El cambio en la titularidad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) está transitando en un circo de tres pistas. Por un lado se encuentra el plazo legal para la sustitución: la ley ya la exige, aunque permite una reelección que evidentemente están buscando. Por otro lado, se pretende dar continuidad política al grupo que ha controlado el ámbito laboral federal en el sexenio pasado y en el actual —razón por la cual la Secretaría del Trabajo intenta imponer a un candidato—. El tercer elemento lo aporta la negociación del T-MEC, escenario en el que Estados Unidos ya ha dejado clara su postura. ¿Cuál de estos factores prevalecerá?
Por más columnas y desplegados que salgan a respaldar la gestión actual, la narrativa no encaja. La realidad política y sindical en México demuestra que nada cambió: esta administración desaprovechó la oportunidad de democratizar la vida sindical. La estocada vino desde el inicio de la reforma laboral, con el proceso de legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT). Al principio, se aplicó el criterio de que la mayoría absoluta de los trabajadores de una empresa (50% más uno) decidiera la legitimación; sin embargo, ante el rechazo generalizado en los primeros procesos y el riesgo de perder el control de los contratos en grandes industrias como la automotriz, se ajustó la regla. Se determinó que el voto se computara únicamente sobre la mayoría de los asistentes a las urnas, no sobre el total del padrón. Así, en una fábrica de 1,000 empleados a la que solo acudieron a votar 300, bastaron 151 votos para legitimar el contrato.
Por eso hoy sabemos que el 91% de los CCT son de protección. En su mayoría no registran emplazamientos a huelga por revisión contractual y se negocian entre líderes a la mesa de un restaurante. La mayor parte de estos contratos apenas contemplan las prestaciones de ley y se mantienen en el umbral del salario mínimo, mientras que las huelgas al año se pueden contar con los dedos de las manos.
Recientemente circuló la nota de que la Secretaría del Trabajo busca colocar a uno de sus funcionarios al frente de la institución, omitiendo que se trata de un órgano autónomo. Pero es que, además, la autoridad laboral no ha aquilatado el fracaso que ha significado la gestión en este sexenio y el anterior —del cual formó parte—. La inspección laboral es nula y la mayoría de las reformas no se implementan en la práctica —como la “Ley Silla”, el reparto de utilidades o el pago de horas extras— porque los patrones saben que no hay consecuencias ni autoridad que regule su cumplimiento. Sumado a que los sindicatos siguen siendo corporativos charros y con contratos de protección, los trabajadores de México están a la deriva y a merced del patrón.
La subcontratación, por su parte, está más fuerte que nunca: su prohibición fue una pantomima. La propia autoridad reconoce que 5 millones de trabajadores están registrados bajo este esquema (la cuarta parte de los afiliados al IMSS), cifra a la que hay que sumar la subcontratación ilegal mediante asimilados a salarios, entre otras figuras. Por ello la protesta en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM durante su último evento público, donde le reclamaron de frente que todo ha sido una simulación y que el discurso de la “primavera laboral” resultó ridículo.
Estados Unidos lleva años enviando señales de que era consciente de la simulación en la implementación de la reforma para cumplir con el anexo laboral del T-MEC. Primero, el Departamento del Trabajo estadounidense hizo duros señalamientos sobre cómo los despachos patronales continuaban aplicando esquemas que violentaban la democracia sindical; después, el Departamento de Estado publicó un informe sobre derechos humanos en México cuyo apartado laboral concluyó que se siguen vulnerando las garantías de los trabajadores. El objetivo de igualar las condiciones de trabajo para que México dejara de hacer dumping laboral —ofreciendo precariedad para atraer inversiones— no se cumplió. En los hechos, solo el salario mínimo se volvió referente (casi el 60% de la población lo percibe) y se alineó la jornada legal a las 40 horas extras, algo que en EE.UU. opera desde hace cuatro décadas. Todos los demás rubros navegan en la mediocridad de autoridades laborales que llegaron para cambiarlo todo... para que todo siguiera igual.
Hoy se habla en Estados Unidos de que el salario mínimo debe recibir un nuevo impulso hasta alcanzar la meta propuesta por la presidenta de dos canastas básicas y media, así como de ampliar el abanico de quejas del T-MEC hacia el ámbito de los derechos humanos laborales y no solo a la democracia sindical. No se avizora que Estados Unidos vaya a ceder en la exigencia de fortalecer el derecho laboral en México para lograr una equidad productiva. Los delegados sindicales y patronales que enviemos terminarán siendo meros espectadores de piedra: respaldaron la continuidad corporativa y ahora les tocará pagar los platos rotos.
X: @riclandero