“No me contéis más cuentos, que vengo de muy lejos”.
León Felipe
“To live outside the law you must be honest”.
Bob Dylan, Absolutely Sweet Marie
Si usted todavía cree que México vive una crisis económica, fiscal o institucional es porque no ha puesto atención a lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí evidentemente no hay crisis.
¿Cómo podría haberla si el ministro presidente Hugo Aguilar pasó de tener seis asesores —los que tenía Norma Piña— a disponer de 45? ¿Cómo hablar de austeridad cuando los nueve ministros suman la nada despreciable cifra de 656 asesores?
Lenia Batres tiene 94. Arístides Rodrigo Guerrero —el célebre ministro del “chicharrón”—, 90. Yasmín Esquivel, 82. María Estela Ríos, 75. Loretta Ortiz, 74. Giovanni Figueroa, 71. Sara Irene Herrerías, 64. Irving Espinosa, 61. Y Hugo Aguilar, ya lo dije, 45.
No parece precisamente una institución en estado de supervivencia, ¿verdad?
Tampoco ayudan las camionetas oficiales, los salarios superiores a los 130 mil pesos mensuales ni la burocracia que acompaña a cada despacho.
Lástima que también abunde otra cosa: las estupideces.
Digámoslo como es: una cosa es cometer errores. Todos los jueces del mundo los cometen. Otra muy distinta es convertir la ignorancia en método de trabajo y la improvisación en política institucional. Eso es exactamente lo que empieza a distinguir a esta nueva Corte.
Ya no sorprenden las pifias jurídicas. Lo verdaderamente alarmante es que se normalicen.
Peor aún: que cambien las versiones de lo votado. Que una sesión digan una cosa y, horas después, el texto publicado en la página oficial diga otra. No hablamos de una errata; hablamos de darle en la madre a la certeza jurídica.
Si ni siquiera puede confiarse en que una sentencia refleje lo que votaron los ministros, entonces el problema ya no es de comunicación. Es de Estado de derecho. Este SÍ está en crisis.
Y, sin embargo, tampoco parece importar.
Con más de seiscientos cincuenta asesores disponibles, algunos ministros prefieren consultar los oráculos o a su inteligencia artificial (entiéndase, su estupidez natural).
El caso de María Estela Ríos raya en lo caricaturesco. En buena parte de sus intervenciones, ella simplemente lee lo que aparece en su teléfono celular. En diversas ocasiones ha quedado en evidencia que reproduce, prácticamente de forma literal, respuestas prefabricadas.
A ver: no hay nada de malo en utilizar IA. Al contrario. Puede servir para localizar precedentes, comparar criterios, detectar contradicciones, resumir expedientes o mejorar una redacción. Pero una cosa es esa y otra es que sea la única inteligencia presente en la intervención. Cuando los ministros no entienden siquiera lo que están reproduciendo, estamos en serios problemas.
Para leer una respuesta generada por ChatGPT no hacía falta nombrar ministra a nadie. Bastaba una suscripción mensual.
Y, ya que estamos en recomendaciones tecnológicas, quizá le convendría probar Claude. Es más barato y, probablemente, reduciría el número de disparates.
Quedará para los anales de la historia aquella intervención donde afirmó que quienes nacieron mediante fecundación in vitro “a lo mejor podríamos estimar que no forman parte de la familia”. Difícil condensar en una sola frase semejante cantidad de ignorancia jurídica, científica y humana.
O aquella sesión del 21 de abril en que una constitucionalista fue incapaz de distinguir entre un proyecto que declaraba la invalidez de una norma y la forma en que debía votarse. Ni las explicaciones del ministro presidente lograron rescatarla de un laberinto conceptual que ella misma construyó.
Y conviene recordar un pequeño detalle. María Estela Ríos fue consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador entre 2021 y 2024. Con razón…
Muchas de las iniciativas que hoy padecemos pasaron primero por sus manos. Eso explica bastante.
Lenia Batres tampoco decepciona. Confunde sistemáticamente la función jurisdiccional con la legislativa, llega a las sesiones sin dominar los asuntos y acumula errores con una seguridad que solo poseen quienes desconocen lo mucho que ignoran.
Hace unos días decidió interrumpir la intervención del ministro Giovanni Figueroa para acercarse a conversar con Hugo Aguilar mientras su compañero hablaba.
Figueroa, visiblemente molesto, guardó silencio hasta que terminaron.
—¿Puedo continuar? Gracias.
Una llamada de atención tan elegante como inútil. Lenia simplemente regresó a su asiento y, cuando le tocó intervenir, volvió a equivocarse leyendo su propia participación.
Ni el protocolo ni el ridículo parecen inquietarla demasiado.
Pero lo realmente grave no son los desplantes ni las escenas casi cómicas. Lo preocupante son las sentencias.
Como la de ayer.
Cinco ministros negaron el amparo a la periodista Myrna Susana Gómez, quien denunció amenazas de un grupo criminal, bajo el argumento de que la impugnación fue presentada fuera de plazo.
El mensaje que transmite esa resolución resulta devastador. Si la autoridad no protege, tampoco responde.
Y cuando finalmente un ciudadano acude al último tribunal del país, la respuesta puede reducirse a un tecnicismo procesal. No solo queda desamparada una periodista. Queda debilitada la idea misma de que el Estado tiene obligaciones frente a sus ciudadanos.
Lo peligroso es que una Corte integrada por ministros que exhiben desconocimiento, frivolidad y soberbia sea la última estación para defender los derechos de millones de mexicanos.
La vieja Suprema Corte podía ser discutible. Pero esta empieza a ser francamente preocupante.
Giro de la Perinola
A estas alturas ya no sé cómo llamar a María Estela Ríos González: ¿la ministra in vitro, la ministra de la estupidez natural o la segunda ministra burra de la Corte?
Son preguntas. Qué conste.