El pasado 5 de febrero se conmemoraron 105 años de la promulgación de la Constitución de 1917, marco legal vigente que aún nos rige hoy día. El presidente AMLO, fiel a su narrativa cotidiana, se lanzó contra los órganos electorales y dejó entrever su voluntad de continuar con su afición reformista a la Carta Magna.
En perspectiva histórica, el lector recordará que la Constitución mexicana fue la primera carta social del siglo XX. Surgió como resultado de la voluntad política del presidente Venustiano Carranza y del Constituyente de consagrar en un texto jurídico los principios emanados de la Revolución Mexicana.
Entre sus grandes máximas -principalmente aquellas que rompieron con las tradiciones jurídicas plasmadas en las constituciones precedentes- se encuentran: el artículo 27 relacionado con la propiedad de la tierra y de los recursos del subsuelo (como respuesta a la entrega de la propiedad nacional a empresas extranjeras durante el porfiriato) y el 127 referente a los derechos laborales. En materia administrativa se suprimió la figura del vicepresidente de 1857.
A partir de aquel momento hasta el día de hoy, el Congreso, erigido en Constituyente, realizaría 707 reformas a través de 233 decretos ¡707 reformas! En otras palabras, nuestro texto fundamental ha sido manipulado por los gobiernos en turno de acuerdo a sus proyectos políticos, condenando a nuestra Constitución a una maleabilidad que no encaja con el concepto de las democracias modernas.
Insisto, no obstante el carácter “perenne” el cual debe poseer toda ley Fundamental, la Constitución mexicana ha sido objeto de un interminable número de reformas que le han arrebatado su carácter original. Miremos hacia el modelo que algún sirvió de referente para la Carta Magna de 1824: la Constitución de los Estados Unidos.
Este texto, el cual ha sido históricamente fortalecido por las distintas interpretaciones de la Corte, conserva hoy su espíritu, así como el de las Enmiendas que garantizan el derecho de los Estados y de los ciudadanos. Los casos alemán, francés y español igualmente sirven como modelo de Carta Magna que cumplen cabalmente con su función: establecer cimientos legales que brinden una estabilidad del sistema político y de la convivencia democrática.
En tiempos más recientes, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se reformaron una serie de artículos con el propósito de implementar las reformas estructurales. Algunas fueron buenas, otras no tanto, pero el principio prevalece: la Constitución no es un decreto de un gobierno municipal que puede ser manipulado al antojo de los personajes en el poder.
AMLO y su Morena continúan con este afán reformista de la Constitución, como si el presidente y el partido mayoritario fuesen los propietarios de los principios que rigen a la sociedad mexicana. ¡Basta con echar un vistazo al discurso del jefe del Estado para vaticinar las reformas que se avecinan a nuestra ley fundamental!
Y aquí sí que conviene poner el acento. Suscribo la idea de que la Constitución no debe ser presa de los principios vigentes hacia 105 años. Lo que conviene denunciar es la utilización del texto como si valiese únicamente para realizar proyectos políticos de los gobiernos en turno.
En suma, la Constitución mexicana no es hoy día un referente de estabilidad ni de establecimiento de principios, sino un mero instrumento al servicio del presidente en turno y del partido mayoritario. Es una pena para la historia del constitucionalismo mexicano y para los grandes personajes del siglo XX y actuales que han dedicado sus vidas al estudio e interpretación de nuestra Carta Magna.
José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4