La democracia constituye una de las mayores conquistas de la civilización. Después de siglos de exclusión, privilegios y discriminación, logró establecer un principio que hoy parece incuestionable: todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos deben tener el derecho de elegir y, eventualmente, de ser elegidos para desempeñar responsabilidades públicas. Ese principio no admite retrocesos. La democracia pertenece a todos y no puede convertirse nuevamente en patrimonio de élites económicas, sociales, intelectuales o políticas.
La realidad obliga, sin embargo, a reconocer una verdad que no debería incomodarnos, sino impulsarnos a mejorar. La democracia ha significado un avance extraordinario para la humanidad. Ha permitido alternancias pacíficas, ampliado libertades, reconocido derechos fundamentales y abierto espacios de participación que durante siglos permanecieron reservados para unos cuantos. Sería profundamente injusto desconocer esos logros. Sin embargo, también resulta evidente que en buena parte del mundo crece la inconformidad con la calidad de muchos gobiernos democráticamente electos. La frustración ciudadana frente a la corrupción, la improvisación, la polarización, la ineficacia administrativa y la distancia entre las promesas de campaña y los resultados de gobierno demuestra que todavía queda un largo camino por recorrer. La democracia no ha fracasado; pero tampoco puede darse por concluida. Como toda gran obra humana, necesita perfeccionarse permanentemente.
La historia enseña además una lección que conviene asumir con humildad. Los pueblos pueden acertar, pero también pueden equivocarse. Han llevado al poder a mujeres y hombres que engrandecieron a sus naciones, pero también a dirigentes que terminaron debilitando instituciones, dividiendo a sus sociedades o comprometiendo el futuro de generaciones enteras. Reconocer esa posibilidad no implica desconfiar de la democracia; por el contrario, significa respetarla lo suficiente como para preguntarnos cómo hacerla cada vez mejor.
Precisamente porque creemos en la democracia resulta legítimo preguntarnos cómo fortalecerla. Las sociedades del siglo XXI son infinitamente más complejas que aquellas en las que nacieron los sistemas representativos modernos. Hoy un jefe de Estado, un gobernador o un presidente municipal administra presupuestos multimillonarios, dirige instituciones que prestan servicios esenciales, toma decisiones sobre seguridad pública, salud, educación, infraestructura, protección civil, relaciones internacionales y desarrollo económico. Sus determinaciones afectan directa o indirectamente la vida de millones de personas. Ante esa realidad, la pregunta ya no consiste únicamente en quién tiene derecho a competir. La verdadera discusión consiste en determinar si una democracia puede conformarse con requisitos meramente formales o si también debe garantizar que quienes aspiran a ejercer las más altas responsabilidades públicas reúnan condiciones mínimas para desempeñarlas.
Conviene distinguir dos conceptos que con frecuencia se confunden: aptitud y perfil.
La aptitud se refiere a la capacidad objetiva para ejercer el cargo. Gobernar exige juicio, equilibrio, capacidad de análisis, comprensión de problemas complejos, estabilidad suficiente para tomar decisiones bajo presión y condiciones funcionales compatibles con una responsabilidad que compromete la vida, la seguridad, el patrimonio y el futuro de toda una comunidad. Ninguna sociedad permitiría que alguien condujera un avión comercial, practicara una cirugía cardiovascular o dirigiera una central nuclear sin demostrar previamente que posee las condiciones necesarias para hacerlo. Sin embargo, para conducir un Estado, un gobierno estatal o un municipio, en muchos sistemas democráticos basta con cumplir algunos requisitos legales mínimos y obtener el mayor número de votos.
El perfil responde a una dimensión distinta. No basta con poder ejercer una función; también resulta indispensable poseer conocimientos, preparación, experiencia, solvencia ética y comprensión del funcionamiento institucional. Gobernar no consiste únicamente en administrar recursos. Significa conducir personas, resolver conflictos, construir acuerdos, anticipar riesgos y tomar decisiones cuyos efectos pueden prolongarse durante generaciones. La popularidad, el carisma o la capacidad para ganar una campaña electoral no necesariamente acreditan la preparación para asumir semejante responsabilidad.
Algunos sostienen que el voto popular constituye el único filtro legítimo y que cualquier requisito adicional implicaría restringir la democracia. Ese argumento merece ser analizado con serenidad. El derecho de cualquier ciudadano a participar en la vida pública debe preservarse. Pero ello no impide discutir si determinados cargos ejecutivos, por la magnitud de las responsabilidades que implican, podrían justificar mecanismos objetivos, transparentes e imparciales destinados a acreditar capacidades mínimas para ejercerlos. No se trataría de excluir personas por su origen, por su ideología, por su condición económica o por una enfermedad. Se trataría de proteger el interés general mediante procedimientos que permitan verificar que quien solicita la confianza ciudadana posee las condiciones indispensables para honrarla.
La discusión adquiere especial relevancia cuando se distingue entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El primero representa la pluralidad de la sociedad. Su riqueza radica precisamente en incorporar voces provenientes de distintos sectores, profesiones y experiencias. El Ejecutivo responde a una lógica diferente. Allí no se representa únicamente una opinión; se ejerce la conducción cotidiana del Estado. Esa diferencia funcional permite, al menos, preguntarse si ambos poderes deberían exigir exactamente los mismos estándares para acceder a sus responsabilidades.
Existe además otro problema que las democracias contemporáneas no pueden seguir ignorando. Los partidos políticos atraviesan probablemente la mayor crisis de credibilidad de su historia reciente. En numerosos países han dejado de ser percibidos como auténticos instrumentos de representación ciudadana para convertirse, a los ojos de amplios sectores sociales, en organizaciones preocupadas principalmente por preservar sus propias estructuras de poder. Paradójicamente, mientras pierden legitimidad social, conservan casi el monopolio efectivo de la competencia electoral. Los movimientos ciudadanos, las organizaciones sociales y numerosos liderazgos independientes encuentran enormes dificultades para competir sin incorporarse precisamente a las organizaciones cuya credibilidad se encuentra más deteriorada.
Las candidaturas independientes tampoco han logrado resolver plenamente esa contradicción. En la mayoría de los casos carecen de estructuras permanentes, financiamiento suficiente y condiciones equivalentes para competir. La consecuencia es evidente: la democracia proclama apertura, pero la competencia continúa desarrollándose dentro de canales cada vez más cuestionados por la propia ciudadanía.
La equidad constituye otro aspecto inseparable de esta discusión. Difícilmente puede hablarse de igualdad de oportunidades cuando algunos aspirantes llegan a una elección después de años de exposición pública financiada con recursos del Estado, mediante ventajas estructurales inaccesibles para el resto de los ciudadanos o aprovechando posiciones de poder que les permiten construir una candidatura antes incluso del inicio formal del proceso electoral. La competencia democrática exige reglas claras, financiamiento transparente, fiscalización eficaz y condiciones razonablemente equilibradas para que el respaldo popular responda a propuestas, capacidades, trayectoria y méritos, y no simplemente al dinero, a la propaganda, a la popularidad previamente construida o al uso indebido de recursos públicos.
La historia demuestra que los pueblos pueden elegir extraordinarios gobernantes, pero también pueden equivocarse. Las urnas otorgan legitimidad de origen; no garantizan, por sí mismas, capacidad para gobernar. La democracia ofrece el invaluable mecanismo de corregir esos errores mediante elecciones posteriores, pero con frecuencia los daños institucionales, económicos o sociales provocados por un mal gobierno requieren muchos años para repararse y, en ocasiones, varias generaciones para superarse.
Por ello, quizá haya llegado el momento de abrir una discusión serena, técnica y profundamente democrática. No para restringir derechos, sino para fortalecerlos. No para construir barreras excluyentes, sino para proteger a la sociedad. No para sustituir la voluntad popular, sino para ofrecerle mayores garantías de que quienes solicitan su confianza reúnen la aptitud y el perfil compatibles con la enorme responsabilidad que pretenden asumir.
La democracia seguirá siendo el mejor sistema que la humanidad ha construido para organizar pacíficamente el poder. Precisamente por eso debe atreverse a perfeccionarse. Una democracia madura no teme discutir cómo mejorar la calidad de sus gobiernos. Al contrario, entiende que proteger el derecho de todos a participar también implica proteger el derecho de la sociedad a ser gobernada por personas capaces, preparadas y aptas para ejercer una responsabilidad que jamás debe confundirse con un privilegio personal.
Porque ganar una elección otorga legitimidad.
Pero gobernar bien exige, además, aptitud y perfil.
Sin embargo, la discusión no termina ahí. Ninguna reforma constitucional, ningún requisito legal y ningún órgano electoral podrán sustituir jamás la responsabilidad de una ciudadanía consciente. Las democracias no mejoran únicamente porque cambian sus leyes; mejoran cuando sus ciudadanos piensan con mayor profundidad, participan con mayor responsabilidad, deliberan con mayor libertad y exigen con mayor firmeza.
Durante muchos años se afirmó que los jóvenes tenían el derecho —y también el deber— de ser críticos, inconformes y exigentes frente al poder. Hoy esa responsabilidad ya no pertenece solamente a una generación. Nos corresponde a todos. A los jóvenes, porque heredarán las consecuencias de las decisiones presentes; a los adultos, porque hoy las toman; y a los mayores, porque la experiencia les impone el deber de orientar, advertir y transmitir aquello que el tiempo les ha enseñado. La democracia no es patrimonio de los gobiernos, de los partidos ni de las instituciones. Es una construcción permanente de la sociedad.
Quizá por ello convenga recordar una frase que ha acompañado durante décadas la reflexión política: “Cada pueblo tiene el gobierno que merece.” Tal vez haya llegado el momento de completarla. Cada pueblo termina teniendo también el gobierno que tolera, el que permite y, muchas veces, el que deja de exigir.
Conformarnos sería el peor de los errores. Si aspiramos a gobiernos mejores, debemos construir democracias mejores. Y si aspiramos a democracias mejores, tendremos que formar ciudadanos más libres, más preparados, más participativos, más responsables y mucho más comprometidos con el destino colectivo.
Porque el gran desafío del siglo XXI ya no consiste solamente en defender la democracia. Consiste en tener la inteligencia para perfeccionarla, la voluntad para exigirla y el carácter para construirla todos los días.
Las democracias no se deterioran únicamente cuando aparecen malos gobernantes. También comienzan a debilitarse cuando los buenos ciudadanos dejan de pensar, dejan de participar, dejan de exigir… y se conforman.
Al final, la calidad de una democracia nunca será superior a la calidad cívica de la sociedad que la sostiene. Los gobiernos pasan. Las instituciones evolucionan. Las leyes cambian. Pero el verdadero destino de una nación siempre termina descansando en la conciencia de sus ciudadanos.
Porque las grandes democracias no se construyen esperando gobernantes extraordinarios.
Se construyen formando ciudadanos extraordinariamente comprometidos con la libertad, con la verdad, con la responsabilidad y con el bien común.