De tanto en tanto alguien vuelve a encender las redes sociales por la “ingeniosa” idea de restringir el voto popular a los que pagan impuestos o tienen ciertos conocimientos. Así, este fin de semana, Natalia Torres, influencer y constitucionalista de la Universidad Panamericana se volvió flanco de múltiples críticas al proponer la aplicación de un examen de conocimientos para tener derecho a votar. Como muchas voces salieron a decir, este tipo de propuestas no tienen nada de original e irónicamente muestran una gran ignorancia sobre la lucha por el reconocimiento del sufragio universal.
Las democracias censitarias —donde solo votaban hombres blancos y ricos— tardaron en conjunto poco más de 150 años en reconocerlo como nos cuenta Adam Przeworski en su libro Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones. Ahí también explica este politólogo polaco que la resistencia al voto popular radicaba —y lo sigue haciendo— en el miedo de que los pobres “les arrebaten” a los ricos sus propiedades. Lo interesante, es que precisamente la creación de tribunales constitucionales coincide con la expansión del sufragio universal. Es decir, se reconoció el voto a campesinos, obreros y mujeres a la par de la creación de órganos que pudieran “controlar” los deseos de mayor igualdad de la masa popular como claramente sugiere Przeworski.
Pero además del factor económico hay otro más al que poca atención se le presta y tiene que ver con el también histórico desprecio por la política. En un ensayo que escribió Hannah Arendt sobre Sócrates nos cuenta cómo llegó Platón a proponer para su distópica República la figura del filósofo Rey. Platón despreciaba la política mundana que se vivía acaloradamente en la plaza pública —en el ágora— no sólo porque las discusiones se componían más de doxa (opinión) que de episteme (verdad) sino, además, por la gran tragedia de que en un juicio político se condenó a muerte a su maestro. Platón despreciaba por eso la democracia y la política a diferencia de Sócrates que iba con sus cuestionamientos evidenciando lo que falsamente la mayoría presumía de saber. Para Sócrates no debían gobernar los filósofos, sino su papel era la de incomodar para mover la discusión pública. Sin embargo, la perspectiva platónica prevaleció.
Este fuerte prejuicio contra la política se exacerbó con el cristianismo, después con el liberalismo y aún más con el positivismo científico. Cómo lo explica Arendt, el prejuicio contra la política nos llevó a la más grande y peligrosa ingenuidad de creer que debemos prescindir de la política y apostar todo al conocimiento y a la técnica. Creemos que como todo es “culpa” de los políticos, si evitáramos la política y fuéramos solo administrados por personas “capaces” todos nuestros problemas se resolverían. Lo cierto, aunque cuesta tanto trabajo creerlo, la política, como lo defendió Arendt, es que lo que en realidad puede salvarnos. No hay promesa en ver la democracia como una ecuación exacta a resolver, sino en los acuerdos que logremos hacer para construir un mundo en común a pesar de nuestras diferencias.
Ayer 12 de julio fue el día de la abogacía en México y no pasa desapercibida la profesión de la influencer en cuestión. Sospechamos que su propuesta no se da en el vacío. Presentimos que su malestar coincide con la resistencia de cierta clase jurídica mexicana que no logra dar cuenta de la serie de transformaciones que están ocurriendo a nivel constitucional. La explicación cómoda y fácil es entonces la “ignorancia” de quienes eligieron a quienes hoy están en el gobierno. Confunden la causa con la consecuencia. Poco tiene que ver la crisis de la democracia liberal y representativa que atraviesa a todo el orbe; poco tiene que ver la histórica incapacidad del Estado y su apuesta neoliberal para mejorar las condiciones de vida de millones de personas precarizadas; poco tiene que ver la incapacidad del poder judicial y las cortes constitucionales para hacer justicia a quienes no pueden costearse un buen abogado. Sin advertirlo, no solo niegan otras formas posibles de ver el mundo y responder a sus problemas, sino que reproducen un viejo elitismo platónico: la idea de que quienes poseen el conocimiento deben gobernar sobre quienes sólo poseen opinión, como si esa dicotomía no fuera problemática en sí misma. En lugar de reconocer —en un ejercicio de autocrítica y humildad epistémica los errores que nos trajeron a este punto— siguen apelando a las mismas recetas que ya demostraron centralmente servir para justificar el imperialismo de ciertas naciones.
El gran problema de gran parte de la clase jurídica de este país es que no sólo han aprendido derecho de forma dogmática, sino, además, en gran aislamiento disciplinario y epistémico. Ven al derecho como una ciencia exacta y autosuficiente negándose a conversar con otras disciplinas y enfoques y viendo la política con gran ignorancia y desconfianza. Ese aislamiento en su torre de marfil ha impedido el dialogo más allá de las abstracciones teóricas que suenan muy bien en el papel pero que poco tiene que ver con las grandes contradicciones y las necesidades reales de justicia de la población mexicana.
No, no necesitamos hacer exámenes para acreditar idoneidad ciudadana, necesitamos dar cuenta de cómo este fetichismo sobre la ciencia nos impide comprender que la democracia no se construye con base en respuestas correctas sino en acuerdos colectivos imperfectos.
Posdata. Si la preocupación es que la ciudadanía conozca mejor el funcionamiento del Estado y de la democracia, vale la pena recordar que ya existen esfuerzos institucionales para ello. El INE y la Escuela Judicial Electoral desarrollan permanentemente actividades de formación y educación cívica abiertas al público. La apuesta debe seguir siendo ampliar esos espacios, nunca reducir el alcance de los derechos políticos.