En una democracia, la autoridad no demuestra su fortaleza cuando consigue dispersar una manifestación, sino cuando tiene la capacidad de escuchar, dialogar y resolver las inconformidades de los ciudadanos sin recurrir a la fuerza pública. Gobernar no es imponer silencio. Gobernar es construir soluciones, incluso frente a quienes protestan, cuestionan o incomodan al poder.
La confrontación política entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, a raíz de la actuación policial durante una protesta ciudadana por la calidad del agua, coloca sobre la mesa una discusión que va mucho más allá de las diferencias entre Morena y Movimiento Ciudadano: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para mantener el orden público y en qué momento el ejercicio de la autoridad se convierte en represión?
En este debate, considero acertada la posición de la presidenta Sheinbaum. El uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso de cualquier gobierno democrático, nunca la primera respuesta frente a una inconformidad social.
No se trata de negar la obligación que tienen las autoridades de garantizar el orden público, proteger a terceros o impedir actos de violencia. Se trata de recordar que esa responsabilidad debe ejercerse con prudencia, proporcionalidad y absoluto respeto a los derechos humanos.
Una manifestación puede resultar incómoda, alterar la circulación, generar tensiones y provocar cuestionamientos severos contra quienes gobiernan. Pero precisamente por eso existe el derecho a protestar. Las libertades democráticas no fueron concebidas para proteger únicamente las expresiones que resultan agradables al poder, sino también aquellas que lo confrontan.
Y cuando una protesta tiene su origen en una exigencia tan elemental como contar con agua limpia, la primera obligación de las autoridades debería ser atender el problema que la provoca.
El agua potable no es una concesión graciosa de los gobiernos. Es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución. Quienes reclaman su cumplimiento no deberían encontrar como primera respuesta un despliegue policial, sino autoridades dispuestas a escuchar, explicar y comprometer soluciones verificables.
Por eso resulta especialmente relevante la postura asumida por Sheinbaum. Más allá de cualquier diferencia partidista, la presidenta tiene razón al exigir que las actuaciones policiales sean explicadas y que se esclarezca si existieron excesos.
No basta con argumentar que se actuó para preservar el orden. Toda intervención de la fuerza pública debe responder a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y cuando existen señalamientos de abusos, la autoridad tiene la obligación de investigarlos, no de justificarlos automáticamente.
La legitimidad de un gobierno no se mide solamente por su capacidad para hacer cumplir la ley, sino por la forma en que ejerce esa responsabilidad.
México conoce demasiado bien las consecuencias de utilizar la fuerza pública para enfrentar conflictos sociales. Nuestra historia está marcada por episodios en los que la intolerancia gubernamental convirtió demandas legítimas en tragedias que todavía pesan sobre la conciencia nacional.
Esa memoria debería ser suficiente para comprender que la represión nunca puede normalizarse como instrumento de gobierno.
Desde luego, tampoco sería correcto otorgar una autorización ilimitada para cometer actos violentos bajo el argumento de ejercer el derecho a manifestarse. La protesta pacífica merece protección; las conductas delictivas, cuando existan, deben investigarse y sancionarse individualmente conforme a la ley.
Pero hay una diferencia fundamental entre detener a una persona por una conducta ilícita acreditada y utilizar indiscriminadamente la fuerza para desarticular una movilización ciudadana.
Confundir ambas cosas representa un riesgo para cualquier democracia.
El gobernador Pablo Lemus tiene la oportunidad de demostrar que su administración entiende esa diferencia. Una investigación transparente sobre los acontecimientos, la revisión de los protocolos policiales y la disposición a reconocer posibles errores serían señales de responsabilidad política, no de debilidad.
Los gobernantes suelen equivocarse cuando consideran que admitir una falla equivale a perder autoridad. Ocurre exactamente lo contrario: reconocer un exceso y corregirlo fortalece la confianza ciudadana.
También sería un error convertir este episodio exclusivamente en una disputa entre partidos. Si la defensa de los derechos humanos depende de quién gobierna, entonces deja de ser una convicción democrática para convertirse en una herramienta de conveniencia política.
La exigencia de respeto a los manifestantes debe ser la misma en Jalisco, en la Ciudad de México, en Yucatán o en cualquier otra entidad federativa. No puede haber criterios distintos según los colores partidistas de quienes ejercen el poder.
En ese sentido, respaldar la posición de Claudia Sheinbaum no significa concederle la razón en todas sus decisiones ni otorgar a su gobierno una autoridad moral automática. Significa reconocer que, en este asunto, el principio que defiende es correcto y merece aplicarse sin excepciones.
La autoridad debe contar con instrumentos para preservar la paz pública, pero esos instrumentos tienen límites. La policía está para proteger a los ciudadanos, incluidos aquellos que protestan contra el propio gobierno.
El uniforme representa una responsabilidad institucional, no una licencia para imponer obediencia mediante la intimidación.
México necesita gobiernos firmes frente a la delincuencia, eficaces para garantizar la seguridad y decididos a hacer cumplir la ley. Pero también necesita gobernantes capaces de distinguir entre quienes amenazan la tranquilidad de la sociedad y quienes ejercen legítimamente su derecho a exigir mejores condiciones de vida.
No son lo mismo.
Y esa distinción debería estar presente en cada decisión que involucre la intervención de las fuerzas de seguridad.
La democracia exige paciencia, tolerancia y una disposición permanente al diálogo. En ocasiones, escuchar a los ciudadanos inconformes puede ser políticamente costoso. Sin embargo, el costo de sustituir el diálogo por la represión termina siendo mucho mayor.
Porque cuando una autoridad responde con fuerza a una demanda social sin haber agotado las alternativas pacíficas, no resuelve el conflicto: lo profundiza.
La presidenta Sheinbaum acierta al colocar este principio en el centro de la discusión nacional. Corresponde ahora al gobierno de Jalisco esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y demostrar que la seguridad pública puede ejercerse sin vulnerar las libertades ciudadanas.
Al final, la verdadera fortaleza de un gobierno no está en cuántos policías puede desplegar, sino en cuánta confianza es capaz de generar.
La fuerza puede restablecer momentáneamente el orden, pero solamente el diálogo, la justicia y las soluciones pueden construir la paz.
Y en una democracia, la represión debe ser siempre el último recurso, jamás el camino más fácil.
Verificación editorial, 12 de octubre de 2026: la cobertura de hoy confirma 39 detenciones y 59 personas lesionadas, entre ellas 28 policías. Lemus anunció la revisión de los operativos y la liberación de 12 detenidos. Sheinbaum pidió explicaciones sobre el uso de agua a presión y gases lacrimógenos, además de ofrecer colaboración federal para resolver la crisis hídrica. Estos datos respaldan el contexto del artículo, sin prejuzgar responsabilidades individuales.