El caso de Brigitte Stegemann, una mujer de 83 años que murió en Canadá mediante el sistema de asistencia médica para morir, vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que nuestras sociedades no deberían resolver con ligereza: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando convierte la muerte provocada en una prestación médica?
La familia de Stegemann sostiene que ella no comprendió plenamente lo que ocurriría, que había manifestado dudas y que incluso, poco antes del procedimiento, habría expresado que había cometido un error. Esas afirmaciones forman parte de una controversia que debe ser investigada y esclarecida por las autoridades. No corresponde afirmar, sin una resolución, que fue asesinada. Pero el simple hecho de que exista una duda razonable sobre el consentimiento de una persona que terminó muerta debería obligarnos a reflexionar.
Yo estoy en contra de la muerte asistida. Y no lo estoy desde la intención de juzgar a quien, enfrentado al dolor insoportable o a una enfermedad terminal, piensa de manera distinta. Sería demasiado fácil opinar desde afuera sobre el sufrimiento de otra persona. Mi posición tiene que ver, sobre todo, con algo que considero fundamental: el deber de una sociedad y de la medicina debe ser acompañar, aliviar y cuidar al ser humano hasta el final, no provocar deliberadamente su muerte.
Durante siglos construimos la medicina alrededor de una idea elemental: preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Los avances en cuidados paliativos precisamente buscan eso. Que una persona pueda enfrentar la última etapa de su existencia con dignidad, sin dolor innecesario, acompañada por su familia y atendida por profesionales preparados para aliviar tanto el sufrimiento físico como el emocional.
La pregunta que me preocupa es qué sucede cuando damos un paso adicional y convertimos al médico, que históricamente ha sido quien intenta salvar o aliviar una vida, en quien también puede terminarla. Porque una legislación puede comenzar pensando en casos extremos: pacientes terminales, sufrimientos irreversibles y personas plenamente conscientes de su decisión. Pero una vez que el principio cambia —una vez que aceptamos que provocar la muerte puede ser una respuesta médica al sufrimiento— aparecen inevitablemente nuevas preguntas. ¿Qué ocurre con un anciano que se siente una carga para su familia? ¿Qué pasa con una persona deprimida? ¿Qué sucede cuando existen dudas sobre su capacidad cognitiva? ¿Quién determina cuándo el sufrimiento es verdaderamente intolerable? ¿Y qué hacemos cuando alguien cambia de opinión en el último momento?
Precisamente por eso el caso de Canadá merece atención. No porque debamos convertir una denuncia todavía investigada en una verdad definitiva, sino porque muestra el tamaño de las consecuencias cuando el sistema falla. En muchas decisiones médicas un error puede corregirse. En ésta no. La muerte es irreversible. Y cuando la consecuencia de una equivocación administrativa, médica, familiar o de valoración psicológica es que una persona deja de existir, ninguna disculpa, indemnización o investigación posterior puede reparar el daño.
Hay además una dimensión humana que me inquieta profundamente. Vivimos en sociedades que envejecen. Cada vez habrá más adultos mayores, más enfermedades crónicas y mayores presiones económicas sobre los sistemas públicos de salud y sobre las propias familias. En ese escenario debemos tener muchísimo cuidado con el mensaje que enviamos. Una persona anciana, enferma o dependiente nunca debería sentir que morir es una manera de dejar de representar una carga para los demás. La respuesta de una sociedad verdaderamente humanista debería ser exactamente la contraria: tu vida sigue teniendo valor. Incluso cuando estás enfermo. Incluso cuando necesitas ayuda. Incluso cuando ya no puedes producir. Incluso cuando dependes completamente de otros.
La dignidad humana no puede medirse por productividad, autonomía ni costo hospitalario. Entiendo perfectamente el argumento de quienes defienden la muerte asistida. Hablan de autonomía, libertad individual y del derecho de una persona a decidir sobre su propio cuerpo frente a un sufrimiento insoportable. Es un argumento que merece respeto y que explica por qué distintas sociedades han legislado en esa dirección. Pero yo llego a una conclusión distinta. Hay libertades individuales cuyo ejercicio requiere la participación directa de terceros y del Estado. Y cuando la decisión consiste en terminar definitivamente con una vida, considero que la obligación institucional debe inclinarse hacia la protección de esa vida y hacia el alivio del sufrimiento.
Prefiero una sociedad que invierta mucho más en cuidados paliativos, atención domiciliaria, medicamentos contra el dolor, acompañamiento psicológico y apoyo a las familias. Prefiero médicos con todas las herramientas posibles para que una persona no sufra. Prefiero hospitales capaces de ofrecer una muerte natural digna. Y prefiero que, ante la duda, siempre exista una última barrera en favor de la vida.
El caso de Brigitte Stegemann deberá ser esclarecido. Si todos los requisitos legales fueron respetados, corresponde decirlo. Y si no fue así, las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes. Pero independientemente del resultado de esa investigación, su historia nos obliga a hacernos una pregunta mucho más profunda. ¿Qué clase de sociedad queremos construir cuando uno de nosotros llegue al momento de mayor fragilidad? Yo tengo clara mi respuesta. Una que nos tome de la mano, nos quite el dolor y nos acompañe hasta el último momento. Pero que nunca sea ella quien decida adelantarlo.