Hay informes de gobierno que se leen como un ejercicio de contabilidad política y otros que se leen como un espejo. El Segundo Informe de Claudia Sheinbaum Pardo, presentado este 1 de septiembre desde Palacio Nacional pertenece a la primera categoría: cifras optimistas, gráficas ascendentes, un tono de autocelebración. El problema es que México, el de a pie, el que entierra a sus muertos y busca a sus desaparecidos, sigue viviendo en la segunda.
La presidenta presumió una reducción del 51% en homicidios dolosos desde el inicio de su administración, equivalente —según sus propias cifras— a 44 asesinatos menos por día, con julio como el mes de menor promedio diario en once años.
Son datos oficiales y merecen citarse con honestidad: existen, provienen del Gabinete de Seguridad y no deben descalificarse sin más. Pero una estadística nacional a la baja no borra lo que ocurre en el terreno: fosas clandestinas que se siguen abriendo en Jalisco, Guanajuato y Sinaloa; colectivos de buscadoras que documentan hallazgos casi semanales; el reclutamiento de menores por el crimen organizado, hoy con nombre propio.
En Michoacán, un operativo federal del 31 de agosto dejó como saldo, según versiones aún no confirmadas oficialmente, la muerte de Luis Enrique Barragán Chávez, “El R-5”, líder del Cártel de Los Reyes, y de un adolescente identificado como Jesús Sandoval, “Chuchito Nini”, señalado como su escolta y presunto reclutador de otros menores. Que un niño aparezca armado, entrenado y muerto en un enfrentamiento no es una anécdota lateral de la estrategia de seguridad: es su síntoma más brutal. La baja en el promedio nacional de homicidios es una buena noticia si es real y sostenida; no es, por sí sola, la evidencia de que el país dejó de sangrar.
Sobre el Tren Maya, la presidenta sonrió al hablar de quienes “auguran” que no funciona. No hace falta augurar nada: el 31 de agosto, un vagón se descarriló a escasos metros de la estación de San Francisco de Campeche, con 123 pasajeros a bordo, el segundo incidente de este tipo registrado en ese estado y uno más en una lista que ya incluye Izamal y Escárcega. El gobierno lo llama “percance”; la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, además, ha sido omisa —según reportes periodísticos— en entregar la información solicitada sobre accidentes e incidentes de la obra insignia del sexenio anterior. Una infraestructura de más de 500 mil millones de pesos no debería normalizar sus fallas bajo un eufemismo. La opacidad sobre los incidentes es, en sí misma, una forma de contradicción con el discurso de transparencia que Morena ha enarbolado desde 2018.
En materia social, Sheinbaum anunció que los Programas para el Bienestar alcanzarán, al cierre de 2026, a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica cercana al billón de pesos. Es una cifra formidable en tamaño y en gasto. Pero la pobreza no se mide en padrones de beneficiarios, sino en carencias resueltas, y en Chiapas, Oaxaca y Guerrero —los tres estados con los índices de pobreza más altos del país desde hace décadas— la transferencia directa de efectivo no ha logrado romper por sí sola el círculo de marginación estructural, falta de empleo formal y violencia que ahoga a esas regiones. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, presentados como estrategia para “atender las causas” de la violencia, conviven con la evidencia de que el crimen organizado sigue reclutando adolescentes con más eficacia que la del Estado para protegerlos.
Y luego llegó el cierre, el más incómodo de todos: la apelación a la “honradez” y a una autoridad moral que, dijo, no se compra con dinero.
Es una frase difícil de sostener en un momento en que distintos personajes ligados a Morena enfrentan señalamientos por corrupción, en que el huachicol fiscal sigue siendo investigado y en que millones de familias mexicanas conviven a diario con la extorsión, la desaparición y la insuficiencia de servicios públicos básicos. La autoridad moral no se declara desde un atril entre aplausos programados: se construye con resultados verificables, con transparencia real ante la prensa y la sociedad civil, y con consecuencias institucionales para quienes fallan, sin importar el color de su partido.
Nada de esto significa negar los avances que el gobierno pueda mostrar con cifras duras y verificables, ni asumir automáticamente que todo dato oficial es falso: la baja en homicidios, si se sostiene con metodología transparente, sería una noticia genuinamente buena para el país. Tampoco significa ignorar que la administración anterior heredó buena parte de estos problemas estructurales, ni que resolver la violencia, la pobreza y la corrupción en dos años era una expectativa poco realista para cualquier gobierno. El desafío para Sheinbaum no es dejar de informar logros, sino dejar de minimizar lo que aún duele. Un segundo informe que reconociera las fosas junto con las estadísticas, los descarrilamientos junto con los kilómetros de vía, y la pobreza persistente junto con los padrones de bienestar, tendría más autoridad moral que cualquier discurso cerrado con aplausos.
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