El reportaje de Irving Pineda, de TV Azteca, sobre Jorge Amílcar Olán Aparicio, a quien ubicó en su residencia de Lugano, Suiza, merece un premio periodístico.
Pero el periodismo, ni hablar, es un oficio de riesgos. Puede ser de alto, mediano o bajo riesgo dependiendo del país donde se ejerza, las circunstancias, los temas investigados y, por supuesto, los procedimientos utilizados para obtener información.
En México, el mayor riesgo para el periodismo sigue siendo la violencia, particularmente en algunas regiones que todavía padecen las consecuencias de la fallida guerra contra el narco de Felipe Calderón, una pesadilla que por fortuna ya empieza a ser superada en la 4T.
En México existen riesgos jurídicos para el periodismo, pero, en términos generales, una acción judicial contra un periodista por invadir la vida privada de una persona de evidente interés público normalmente no procede por la protección constitucional de las libertades de expresión e información.
En otros países, particularmente en Suiza, las reglas sobre la captación de imágenes dentro de una vivienda pueden ser, y son, más estrictas.
Entro al caso de Irving Pineda y Amílcar Olán.
Pineda y su camarógrafo realizaron durante varios días labores de vigilancia sobre la residencia de Olán. Lo siguieron, intentaron entrevistarlo y consiguieron imágenes de su vida cotidiana. Hasta ahí todo perfectamente legítimo. Localizarlo en la calle, acercarse a él, formularle preguntas e intentar obtener una entrevista no viola ninguna ley de Suiza. Amílcar es una persona de evidente interés público.
El problema es otro. Los periodistas de TV Azteca grabaron desde el exterior hacia el interior de su vivienda. Las imágenes difundidas muestran a Olán en su casa, incluso sin camisa.
Según la reconstrucción publicada por Héctor de Mauleón, en El Universal, los periodistas de TV Azteca utilizaron un teleobjetivo para observar lo que ocurría dentro del departamento.
En Suiza, tal procedimiento puede tener consecuencias judiciales.
El Código Penal suizo protege la intimidad frente a determinadas grabaciones realizadas sin consentimiento. Contempla penas de hasta tres años de prisión o una indemnización económica. También existe la posibilidad de una demanda civil.
No afirmo que Irving Pineda haya cometido un delito. Todo lo contrario: considero que realizó un trabajo periodístico de enorme valor.
Pero una cosa es el derecho a investigar a una persona relacionada con posibles irregularidades y otra, jurídicamente distinta, es el derecho a grabar dentro de su casa.
La judicatura suiza tendría que ponderar la libertad de prensa, el interés público de la investigación y el derecho a la intimidad de Olán.
Y aquí aparece Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca.
No sería la primera vez que Salinas Pliego o empresas suyas se vieran involucrados en grabaciones realizadas sin consentimiento de las personas grabadas.
En Inglaterra existe un antecedente reciente. En el litigio internacional por un presunto fraude de aproximadamente 400 millones de dólares, una empresa del grupo de Salinas Pliego contrató a Black Cube, firma de inteligencia privada. Agentes de esa compañía grabaron clandestinamente a un abogado de la contraparte durante reuniones en Ámsterdam. El propósito era obtener información que pudiera favorecer a Grupo Salinas en el juicio.
La Corte de Apelaciones de Inglaterra confirmó que eso constituyó un abuso del proceso judicial.
No fue una condena penal contra Salinas Pliego. Pero sí una resolución judicial relevante sobre los métodos utilizados para obtener información.
Ahora bien, ¿qué ocurriría si Amílcar Olán contratara abogados suizos y decidiera actuar judicialmente por las imágenes captadas dentro de su residencia de Lugano?
Podría presentar una denuncia penal y una demanda civil. Los abogados tendrían que identificar a quienes participaron en la grabación, autorizaron los procedimientos y decidieron difundir las imágenes.
La responsabilidad de Irving Pineda, la de TV Azteca y la de Ricardo Salinas no serían necesariamente iguales. Y quizá el menos responsable sería el propietario de la televisora.
Pero si se acreditara una intervención personal de Salinas Pliego, la situación podría ser muy engorrosa o más que eso para el empresario.
Salinas Pliego y sus abogados tendrían razones para examinar cuidadosamente las posibles consecuencias internacionales de un procedimiento judicial suizo.
Si existiera una orden judicial de detención válida contra el reportero o incluso contra el dueño de TV Azteca, el asunto podría complicar los viajes de negocios y de placer del empresario a Suiza y, eventualmente, a otros países del espacio Schengen en Europa.
Esto no ocurriría automáticamente. Mucho menos por un delito menor, como podría ser el caso.
Sin embargo, el riesgo jurídico existe. Y sería al menos, mucho muy molesto para Salinas Pliego, quien tiene o ha tenido relaciones financieras y de negocios documentadas en Suiza desde los tiempos del hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari.
En síntesis, Irving Pineda hizo un gran reportaje. Pero el mérito periodístico no garantiza que todos los procedimientos utilizados para realizarlo sean legales en Suiza.
El periodismo tiene riesgos distintos según el país en que se practica.
La libertad de prensa es indispensable. La protección de la vida privada también. Esto último jamás debe ser violentado, ni siquiera para aportar contexto acerca de la posible inestabilidad emocional de un personaje nefasto como Amílcar Olán.