La prensa internacional ha reproducido los sucesos que tuvieron lugar durante los últimos dias de julio en el enclave español de Ceuta, en el norte de Marruecos. Según se informó, miles de hombres y mujeres, en su mayoría de nacionalidad marroquí, irrumpieron ilegalmente con el propósito de establecerse allí, o tal vez, de continuar su travesía hacia la España peninsular.
Los grupos políticos opuestos al régimen de Pedro Sánchez lo han responsabilizado bajo los señalamientos de que ha promovido, mediante la promesa de ofrecerles en el mediano plazo una ruta hacia su legalización, y más tarde, hacia la obtención de la nacionalidad española, el ingreso de indocumentados para que estos, una vez que adquiriesen el derecho a votar, apoyaran al PSOE. Es decir, que sirviesen para alimentar su base electoral.
Los eventos han generado todo tipo de reacciones. Algunos han apuntado hacia la necesidad de que España ceda los enclaves a Marruecos, según las exigencias históricas hechas por el gobierno marroquí ante Madrid. Otros, en contraste, han puesto el acento en el imperativo de que se refuerce la seguridad de Ceuta y Melilla, y que se pongan límites a los procesos de naturalización de los miles de migrantes que cada año llegan al país.
Los columnistas y opinadores que se decantan hacia la “entrega” de Ceuta y Melilla probablemente lo hacen por desconocimiento de la historia de España, o simplemente, como resultado de una propaganda de la extrema izquierda. En primer lugar, en contraste con los errores en los que muchos han incurrido, los dos enclaves españoles no formaron parte del protectorado español de Marruecos establecido a principios del siglo XX tras la firma de la partición del país con Francia.
Algunos han buscado comparar la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla con el peñón de Gibraltar, cedido por España a Gran Bretaña en el Tratado de Utrecht de 1713. Este pequeño territorio, hoy aún bajo soberanía británica, ha sido motivo de controversias diplomáticas entre Madrid y Londres. Sin embargo, a diferencia de las citadas ciudades españolas, Gibraltar, lejos de ser un territorio culturalmente británico, se ha limitado a servir como base estratégica de la Royal Navy en la entrada al mar Mediterráneo.
Por el contrario, Melilla es española desde tiempos de la corona de Castilla de finales del siglo XV, mientras que Ceuta lo es desde la segunda mitad del XVI. Es decir, estos enclaves no fueron territorios del protectorado español que llevó a la Guerra del Rif en el siglo XX. No son, por tanto, ciudades propias del pequeño imperio español contemporáneo en África, sino que echan raíces en la Edad Moderna.
Los viajeros que han tenido la ocasión de ir a Ceuta y Melilla habrán podido verificar que estos enclaves, lejos de compartir la cultura y tradiciones marroquíes, reflejan en sus calles las costumbres y lengua españolas. Por lo tanto, el argumento sobre la ausencia de españolidad de las ciudades carece de evidencia histórica o cultural verificable.
Sin embargo, los sucesos recientes sí que deben sentar un precedente en torno a la cooperación internacional en materia de refugiados. Si bien la Unión Europea y los estados miembros aplican el derecho vigente, esa región se ha visto superada ante las repetidas caravanas de migrantes provenientes de África y Medio Oriente en barcazas desde la costa del Mediterráneo.
Estas travesías se han traducido en numerosas pérdidas de vidas humanas y en la profundización del encono social que continúa lacerando a las sociedades europeas, y que ha dado espacio al fortalecimiento de algunos partidos políticos que explotan las diferencias y las desavenencias para alcanzar el poder.