Hay un fenómeno curioso en la política de seguridad: cuando funciona, casi nadie lo nota. La violencia grita; la contención, en cambio, se mide en silencios, en cifras que bajan sin que nadie las celebre en la calle. Ese contraste vale la pena examinarlo a propósito del informe de seguridad de agosto que encabezó la jefa de Gobierno.
El dato que más llama la atención es también el más frío: agosto de 2026 cerró como el mes con la tasa de homicidios más baja registrada en la capital en dos décadas. No es un ajuste estadístico menor. Cuando una ciudad de más de nueve millones de habitantes logra sostener una tendencia a la baja durante años —y no solo un mes bueno en medio de una racha irregular—, hay una política pública detrás, no solo suerte.
Esa política tiene nombre y arquitectura: la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en la capital se despliega a través de cuatro ejes, complementados por cuatro pilares adicionales definidos por el gobierno capitalino. La articulación entre ambos niveles —federal y local— es, según las autoridades, uno de los factores que explica la reducción sostenida de la incidencia delictiva. Es una hipótesis razonable: la seguridad rara vez mejora cuando los órdenes de gobierno compiten en lugar de coordinarse, y la intervención en Atizapán —donde la Fiscalía mexiquense, la SSC federal y la Fiscalía capitalina actuaron de manera conjunta— es evidencia de que ese engranaje, cuando se activa, produce resultados verificables.
Conviene, sin embargo, no perder de vista la otra mitad de la fotografía. La violencia de alto impacto no ha desaparecido: persisten disputas entre grupos como La Unión Tepito y La Anti-Unión, cuyos brotes —aunque focalizados— tienen un efecto desproporcionado en la percepción ciudadana, porque son los episodios que capturan la atención mediática. Las autoridades reportan más de 50 detenciones de generadores de violencia en el último mes, con operativos relevantes en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Son cifras que hablan de una estrategia activa, pero también de un problema que sigue vivo y que exige sostenimiento, no declaraciones de victoria anticipadas.
Ahí está, de hecho, el punto más interesante del informe: la brecha entre la realidad estadística y la percepción social. Se reporta que hace algunos años nueve de cada diez capitalinos decían sentirse inseguros; hoy esa cifra se ha reducido a la mitad. Es una mejora significativa, pero significa también que uno de cada dos habitantes de la ciudad todavía no se siente seguro caminando por ella. Reducir esa brecha —entre lo que dicen los números y lo que siente la gente— es, probablemente, el reto de comunicación y de política pública más exigente que tiene por delante cualquier estrategia de seguridad, por buena que sea.
En el terreno de las mujeres, el avance reportado —una reducción en la tasa de feminicidios respecto al año anterior, acompañada de un fortalecimiento en las capacidades de investigación— no puede leerse como un logro aislado de gobierno, sino como resultado, en buena medida, de la exigencia social sostenida desde 2021. Vale la pena decirlo con claridad: cuando una agenda avanza es porque hubo calle, hubo organización y hubo presión ciudadana que obligó a las instituciones a escuchar. Reconocer eso no le resta mérito a la política pública; le da su origen correcto.
El tema de las desapariciones sigue siendo, con todo, el más delicado y el que exige mayor cautela antes de hablar de resultados. Que la jefa de Gobierno se haya reunido con familiares de víctimas y encabece mesas de trabajo es un gesto necesario, pero no suficiente: el dolor de una desaparición no se mitiga con protocolos, sino con hallazgos. El informe detallado que se anuncia para los próximos quince días será la prueba real de si la ciudad cuenta, como se afirma, con uno de los sistemas de búsqueda más eficaces del país, o si esa eficacia todavía vive más en el discurso que en los expedientes resueltos.
La seguridad, al final, no se gana con un mes bueno ni se pierde con un episodio violento. Se construye —o se erosiona— con la acumulación de meses, de detenciones, de investigaciones que llegan a sentencia y de familias que encuentran respuestas. Los números de agosto son, en ese sentido, una fotografía alentadora. La pregunta que la ciudad seguirá haciendo, con toda razón, es si esa fotografía se sostiene cuando termine el mes.