Refutaciones Políticas
En el debate público mexicano y latinoamericano se ha vuelto costumbre escuchar a ministros, magistrados y una legión de opinadores jurídicos hablar con devoción casi litúrgica de «la ponderación de principios», «la proporcionalidad» y los «mandatos de optimización». Nos presentan este andamiaje como la máxima cumbre de la civilización democrática: la idea de que los jueces ya no aplican la ley fría y seca, sino que «sopesan valores supremos» para hacer justicia material.
Suena impecable. Poético, incluso. Pero cuando rascamos la retórica y miramos con crudeza política e histórica lo que hay detrás, la realidad es otra: la teoría de los principios no es más que el ropaje técnico con el que una auténtica aristocracia togada ha consumado el secuestro de la soberanía popular.
Nos vendieron la idea de que los principios vienen de una suerte de consenso moral desinteresado. Intelectuales influyentes del constitucionalismo contemporáneo (como Robert Alexy o Ronald Dworkin) intentaron darle a esta técnica un barniz kantiano. Pero cometieron una trampa imperdonable: Kant jamás habló de una canasta de principios maleables que pudieran tasarse en una báscula casuística. El imperativo categórico kantiano es incondicionado; no se optimiza ni se regatea. Lo que tiene precio admite cálculo; lo que tiene dignidad no se negocia. Al inventar la «fórmula del peso» para ponderar principios, convirtieron los derechos en mercancías negociables al gusto del juzgador.
Esa es exactamente la gran denuncia que formuló Jürgen Habermas en Facticidad y validez. El filósofo alemán desmontó la falacia con precisión quirúrgica: cuando degradas los derechos de mandatos categóricos a meros «valores» o «principios optimizables», destruyes su función de escudo protector. Los valores se calculan, se gradúan y se acomodan; las normas obligan. Al someter las leyes a la balanza del juez, este sustituye al legislador democrático y se erige en un censor moral sin control ciudadano.
¿Y de dónde surge realmente esta urgencia por sustituir las leyes claras por el arbitrio de los jueces? La respuesta no está en el cielo de los conceptos jurídicos, sino en la economía política. Hace un siglo, el jurista soviético Evgeny Pashukanis advirtió con enorme lucidez que la forma jurídica no flota en el éter: emana directamente de las relaciones de producción.
En el capitalismo del siglo XIX, a las élites les bastaba la ley rígida y el formalismo estricto; necesitaban certeza para sus contratos. Pero en el capitalismo contemporáneo, cuando las mayorías populares se organizan, van a las urnas y eligen parlamentos que aprueban reformas laborales, fiscales o energéticas que tocan los intereses de los grandes capitales, la regla escrita se convierte en un estorbo para el poder fáctico.
Ahí es donde entra en juego la magia de los «principios». Como los principios son vagos, abiertos y no tienen un supuesto de hecho claro, le otorgan al juez un cheque en blanco. Si el Congreso aprueba una ley para recuperar la soberanía sobre un recurso estratégico o redistribuir la riqueza, la aristocracia judicial no necesita demostrar que la ley viola una prohibición explícita de la Constitución. Le basta recurrir a la «ponderación»: sopesa la ley frente a conceptos etéreos como la «seguridad jurídica», la «libertad de comercio» o la «confianza legítima», decide que la reforma «pesa menos», y le asesta un veto definitivo.
El conflicto social deja de resolverse en el parlamento (la única arena donde el pueblo tiene voz y voto) y se traslada a las cámaras climatizadas de los tribunales constitucionales. La lucha entre el capital y el trabajo se despolitiza; ya no es un choque de clases, sino una «colisión técnica de derechos concurrentes» que solo un puñado de iniciados con toga sabe descifrar.
El principismo judicial contemporáneo no democratizó el derecho; privatizó la política. Consagró a una élite que no rinde cuentas en las urnas como el árbitro supremo de lo que una sociedad puede o no puede transformar.
Es hora de perderle el respeto reverencial a la jerga de la ponderación. Detrás del latín mal digerido, de los exámenes de proporcionalidad y de los falsos homenajes a los derechos humanos, lo que late no es la justicia: es el veto preventivo de una clase dominante que utiliza a los jueces para frenar, en los escritorios, las transformaciones que el pueblo conquista en las calles.