Como se ha mencionado hasta el cansancio en redes, investigaciones y filtraciones, desde que llegó la 4T, se instauró lo que se conoce como el fraude del siglo: el huachicol fiscal, un esquema tan amplio, que ha salpicado a buena parte de la clase gobernante.
A pesar de eso, las autoridades federales prácticamente no han actuado, ni para detener a los presuntos implicados ni para aclarar qué ocurre realmente con investigaciones que, por su naturaleza, deberían seguirse de oficio.
La situación sólo alimenta la polarización y evidencia la ausencia de un verdadero Estado de derecho, fortaleciendo la percepción de que la justicia responde únicamente a criterios políticos y a intereses del grupo gobernante.
Sin respuestas oficiales
Lo que se conoce hasta el momento ha surgido de investigaciones periodísticas, denuncias, expedientes de la propia Fiscalía General de la República y filtraciones provenientes de Estados Unidos. Pero ninguna autoridad ha explicado con claridad cómo avanzan los procesos, cuáles son las pruebas existentes y de qué manera se configura jurídicamente el delito de huachicol fiscal.
Entre los pocos que han explicado el tema con precisión está el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien incluso entregó personalmente al entonces presidente López Obrador una denuncia en la que señalaba rutas, empresas y presuntas complicidades, además de exponer cómo se acredita legalmente este delito.
Los nombres
Carlos Loret de Mola reveló en Latinus que Andrés López Beltrán, hijo del expresidente, aparece mencionado en una carpeta de investigación de la FGR.
De acuerdo con el testimonio de un colaborador identificado como Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol”, refiere que durante una operación relacionada con un buque presuntamente cargado con combustible de contrabando se mencionó que se solicitaría la intervención del entonces secretario de Marina porque “era un tema de Andy”.
En esa misma investigación también aparecen mencionados el senador Adán Augusto López Hernández y el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
Por su parte, Código Magenta ha sostenido que tanto López Beltrán como Adán Augusto son mencionados de manera recurrente por testigos protegidos dentro de investigaciones federales. El mismo medio también ha señalado que el hijo del expresidente habría sido mencionado como un presunto punto de influencia para destrabar operaciones de la red.
En otras investigaciones de la FGR fueron acusados y detenidos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, acusados de encabezar una red millonaria de contrabando de combustible.
El caso de Sergio Carmona Angulo, conocido como el “Rey del Huachicol”, continúa siendo un referente. Diversas investigaciones lo vincularon con una red de contrabando de combustibles que operaba en Estados Unidos y México y con el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas de Morena.
En esos expedientes también han sido mencionados Mario Delgado, Ricardo Peralta Saucedo y Audomaro Martínez Zapata. Su hermano, Julio César Carmona fue puesto como Administrador de la Aduana de Reynosa y luego del asesinato de Sergio, se fue a Estados Unidos como testigo protegido.
También está la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. A estos nombres se suman los gobernadores Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Marina del Pilar Ávila y Rubén Rocha Moya, quienes han aparecido en distintas investigaciones periodísticas y filtraciones relacionadas con estas redes.
La justicia que no llega
Otra investigación publicada por El País expuso que Luis Rivera es el principal informante en el juicio contra la familia Jensen, acusada de operar una red que traficó alrededor de cuatro mil cargamentos de crudo robado a Pemex entre 2018 y 2025, con un valor estimado en 300 millones de dólares. Informes de seguridad también relacionan al senador de Morena José Ramón Gómez Leal por presuntos nexos financieros con campañas políticas en el norte del país.
Sin embargo, tanto la Fiscalía General de la República como la presidenta Claudia Sheinbaum han sostenido que no existen elementos para iniciar investigaciones contra los personajes mencionados, ni siquiera para llamarlos a declarar, pese a que algunos han sido señalados por personas ya detenidas o por testigos incluidos en carpetas de investigación.
El tema continúa como materia de debate en redes sociales y en los medios de comunicación bajo un ambiente de versiones encontradas, filtraciones y desinformación oficial.
Y la pregunta sigue siendo la misma: si no existen elementos, ¿por qué tantas investigaciones nacionales e internacionales apuntan en la misma dirección? Y si sí existen, ¿qué esperan las autoridades mexicanas para actuar?
O será, como dice el Troll, que después de la sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada finalmente existan las condiciones para judicializar estos expedientes y terminar con la opacidad y la manipulación mediática.
X: @diaz_manuel