“Es el predominio de un grupo que no tiene competencia con otros y esto lleva a que no haya enfrentamientos”.
Andrés Manuel López Obrador, 16 jun 2022
La sucesión de variables
Acciones y palabrería diaria dejan ver que el gobierno ha claudicado a su primordial función.
En la mayor parte de los países del orbe, mismo en muchos no democráticos, el Estado detenta (y ejerce) el monopolio de la fuerza. O, lo que es lo mismo, no permite que otro actor o agentes se hagan de ella y manden a través de infligir violencia.
Una que asola a nuestro país, a la que le sigue un manto de impunidad, que cubre incluso al propio ejercicio —abusos— de las autoridades y que deviene en la claudicación de sus funciones por parte del Estado. Todo, en cadena, lo estamos atestiguando.
¿Y la violencia? Desatada
123,364 muertos en lo que va del sexenio de López Obrador. No hay margen para el error: los homicidios dolosos están muy por encima de los registrados durante el mismo periodo de tiempo de cualquier otro sexenio. La cantidad es casi la misma si se sumaran los muertos del periodo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto (serían 128,056).
Se calcula que, en promedio, ocurren 10 feminicidios al día; al respecto de la cifra de desaparecidos, distintas instancias —algunas de ellas de gobierno— no se ponen de acuerdo, pero ronda en decenas de miles que moran fosas sin ubicación conocida.
Lo sucedido esta semana en Huachinango, Chilpancingo, Texcaltitlán y San Cristóbal de las Casas tienen un común denominador. La violencia que se incrementa es el hilo conductor; no cesa, impregna a todos, mientras que la Cuarta Transformación no ha hecho más que normalizarla.
Balaceras, secuestros, golpes y muertos son evidencia de la pesadilla diaria; desde habitantes enardecidos —y equivocados—, hasta una delincuencia bien organizada. Todo pasa bajo “la supervisión” del Estado.
Lo atestiguado, especialmente en Chiapas y en el Estado de México, pintan de cuerpo entero al gobierno: inacción que lleva a consecuencias mortales y terror para la ciudadanía en su conjunto.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada
Dijo por error en su mañanera el primer mandatario. Lapsus muy revelador. Cuando el crimen y la violación a la norma —muchas veces acompañado de violencia— no es castigado, alienta mayores delitos y más ilegalidad. Los cientos de miles de crímenes cometidos que no tienen consecuencia alguna, la corrupción siempre presente —sí, en el lopezobradorismo— y la ley violentada de forma constante por ciudadanía y gobierno por igual, es muestra de que el gobierno ha perdido brújula y asidero.
Aquí un ejemplo relatado de forma muy breve: el almirante de la Marina, Rafael Ojeda, confesó que habían descubierto que miembros de este cuerpo armado vendieron uniformes e incluso armas a grupos del crimen organizado de nuestro país.
Resultó más fácil sacarlos de la Marina, que someterlos a proceso (jurídicamente es muy engorroso). En otras palabras, la impunidad dentro de las Fuerzas Armadas de México.
La impunidad dentro de las Fuerzas Armadas de México.
Pero a los últimos siete días solo se le suman muchos más: los actos anticipados de campaña por parte de Morena, los robos de trailers y contenedores, etcétera; usted escoja.
Rendido está el Estado
El Estado mexicano abdicó a su responsabilidad de combatir la delincuencia; desde el “abrazos no balazos”, pasando por el “son seres humanos”, terminando por la burla y el desprecio en el que se han convertido Ejército, Marina y Guardia Nacional al no poder actuar (y las pocas veces que reaccionan, hacerlo mal).
No nos equivoquemos: la ciudadanía, incluyendo “el pueblo bueno”, está a merced del crimen —organizado y no organizado—.
A la ausencia del Estado de derecho (mejor conocido como justicia) que ha caracterizado a México desde tiempos inmemorables, se ha sumado desde hace casi cuatro años el no poder contar con la actuación de las Fuerzas Armadas para defendernos. El monopolio de la fuerza está roto; el brazo armado del Estado, quebrado.
Igual que decía —y hacía— Peña Nieto al respecto de la corrupción, el presidente AMLO acepta como un hecho la extensión de la violencia; la concibe y, por lo mismo, la “encara” como un asunto consumado y no como un fenómeno que pueda y deba frenarse cuanto antes.
López Obrador supone que el control territorial de un grupo delictivo está asociado a menos homicidios, pero esto es una confesión de parte: el gobierno ha claudicado a su función primaria que es la de brindar seguridad a todos dentro de territorio nacional.