Creo que en todo México la primera tranquilidad que merece defenderse con la misma firmeza con la que debemos exigir el esclarecimiento de cualquier hecho violento es la de Yucatán. El ataque armado en la colonia Montes de Amé de Mérida causó preocupación, y es comprensible: quienes vivimos aquí valoramos profundamente poder salir, trabajar y convivir sin que el miedo determine nuestra vida cotidiana.
Pero de esa preocupación a afirmar que se ha roto el cerco de seguridad hay una distancia que debe medirse con hechos. Y en este caso hay uno que merece atención: la policía respondió y las detenciones llegaron en cuestión de horas.
Los primeros dos presuntos implicados fueron detenidos en menos de siete horas, según los reportes del operativo. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública informó que eran cuatro las personas detenidas: dos hombres y dos mujeres. La investigación deberá establecer la participación de cada una y las autoridades judiciales determinarán las responsabilidades correspondientes.
Detrás de esa respuesta hay trabajo. Localizar a personas que intentan escapar después de una agresión requiere información, coordinación y capacidad para actuar a tiempo. Por eso considero justo reconocer a Luis Felipe Saidén Ojeda y a las mujeres y hombres de la SSP que intervinieron. Su desempeño ofrece razones concretas para mantener la confianza en nuestra policía.
Saidén representa una continuidad institucional que Yucatán debe valorar. La seguridad necesita experiencia, conocimiento del territorio y una conducción capaz de sostener el trabajo cotidiano de una corporación. También necesita respaldo para sus agentes, preparación permanente y exigencia de resultados. La tranquilidad que disfrutamos depende, en buena medida, de ese esfuerzo acumulado.
Precisamente porque confiamos en nuestra policía debemos exigir que cada agresión sea investigada hasta sus últimas consecuencias. Las detenciones son un avance importante; el esclarecimiento del móvil, la identificación de quienes hayan ordenado el ataque y un proceso judicial sólido deben completar esa respuesta.
Los indicadores también ayudan a poner los acontecimientos en perspectiva. Entre enero y mayo de 2026, Yucatán registró 12 víctimas de homicidio doloso, la menor incidencia del país durante ese periodo, de acuerdo con las cifras difundidas por el gobierno estatal. Cada víctima representa una tragedia, pero esos datos permiten dimensionar la situación y evitar que un episodio, por grave que sea, se convierta automáticamente en diagnóstico de todo un estado.
Lo ocurrido en Chemax, donde una persona fue agredida y sufrió quemaduras, merece la misma atención. La detención de dos hombres mediante un operativo encabezado por la Policía Estatal de Investigación muestra una respuesta institucional frente a un hecho que debe esclarecerse. Ninguna comunidad puede aceptar que la violencia sustituya a la justicia.
En el caso de Montes de Amé han circulado versiones sobre presuntos vínculos del lesionado con grupos criminales de Quintana Roo. Corresponde a las investigaciones determinar qué relación, si alguna, tienen esos antecedentes con la agresión. Entretanto, hay una exigencia legítima: impedir que las disputas criminales de otras entidades encuentren en Yucatán un lugar para reproducirse.
Eso requiere coordinación regional efectiva. Compartir información, atender mandamientos judiciales y dar seguimiento a personas investigadas son responsabilidades que las instituciones deben cumplir. Los yucatecos tenemos derecho a exigir que esa colaboración produzca resultados y proteja nuestra tranquilidad.
Mi reconocimiento a Saidén y a la SSP parte de lo que hicieron ante este ataque: actuar con rapidez y detener a presuntos implicados. Ese trabajo merece respaldo, al igual que merece seguimiento la investigación que continúa.
La paz de Yucatán es uno de nuestros bienes más valiosos. Defenderla exige serenidad para evaluar los hechos, firmeza para enfrentar a la delincuencia y constancia para fortalecer a quienes nos protegen. Hoy tenemos razones para confiar en una policía que responde. Nuestra obligación es cuidar esa fortaleza y exigir que se traduzca, todos los días, en seguridad y justicia. Por eso es nuestro deber como sociedad cuidar a quien nos cuida.