El problema de los vuelos privados de Mara Lezama ya no es solamente un asunto de austeridad. Tampoco se resuelve diciendo que no salió un peso del erario. El problema es otro y políticamente mucho más delicado: ¿por qué una gobernadora utiliza aeronaves administradas por una empresa vinculada al mismo grupo empresarial que hace negocios con su gobierno?
Reforma reveló que Lezama y su familia realizaron al menos 43 vuelos al extranjero en dos Gulfstream G200 administrados por PABE-TAX, empresa vinculada corporativamente con Grupo Seguritech.
Al mismo tiempo, Seguritech presta servicios relacionados con sistemas de seguridad al Gobierno de Quintana Roo. Los vuelos investigados tendrían un valor comercial conjunto cercano a 20 millones de pesos.
Hay trayectos que permiten dimensionar el privilegio. Un Cancún-Eagle/Vail, Colorado, realizado en marzo de 2024 en el Gulfstream XA-PKR, fue estimado en unos 30 mil dólares; otro Cancún-Washington habría rondado los 24 mil dólares. Rentar un aparato de esta categoría puede costar alrededor de 7 mil dólares por hora.
Mara respondió que los viajes fueron pagados con recursos personales. Claudia Sheinbaum recogió esa explicación, aunque primero había pedido aclarar quién pagó los traslados y bajo qué condiciones y este miércoles advirtió que los señalamientos “tienen que comprobarse”.
Y precisamente ahí está la pregunta que sigue sin respuesta suficiente: no sólo quién pagó, sino a quién se pagó, cuánto se pagó y en qué condiciones.
Porque cuando quien presta el servicio está relacionado con un proveedor gubernamental, acreditar que el dinero salió de una cuenta personal no despeja automáticamente un posible conflicto de interés. Harían falta facturas, contratos, tarifas, transferencias y comprobar que se pagaron precios de mercado.
El nombre detrás de Seguritech es Ariel Zeev Picker Schatz, empresario cuyo crecimiento ha sido documentado desde los años de Enrique Peña Nieto. Investigaciones periodísticas han señalado que la compañía se expandió notablemente durante aquel sexenio y obtuvo contratos multimillonarios de seguridad y videovigilancia. También ha sido cuestionada durante años por la opacidad que rodea diversos contratos públicos, muchos protegidos bajo argumentos de seguridad.
La paradoja es incómoda para la 4T. En marzo de 2023, cuando López Obrador fue interrogado expresamente sobre Seguritech y las contrataciones de tecnología de seguridad, respondió: “Pues debe de desaparecer”, y enseguida criticó la práctica de hacer negocios con tecnología poniendo el lucro por delante.
Tres años después, una gobernadora de Morena aparece volando en aeronaves administradas por una compañía relacionada con ese mismo conglomerado.
Y no es el primer episodio que coloca a Seguritech demasiado cerca de quienes gobiernan.
El exgobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, habitó con su familia una residencia en The Woodlands, Houston, propiedad de una sociedad administrada por Daniel Esquenazi Beraha, representante y colaborador de Seguritech y socio de Picker en otros negocios. Durante el gobierno de Sinhue, Seguritech recibió contratos multimillonarios. El caso provocó denuncias y solicitudes de investigación.
Ahora la turbulencia aterriza en Cancún.
La contradicción resulta todavía mayor tratándose de Mara Lezama. Antes de gobernar fue periodista, conductora y locutora. Construyó buena parte de su capital público denunciando problemas ciudadanos frente a un micrófono. Después llegó al poder bajo las banderas de Morena y de una coalición en la que participó el Partido Verde, prometiendo austeridad, transparencia y combate a la corrupción.
Por eso la explicación no puede limitarse a: “yo pagué”.
La gobernadora debería mostrar cuánto pagó, a quién, las facturas de los vuelos, las condiciones comerciales y si existió algún descuento, cortesía o beneficio. Y su gobierno debería transparentar, paralelamente, todos los contratos vigentes con Seguritech y sus empresas relacionadas.
Porque quizá todo tenga una explicación perfectamente legal.
Pero mientras una gobernadora viaje en los aviones relacionados con la red empresarial de un proveedor de su propio gobierno, la pregunta seguirá volando mucho más alto que cualquier Gulfstream:
¿Dónde termina la relación comercial y dónde comienza el conflicto de interés?