritos, en el sentido de que el movimiento estudiantil de 1986-1987 logró, de manera organizada, creativa y pacífica, resistir y detener un conjunto de medidas reformistas que fueron a la postre percibidas por la comunidad universitaria como restrictivas, excluyentes y antipopulares; asimismo, impulsó un espacio social educativo y de deliberación inédito (el Congreso Universitario de 1990), y dejó un precedente de organización estudiantil con alcance político al interior de la UNAM y con proyección nacional.
Dedico este texto a las y los estudiantes de la ENEP (hoy FES) Iztacala, UNAM, que participaron en este singular movimiento de 1986-1987, hoy amigas y amigos colegas, aunque cabe decir que pertenezco a la generación de alumnas y alumnos que participamos en el paro estudiantil de 1983 en esa misma unidad académica.
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@jcma23