REFUTACIONES POLITICAS
Una sociedad revela su sentido de la justicia en el trato que dispensa a quienes tienen menos poder. Allí donde una persona debe soportar humillaciones para conservar su empleo, endeudarse para recibir atención médica o renunciar a su descanso para asegurar la alimentación de sus hijos, la dignidad deja de ser una promesa cumplida y se convierte en una acusación contra el orden existente. Podemos proclamar que todos los seres humanos poseen un valor intrínseco; pero esa afirmación queda políticamente vacía cuando las instituciones permiten que la necesidad se utilice como instrumento de sometimiento.
La crítica al neoliberalismo debe comenzar precisamente ahí: en la distancia entre el reconocimiento abstracto de la persona y las condiciones concretas de su existencia. Su poder rebasa una doctrina económica. Consiste también en organizar las relaciones sociales mediante una jerarquía que concede prioridad a la rentabilidad y exige que la vida se ajuste a sus imperativos. Bajo esa lógica, el trabajador aparece como costo, el enfermo como cliente, el estudiante como inversión y el anciano como carga. La humanidad de cada uno queda subordinada a una pregunta brutal: ¿cuánto produce, cuánto consume y cuánto cuesta?
Kant ofrece un criterio decisivo para juzgar esta degradación: debemos tratar a la humanidad, en nosotros mismos y en los demás, siempre como un fin y nunca meramente como un medio. El alcance de esta exigencia es profundamente político. Significa que ninguna persona puede quedar reducida a instrumento de enriquecimiento, objeto de administración o pieza sustituible de una maquinaria productiva. La dignidad impone límites a lo que podemos hacer con otros, incluso cuando una operación resulta rentable o un contrato cumple formalmente la ley.
El poder neoliberal entra en conflicto con ese límite cuando convierte la vulnerabilidad humana en oportunidad de negocio. La necesidad de vivienda puede volverse fuente de rentas abusivas; la enfermedad, ocasión de ganancias; la urgencia de trabajar, condición para imponer jornadas y remuneraciones indignas. La agresión aparece cuando la obtención del beneficio exige explotar la indefensión y cuando las instituciones protegen esa explotación como si fuera una consecuencia natural de la libertad.
Esta es una de sus mistificaciones más eficaces: presentar como elección libre aquello que se acepta bajo la presión de la necesidad. Quien firma un contrato para evitar el hambre expresa jurídicamente su voluntad, pero lo hace dentro de una relación profundamente desigual. La firma no borra la coacción material. Una libertad que solo puede ejercerse escogiendo entre formas de sometimiento necesita ser examinada desde sus condiciones reales.
Aquí adquiere toda su fuerza la noción de libertad positiva republicana: la capacidad efectiva de intervenir, junto con los demás, en la construcción de las condiciones que gobiernan nuestra existencia. Ser libre exige poder actuar, desarrollar las propias capacidades y participar en la determinación de las reglas comunes. La libertad necesita una comunidad política de iguales en la que cada persona tenga voz y medios para ejercerla. Se realiza en la asociación, en el autogobierno y en la responsabilidad compartida por el mundo que habitamos.
Conviene precisar su vínculo con otra exigencia central de la tradición republicana: la libertad como ausencia de dominación. Ambas nociones están relacionadas, aunque no sean idénticas. La primera destaca la capacidad de actuar y gobernarse; la segunda exige que nadie quede sometido a un poder arbitrario. Una persona depende de ese poder cuando su trabajo, su subsistencia o sus derechos están a merced de una voluntad que no puede controlar ni cuestionar eficazmente. Puede disfrutar de cierta tolerancia y seguir viviendo bajo dominación: basta con que otro conserve la facultad de intervenir sobre su vida sin rendir cuentas.
Desde esta perspectiva, la benevolencia del poderoso nunca basta para garantizar la libertad. Un patrón puede tratar correctamente a sus trabajadores y conservar facultades que les impidan reclamar sin temor. Una autoridad puede conceder beneficios y utilizarlos para exigir obediencia. La dignidad requiere derechos exigibles, límites al poder y posibilidades reales de impugnar sus decisiones. La libertad republicana demanda que las personas puedan levantar la mirada, expresar su desacuerdo y defender sus intereses sin depender del favor de quien manda.
Por eso, la libertad positiva republicana necesita condiciones materiales. La educación, la salud, la vivienda, el tiempo disponible y la seguridad económica permiten convertir una capacidad formal en una posibilidad efectiva. Quien dedica toda su energía a sobrevivir encuentra obstáculos enormes para participar en los asuntos públicos. La desigualdad económica se convierte en desigualdad política: unos disponen de recursos para influir sobre las decisiones colectivas, mientras otros apenas tienen fuerzas para soportar sus consecuencias.
La ideología neoliberal oculta esta relación al transformar la interdependencia humana en competencia permanente y atribuir a cada individuo la responsabilidad exclusiva de su destino. Así consigue que la desigualdad parezca mérito y que la pobreza se interprete como fracaso personal. Primero se coloca a la persona en condiciones de desventaja; después se le exige sentirse culpable por no superarlas. Al desempleado se le reclama reinventarse; al trabajador exhausto, mejorar su rendimiento; a quien carece de recursos para estudiar, invertir en sí mismo. La estructura desaparece del relato y permanece únicamente el individuo, obligado a responder por obstáculos que no creó.
Esta forma de poder también empobrece la democracia. Cuando decisiones fundamentales sobre trabajo, vivienda, recursos naturales o servicios públicos se sustraen del debate colectivo y se presentan como exigencias incuestionables de los mercados, la ciudadanía pierde capacidad para determinar su mundo. La soberanía popular queda cercada por una supuesta necesidad económica. Se permite discutir quién administra, mientras se intenta clausurar la discusión sobre a quién debe servir la administración.
La respuesta republicana exige recuperar esa discusión y hacerla efectiva. La libertad positiva adquiere contenido cuando la ciudadanía puede organizarse, deliberar, controlar a sus representantes y disputar las decisiones que afectan su existencia. También necesita democracia en las relaciones laborales, organizaciones sociales autónomas y mecanismos para contener la concentración del poder económico. El autogobierno pierde sustancia si la igualdad termina a la puerta del lugar de trabajo o si la riqueza permite imponer intereses particulares sobre la voluntad colectiva.
Los apuntes sobre Hannah Arendt permiten abordar otra dimensión del problema: la responsabilidad de quienes ejecutan decisiones dentro de grandes organizaciones. Su reflexión sobre la banalidad del mal surgió del examen de crímenes específicos y no autoriza a equiparar cualquier injusticia con el exterminio nazi. Sí nos exige considerar una cuestión moral que conserva toda su fuerza: cumplir una función no cancela la obligación de pensar sobre sus consecuencias.
El daño puede fragmentarse hasta que nadie se reconozca responsable. Uno establece la meta, otro autoriza el recorte, otro aplica el procedimiento y otro comunica la decisión. Cada participante puede alegar que hizo correctamente su trabajo, mientras una persona pierde el acceso a un servicio indispensable o queda expuesta a condiciones que destruyen su salud. La pregunta decisiva continúa siendo: ¿debíamos hacerlo? Una ciudadanía libre necesita sujetos capaces de juzgar y de resistir instrucciones injustas.
Defender la dignidad obliga, por ello, a examinar tanto las conductas individuales como las instituciones que las orientan. Una política puede ser legal y producir injusticia; un contrato puede ser válido y expresar dominación; una empresa puede cumplir sus indicadores y deteriorar la vida de quienes sostienen su actividad. La justicia requiere evaluar esos resultados y decidir democráticamente qué límites deben imponerse al poder.
Esta exigencia alcanza también al Estado. El poder público vulnera la dignidad cuando humilla, discrimina, abandona o reprime. Invocar el bien común no autoriza a una autoridad a imponer su concepción de la vida sobre todas las personas. La libertad positiva republicana exige pluralidad, derechos y control ciudadano; su realización depende de que quienes reciben las decisiones puedan participar en ellas y cuestionarlas.
La dignidad pertenece también a quien no produce, a quien necesita cuidados, a quien ha perdido sus capacidades y a quien ha cometido un delito. No se gana mediante el éxito ni se pierde por dejar de ser útil. Esa universalidad es la exigencia más radical que podemos oponer a un orden empeñado en clasificar la vida según su rendimiento.
Frente al poder neoliberal, la tarea política consiste en impedir que la necesidad autorice la humillación y que la riqueza compre el derecho a disponer de los demás. La libertad positiva republicana expresa el horizonte de esa lucha: construir una asociación de personas capaces de gobernar su vida común sin quedar sometidas a poderes arbitrarios. Una sociedad justa debe asegurar que sus integrantes puedan vivir, pensar, disentir y participar como personas de igual valor. Cuando la rentabilidad exige sacrificar esa igualdad, corresponde transformar las reglas que gobiernan la economía. Ninguna ganancia justifica convertir una vida humana en material desechable.