Basta con ver la historia norteamericana para entender que su sistema de creencias como el sistema político en sí mismo son tierra fértil para la intolerancia y la persecución. Más allá de los asuntos sobre ciudadanía y migración, la lucha que persiste tiene que ver con sintonía ideológica, depuración, persecución, combate y silencio. De los últimos casos más sonados, la escritora Renee Good y el enfermero Alex Pretti, hay algo en común: ambos creaban contenido con fuerte carga ideológica en redes sociales. Sus muertes dejan de parecer un uso excesivo de la fuerza en medio de protestas para acercarse a eventos convenientes que van neutralizando a los críticos dentro de la propia comunidad estadounidense. No parecen ya accidentes. Parece estrategia ideológica para crear silencio.
En el pasado, existió COINTELPRO y el objetivo racial eran los activistas racializados pero también los norteamericanos que no se alineaban ideológicamente. Hay una constante que se repite cuando el poder se siente impune: la versión oficial siempre llega antes que la verdad. Y casi siempre llega armada.
COINTELPRO —Counter Intelligence Program— fue un programa secreto del FBI que operó entre 1956 y 1971 para vigilar, infiltrar, desacreditar y destruir movimientos políticos y sociales dentro del propio Estados Unidos. No perseguía delitos: perseguía ideas. Y lo hizo atravesando cuatro presidencias sin que ninguna lo detuviera. De hecho, el programa basaba su vigencia en la propia existencia norteamericana, pues supuestamente, si las ideologías combatidas triunfaban, se amenazaba al Estado y a los pilares de su gobierno.
El programa nació en 1956, durante el gobierno de Dwight D. Eisenhower, en pleno clima de la Guerra Fría. Su blanco inicial fue el Partido Comunista estadounidense. La justificación era la “seguridad nacional”. El ejecutor fue el FBI de J. Edgar Hoover, que recibió carta blanca para actuar sin controles efectivos. Con John F. Kennedy, COINTELPRO no solo continuó sino que se expandió. La lucha por los derechos civiles pasó a ser vista como amenaza. El FBI dedicó recursos a espiar y hostigar a Martin Luther King Jr., incluyendo intentos de chantaje personal. La disidencia racial y política comenzó a tratarse como subversión.
Bajo Lyndon B. Johnson, el programa alcanzó su máxima agresividad. En el contexto de Vietnam y la radicalización social, COINTELPRO apuntó contra las Panteras Negras, organizaciones estudiantiles, feministas, anarquistas e indígenas. Se perfeccionaron las técnicas: infiltración, cartas falsas, provocación de conflictos internos, procesos judiciales interminables. México tenía cercanía incómoda con países adversarios de Estados Unidos y posiblemente, fueron los primeros momentos en que las organizaciones criminales tuvieron el primer “boom” expansivo impulsado como estrategia secreta para desestabilizar nuestro gobierno. En 1969, la información obtenida por el FBI facilitó el asesinato de Fred Hampton, líder de las Panteras Negras, durante un operativo policial.
Con Richard Nixon, COINTELPRO siguió activo hasta que en 1971 fue expuesto. Un grupo de activistas robó documentos del FBI y los filtró a la prensa. El escándalo llevó a investigaciones del Congreso y al Comité Church, que concluyó que el programa fue inconstitucional, abusivo y contrario a las libertades civiles. Para entonces, el daño ya estaba hecho.
Lo relevante además de lo que COINTELPRO hizo, es que Estados Unidos se ha construido como una “democracia” capaz de sostener, durante quince años y bajo gobiernos distintos, una policía ideológica que operó contra su propia población. No fue un presidente autoritario. Fue el Estado, funcionando. La etapa que viven bajo el yugo de Donald Trump con la corporacion anti migrante ICE tiene una peculiaridad consistente en la tecnología e internet como un potenciador ágil para el espionaje y la identificación de objetivos, además de que internet ha hecho que miles de ciudadanos se convenzan de la legitimidad de sus actos.
COINTELPRO enseña algo brutal: la persecución política se gana en las narrativas y no empieza cuando se cierran las elecciones, sino cuando se decide que pensar distinto es una amenaza y ese es el pilar del funcionamiento de Estados Unidos. Después de todo, las críticas al imperialismo justamente tratan de cómo ese país ha echado mano de la guerra para imponer su propio pensamiento, convenciendo al mundo de que es el país de primera, que pensar así es la única manera de pensar correctamente aunque, como ha estudiado Emmanuel Todd, ese pensamiento vacío ha llevado a la debacle a su propio país, vaciándolo de identidad, principios, sentido. Esa extraña democracia dice que el expediente sustituye al debate, la seguridad reemplaza a los derechos, y entonces, pareciera que el constitucionalismo y las enmiendas contienen una democracia que no desaparece de golpe, pero también está vacía por dentro.
ICE es la nueva policía ideológica. Un reciente reportaje de Reuters documenta al menos seis encuentros violentos en Estados Unidos en los que las autoridades migratorias del gobierno de Donald Trump ofrecieron narrativas que luego fueron desmentidas por videos, peritajes médicos, documentos judiciales o investigaciones federales.
En Minneapolis, Renee Good y Alex Pretti fueron asesinados este mes en operativos encabezados por agentes federales. En ambos casos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y funcionarios de alto nivel los presentaron públicamente como agresores, terroristas o amenazas mortales, justificando de inmediato el uso letal de la fuerza. El problema es que la evidencia contó otra historia.
Alex Pretti, de 37 años, fue descrito por el DHS como un hombre armado que buscaba “causar una masacre” y que se acercó a los agentes con una pistola semiautomática. Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria de Trump, lo llamó sin titubeos “terrorista doméstico” y “aspirante a asesino”.
Pero el video verificado muestra que Pretti sostenía un teléfono celular, no un arma, cuando fue sometido por los agentes. Su pistola —que portaba legalmente— fue retirada de su cuerpo antes de que se dispararan los tiros que lo mataron. Aun así, la narrativa oficial ya estaba sembrada. El daño, hecho. Una voz silenciada.
Algo similar ocurrió con Renee Good, también de 37 años. El gobierno aseguró que había “armado su vehículo” para intentar atropellar y matar a agentes de ICE, calificando el hecho como “terrorismo doméstico”. El propio Trump afirmó que la mujer había arrollado a un oficial. Los videos —incluido el grabado por el propio agente que disparó— muestran otra escena: agentes rodeando el vehículo, uno de ellos colocándose frente al auto, el coche avanzando con las llantas giradas en dirección opuesta, y tres disparos que acabaron con la vida de Good. Otra voz silenciada.
La prisa por justificar la violencia no terminó ahí.
En otro caso, agentes de ICE persiguieron a un vehículo creyendo que su conductor era otra persona. La confusión derivó en una persecución, una detención caótica y un disparo. El DHS dijo que el agente había disparado para salvar su vida durante una emboscada. Sin embargo, una declaración jurada del FBI reveló que los supuestos agresores estaban huyendo cuando el oficial disparó, y que todo comenzó por un error de identidad.
En Texas, la muerte del migrante cubano Geraldo Lunas Campos dentro de un centro de detención fue anunciada inicialmente como un “malestar médico”. Luego, tras una investigación periodística, el DHS cambió la versión y habló de un intento de suicidio. Finalmente, el forense del condado determinó que se trató de un homicidio por asfixia, causado por compresión en cuello y torso. Enero cerró con seis muertes en centros de detención migratoria, una cifra inusualmente alta.
No son solo periodistas quienes lo dicen. Los jueces también han empezado a escribirlo en sentencias. En noviembre, la jueza federal Sara Ellis acusó al gobierno de realizar “tergiversaciones generalizadas” sobre el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios en Chicago. Dijo que las inconsistencias eran tantas que llegaba un punto en el que resultaba imposible creer casi cualquier cosa que el gobierno afirmara. En un caso concreto, determinó que un alto mando de la Patrulla Fronteriza mintió repetidamente en tribunales para justificar el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes.
La estadounidense Marimar Martínez recibió cinco disparos de un agente federal. Fue acusada de embestir a oficiales y de estar armada. Su caso llegó a tribunales. Los videos corporales desmintieron al gobierno. Los cargos fueron retirados meses después, cuando la fiscalía admitió que estaba revisando “nuevos hechos”. Para entonces, Martínez ya había sido baleada, criminalizada y expuesta.
La pregunta es cuántas personas más deben morir antes de que Estados Unidos deje de narrar ejecuciones como heroísmo y cuántos países ajenos tendrán que soportarlo.
X: @ifridaita